El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunció este jueves modificaciones en la metodología de cálculo de cuotas para la adquisición de viviendas financiadas por el organismo. Estas reformas apuntan a adecuar los pagos a la realidad económica de los adjudicatarios, garantizando mayor accesibilidad y sostenibilidad en el tiempo.
A través de la Resolución 350 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Alfredo Cornejo dispuso una serie de cambios en el financiamiento que otorga el IPV a las viviendas que entrega. Uno de los programas a los que mayor impacto tendrá esta modificación es el “IPV Mi Casa“, que es destinado a sectores de ingresos medios que buscan acceder a casas en zonas urbanas de la provincia.
El mecanismo tendrá en cuenta variables como los ingresos familiares, la inflación y el costo de vida. De esta manera, se pretende evitar que los adjudicatarios enfrenten aumentos abruptos que pongan en riesgo su estabilidad financiera.
Será "base de cálculo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a la fecha del último día del cuarto mes anterior a la conformidad del plan de pago por parte de los beneficiarios", según señala la nueva normativa.
Otro aspecto es la introducción de mecanismos de actualización progresiva. En lugar de incrementos automáticos, el ajuste de las cuotas se realizará de manera escalonada y previsible, permitiendo que los beneficiarios planifiquen mejor sus pagos. Además, se incorporarán períodos de gracia para quienes atraviesen dificultades económicas temporales, con la posibilidad de refinanciar deudas sin riesgo inmediato de desadjudicación.
El IPV también impulsará opciones de pago más flexibles, permitiendo la elección entre diferentes esquemas de financiamiento. Esto incluirá la posibilidad de extender plazos de pago o realizar cancelaciones anticipadas con beneficios en los intereses. Asimismo, se fomentará el acceso a subsidios parciales para familias de bajos ingresos, asegurando que las cuotas no superen un umbral accesible en relación con los ingresos del hogar.
Entre los nuevos cambios también se encuentran a la de los créditos que presenten fiadores como los que no. Es decir, que un postulante sin fiador podrá financiar su vivienda en un plazo máximo de 30 años, siempre que al finalizar el crédito no superen los 80 años de edad.
La cuota se calculará en base a un 20% del ingreso familiar, aunque podría elevarse hasta un 30% si el plazo de amortización excede el límite permitido. En el caso de personas con discapacidad, el porcentaje de cálculo se reduce al 15%, con posibilidad de ampliación al 20%.
Para quienes presenten un fiador, la fórmula de cálculo es diferente. En estos casos, el ingreso tomado en cuenta será equivalente a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM) vigentes, y la cuota se fijará en función del 20% de ese ingreso total. Aquellos con discapacidad y fiador accederán a una cuota con incidencia reducida, del 15% sobre los ingresos.
Además, para evitar que el monto de las cuotas supere la capacidad de pago de las familias, se estableció un sistema de financiamiento en dos tramos. En el primer tramo, el pago se ajustará al máximo permitido por los ingresos. Si aún quedara saldo por amortizar, este se redistribuirá en dos años adicionales una vez finalizado el primer tramo
La resolución
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