El Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo de derechos humanos, aseguró que el Gobierno compromete la legitimidad de los jueces, al poner en duda su “independencia e imparcialidad”.
Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, fueron designados por decreto a integrar la Corte Suprema.
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. La organización aseguró que la medida es “inconstitucional y antidemocrática”.
La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, declaró a Noticias Argentinas e indicó que “está clara la intencionalidad política" por parte del Gobierno de Milei "de aprovechar una interpretación literal, incorrecta, de la Constitución" para avanzar en esa decisión.
"Designar jueces de la Corte Suprema, en comisión por un año, va a implicar que están dependiendo de la posición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y del Senado para mantener su cargo y es contrario a las garantías de independencia y a la idea de estabilidad de los jueces para que no los presionen", remarcó Litvachky.
Según el CELS, el Gobierno "pasó por sobre uno de los poderes del Estado", "impuso a sus candidatos" y no tuvo en cuenta que "compromete la legitimidad" de los jueces, porque "va a estar en duda su independencia e imparcialidad" en la resolución de causas concretas.
Por otra parte, y algo no menor, si se hiciera efectiva la asunción de Lijo y García-Mansilla, la Corte Suprema "quedaría integrada únicamente por hombres" y sería "la única en toda Latinoamérica" sin ninguna jueza.
Asimismo, señaló que hay "un tema político muy claro" porque el PEN "tiene la idea de que puede gobernar sin generar lo consensos y acuerdos institucionales", como la designación de los jueces del Máximo Tribunal.
Por otra parte, Litvachky remarcó que la Constitución Nacional impone un acuerdo de dos tercios del Senado de la Nación para nombrar magistrados, es decir, que "se necesita consenso para tomar ese tipo de determinaciones".
"El PEN dice ‘al no haber tenido el acuerdo del Senado lo puedo hacer yo directamente, porque no están haciendo lo que le pedimos’ y esa es una mirada raquítica de la función del Senado y muy problemática, políticamente, desde el punto de vista democrático", expresó.
Para finalizar, planteó que habrá que esperar "la reacción del sistema político y el propio Poder Judicial" para ver si se consolida la designación o si se rechaza y el Gobierno Nacional no puede hacerlo.
"Esto no puede ser sacado del contexto de la práctica que el Ejecutivo viene teniendo con implementar políticas, que requieren la intervención del Congreso, por decreto (DNU), por facultades delegadas que el Congreso, en su momento, le dio o por ‘decretos interpretativos’ de leyes, que lo que hacen es cambiar la ley con la excusa de que están haciendo una interpretación", concluyó.