El Gobierno provincial entregó datos a la Justicia sobre todos los trabajadores estatales de Mendoza, a raíz de la investigación que lidera el fiscal Guillermo Marijuan, quien descubrió irregularidades en la entrega de los planes Potenciar Trabajo a trabajadores del Estado, lo que implica una incompatibilidad, ya que sólo lo pueden recibir personas que “estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o desempeñen alguna actividad de la economía popular”.
Mientras tanto, el gobierno nacional de Javier Milei ya informó que dará de baja a por lo menos 8.538 planes, teniendo en cuenta que eran cobrados por estatales de 10 provincias del país, entre las que no se encuentra Mendoza hasta el momento.
Desde el Poder Ejecutivo cargaron la información de más de 97.000 trabajadores estatales de Mendoza, teniendo en cuenta que lo que hará la Justicia será cruzar datos, ya que están a la vista estos antecedentes a nivel nacional, y en el cual se especula que se pueden encontrar más casos irregulares.
Mendoza se defiende
Sin embargo, desde el Gobierno se defendieron sobre algún tipo de actuación irregular, al indicar que solamente se entregaron, por parte del Poder Ejecutivo, 3.400 planes, y “ninguno” tiene algún tipo de irregularidad. Los mismos estaban coordinados por la secretaría de Economía Social, a cargo de Lorena Meschini.
No obstante, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, desligó a la provincia de algún caso incompatible que pueda llegar a aparecer, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos planes “fueron dados directamente por el movimiento Evita, a manos de Emilio Pérsico, quien era secretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.
En este sentido, manifestó que fueron “más de 17.000″ los planes Potenciar Trabajo “que fueron dados directamente a los movimientos sociales en los que la Provincia no tuvo intervención alguna”.
Sin embargo, según datos nacionales que publicó diario Los Andes en enero de este año, daba un número sensiblemente mayor de los planes otorgados en Mendoza, que eran 28.170 beneficiarios. Ante esto, el Gobierno remarcó nuevamente que fueron sólo los 3.400 los que pasaron por la gestión provincial y fueron coordinados y entregados “en el marco de un convenio con Nación de reconversión de planes por oportunidades de trabajo”.
“Del resto que hay en la Provincia otorgados directamente por los movimientos sociales no tenemos información, pero fueron enviadas las bases de datos de empleados y contratados provinciales para que lo crucen desde la Justicia directamente”, comentó el funcionario provincial.
De esta manera, la semana pasada Mendoza subió los datos “solicitados por el fiscal Marijuan”, que consistía en cargar las bases de datos en sistemas y con formatos dispuestos por la Nación a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys)”.
¿Tardanzas?
Si bien a nivel nacional algunos medios informaron que Mendoza adeudaba la información, la respuesta oficial fue que se debió “generar usuarios y permisos en la plataforma de ese organismo, para luego adaptar y codificar la información disponible conforme a los requerimientos nacionales”.
Fue el Gobierno quien informó de manera oficial que el modo de carga era completamente engorroso, lo que generó un trabajo manual de cada uno de los estatales de Mendoza.
No obstante, según señaló Infobae este martes, el fiscal Marijuan había intimado dos veces a Mendoza y otras 14 provincias por no haber entregado la información, lo que provocó la duda y queja de sectores de La Unión Mendocina. Fue el senador provincial, Gabriel Pradines, quien dudó de la demora local, al sugerir que Libres del Sur había sido “uno de los principales administradores de dicho programa”.
Ante esto, presentó, junto a 6 legisladores más, un pedido de informes a Mema para que “explique los motivos de dicha ‘lentitud’ que significaría transparencia”. Una vez que el Gobierno informó la entrega de la base de datos, agregó: “Buenas noticias, parece que se pusieron a trabajar y mandaron la información”.
Denuncia de Marijuan
El fiscal formuló a comienzos de noviembre una denuncia, en la que indicó que “cerca de 160 mil beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ viajaron al exterior”, lo que provocó una auditoría interna de la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
En la denuncia se consignó que desde el 2020 casi 160.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo viajaron al exterior, lo que para el denunciante significaba una incompatibilidad con las condiciones que deben acreditarse para poder acceder a ese plan.
En esta supuesta defraudación, se determinó en la investigación que 8.538 empleados públicos distribuidos en diez provincias “perciben el plan”, algo que es incompatible.
De estos, se destacan Tucumán, con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja con 1.060 estatales; Jujuy, con 652; Corrientes, con 518; Salta con 434; Río Negro con 198; y cierran Córdoba, con 194; Formosa, con 180; y Santa Cruz, con 128. Como se mencionó, aún no hay datos oficiales de Mendoza.
No obstante, este martes el vocero Manuel Adorni sostuvo que se inició una auditoría a “todos” los beneficiarios planes Potenciar Trabajo, “que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”.
”Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8.000 personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60.000 beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiarios”, destacó el funcionario.
Por otro lado, Milei destacó, también este martes por la noche, que la detección de “dobles cobros” del Plan Potenciar Trabajo es un “trabajo conjunto” de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el fiscal Marijuan, porque “esas personas no tiene por qué estar cobrando” planes si trabajan en el Estado. También ponderó que “estamos sacando la corrupción a capa y espada”, en diálogo con La Nación +.
Qué es el programa Potenciar Trabajo
Es importante destacar que el programa Potenciar Trabajo entrega salarios que están en el orden de los $78.000 (es el equivalente al 50% de un salario mínimo, vital y móvil), que reciben unos 1,3 millones de argentinos en todo el país.
Su finalidad es “promover la inclusión social y mejorar los ingresos de las personas físicas que están en situación de alta vulnerabilidad para que alcancen la autonomía económica”.
En tanto, como contraprestación, las personas beneficiarias “deberán participar, como mínimo, de alguna de las 3 líneas de actividades previstas: proyectos socio-productivos, terminalidad educativa y/o proyectos sociolaborales o socio-comunitarios”.
