La Suprema Corte de Justicia fijó para el próximo 7 de octubre la resolución de un conflicto pendiente desde hace ocho meses: la quita de celulares de las cárceles. Lo hizo después de escuchar los planteos del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa a la resolución del juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento.
Esta mañana se llevó adelante la audiencia de apelación, dónde la sala compuesta por los jueces Teresa Day, José Valerio y el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, escuchó a las partes que se oponen al mecanismo que dictó el juez Sarmiento el pasado 10 de enero. Se trata del magistrado cuestionado hoy por hoy, por el caso Pelayes.
Lo cierto es que Sarmiento resolvió ponerle fin a la tenencia de teléfonos celulares para los internos que gozaban del beneficio desde el año 2020 por la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia, y lo hizo con un mecanismo gradual de seis meses, que incluía la instalación de teléfonos públicos en los pabellones, entre varios requerimientos.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Guzzo, se opuso a estos condicionamientos y pidió que la quita de celulares se lleve adelante en un plazo no superior a un mes, desde la vigencia de la resolución.
Mientras que los defensores encabezados por el doctor Gabriel Galeota solicitaron que se extienda la autorización de los celulares hasta diciembre de 2025, basándose en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei que prorrogó la emergencia sanitaria.
Entre los puntos que destacaron como “positivos” ante los jueces, mencionaron que a través del uso del celular se redujo la “agresividad” en los complejos penitenciarios por la comunicación directa con familiares; que también se mejoró el acceso a la educación, sobre todo universitaria; y que fortaleció su derecho a defensa ante cualquier eventualidad por el contacto directo con los abogados.
También propusieron la instalación de una red de Wi Fi particular para controlar las comunicaciones de los internos, donde aseguran se podrían bloquear las llamadas sospechosas y evitar las estafas. “No se podrían incorporar chips truchos, salvo los que realmente existen, a través de una inteligencia artificial colocada”, dijo la defensora Isabel Pérez Palacio.
El fiscal Guzzo expuso por su parte que resulta “anacrónico e infundado” hablar de emergencia sanitaria en 2024 y que la Justicia debe “dejar de pecar de ingenuidad” en ese sentido.
“En todo lo que es comunicación, el MPF jamás ha estado en contra de que se mantenga porque es lo que dice justamente la ley. Pero no en la forma en la que hoy se está llevando a cabo, donde una persona privada de la libertad tiene a su disposición el teléfono las 24 horas del día, en las mismas condiciones que las tiene una persona que está en situación de libertad”, sostuvo.
“Fuera de todas estas buenas intenciones que presentan los señores defensores no hay ninguna razón jurídica que autorice que podamos mantener esta irregularidad que existe hoy de que cada persona privada de la libertad pueda tener un teléfono celular para ser no solo lo que debe garantizar el Estado, sino lo que quiera, inclusive seguir cometiendo delitos”, apuntó.
Luego, si se encargó de ratificar su planteo puntual contra la resolución de Sarmiento. “Quiero destacar porque apeló el MPF, que era solo en el punto E de que solo se podría retirar los celulares después de la instalación de al menos un teléfono público en cada ala o sector de un pabellón”, detalló.
Y contó: “Nosotros habíamos sugerido para evitar conflictos y también, sabiendo lo que implicaba la logística del Servicio Penitenciario, que se diera un plazo de 30 días y por eso en el recurso lo tildamos como una victoria pírrica”.
Entonces, arremetió contra Sarmiento: “Ganamos para perder, porque con todas estas condiciones, aquí el Juez se aparta o se arroga atribuciones que no le competen. Es decir, en base a su competencia jurisdiccional y sin haber tenido un estudio de factibilidad técnica, que evidentemente no corresponde hacerlo al órgano jurisdiccional, da una serie de medidas que ponen en evidencia la arbitrariedad porque no tienen ningún otro sustento que el caprichoso o la interpretación que hace el señor Juez sobre cuestiones que son distintas”.
“No es lo mismo un pabellón que un ala, que un sector o un módulo. Entonces, decir por decir de qué manera tiene que efectivizarse este derecho, es lo que claramente pone sobre la mesa el agravio que afecta al MPF como representante de toda la sociedad. Porque claramente todos somos victimas de este incumplimiento en la normativa vigente”, sostuvo Guzzo.
Y pidió que “se ordene revocar este dispositivo al doctor Sarmiento y se ordene la ejecutoría inmediata del retiro de los teléfonos celulares en penitenciaría provincial por violar abiertamente la ley sin que haya sido declara en ningún momento, ni peticionada por otros recurrentes, su inconstitucionalidad”.
Finalmente, el Tribunal determinó solicitar un informe al Servicio Penitenciario sobre los planteos de las partes y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 7 de octubre para resolver si aprueba la resolución de Sarmiento tal como está, el mecanismo que impulsa el MPF o sí autoriza la extensión de la tenencia, como solicitó el MPD.
