La Justicia condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción cuando presidió Argentina de 2007 a 2015, un fallo que la dirigente atribuyó a una “mafia judicial”.
Fue hallada culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz. Es la primera vez en la historia argentina que una dirigente es condena por hechos de corrupción mientras está en funciones. Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros.
El fallo en primera instancia abre asimismo un largo derrotero de apelaciones que puede durar años y durante el cual podría postularse a cargos públicos.
Pero en una sorpresiva declaración tras la condena, Kirchner negó esa posibilidad.
“No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputada ni a presidenta de la nación” en las elecciones generales de 2023, dijo en las redes sociales.
La causa tiene un fuerte impacto político en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.
“En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fueron probadas. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó”, dijo en un largo discurso transmitido en las redes.
Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena “está escrita de antemano” al denunciar que se trata de “un juicio político” que persigue a todo el peronismo.
La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al acusarla de ser “jefa de una asociación ilícita” y de defraudación, y solicitó su inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de “asociación ilícita”.
Cristina aseguró no obstante que seguirá en la política. “Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca”, advirtió.
La semana pasada, en sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber “inventado y tergiversado” los hechos. “Esto es un pelotón de fusilamiento”, dijo.
La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.
De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.
