La Suprema Corte de Justicia de la provincia tendrá otro día clave este jueves, cuando se reúna en plenario con el objetivo de definir cómo será la aplicación de la última etapa de la reforma que aprobó la Legislatura el año pasado para terminar con el polémico “fórum shopping”, o direccionamiento de las causas judiciales.
Los siete ministros se reunirán a partir de las 9.30 para tratar de cerrar este capítulo. El resultado con seguridad marcará el adiós definitivo a las viejas salas primera y segunda del alto tribunal, las cuales, de acuerdo con el viejo esquema de funcionamiento, tenían turnos quincenales y permitían que el denunciante eligiera ante quiénes presentar las denuncias.
Lo que no se sabe por el momento es cuál será el mecanismo para eliminar el último rezago del viejo sistema. Hay que recordar en este sentido que la ley 9423 fue sancionada en octubre del año pasado, pero fijó etapas de aplicación progresiva de la medida.
La primera tenía que ver con las causas de competencia ordinaria para la Corte. En estos casos, disponía la “vigencia inmediata” de un sistema de sorteos para elegir los tres jueces que se harían cargo de cada una de ellas.
Sin embargo, la letra de la norma pospuso la aplicación del sistema de sorteos para las “revisiones de sentencias” o apelaciones. Para esos expedientes, las salas siguen existiendo. Dicha parte debía entrar en vigencia el 1 de julio pasado si había acuerdo de dos tercios del alto tribunal.
Si ese acuerdo no se lograba, como ocurrió, existía también un plazo definitivo de ejecución: con acuerdo de sus miembros o no, la última etapa tiene que comenzar a regir el 31 de diciembre de 2023.
Este último plazo obliga a los jueces de la Corte (Dalmiro Garay, Mario Adaro, Omar Palermo, José Valerio, Julio Gómez, Teresa Day y Pedro Llorente) a emitir antes de que finalice el año la respectiva acordada de funcionamiento interno, que entrará en vigencia efectivamente en febrero, después de la feria de enero.
El debate previsto para este jueves dejará a la vista la persistencia o no de la antigua grieta judicial, que divide en dos a la Corte según sus afinidades u orígenes políticos: cuatro filo radicales (Garay, Valerio, Day y Nanclares) y tres filo peronitas (Adaro, Palermo y Gómez).
Gradualidad
Aunque los ministros de la Corte tienen que terminar con las salas de una vez, las diferencias todavía subsisten y hay quienes sugieren la posibilidad de que la acordada de este jueves disponga una nueva aplicación escalonada de la última etapa de la ley 9423.
Podría ser, si se concreta lo que algunos especulan, una nueva “gradualidad”, que genere fechas de aplicación distintas para los distintos fueros (penal, civil, laboral y familia) a lo largo de los próximos meses. “En forma más o menos gradual, se va a aplicar”, admiten hasta los ministros más críticos, mientras que el mensaje “oficial” de la Corte tiene menos matices: “La ley se aplica sí o sí”, dice.
La crítica que asoma ante esta situación es que, luego del conflicto de fines de 2023 entre el Gobierno y la Corte, se acordó una solución inmediata para los casos más problemáticos de “fórum shopping”: las causas de inconstitucionalidad deben resolverse en plenario y las contencioso-administrativas, por sorteo para la constitución de colegios de jueces.
En efecto, la letra fija entre las competencias del pleno (los siete miembros votan) las de “dirimir los conflictos de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en los conflictos internos entre las diversas ramas de éstos”, “en los conflictos internos de las municipalidades y los de éstas con otras municipalidades o autoridades de la Provincia”; en las acciones de inconstitucionalidad y en las acciones procesales administrativas, entre otras.
Las causas jurisdiccionales, en cambio, tienen que ser sometidas a sorteo en la Corte y esto ya está ocurriendo, salvo en el caso de las que llegan por vía extraordinaria o apelación. No hay chances de elegir el juez que actúa.
Para lo que queda, que es ampliar los sorteos a las causas de apelación, el remedio podría ser peor que la enfermedad, sostienen algunos. En otras palabras, puede demorar la resolución de los pleitos, debido a que, en la conformación anterior, los integrantes de cada sala estaban más familiarizados con los temas que les tocaban, por su especialización.
Recordemos que la sala uno era competente en los recursos de derecho civil y comercial y la dos en materia penal y laboral. “No queremos dejar de estar al día con las causas”, afirman quienes advierten sobre el paso que resta dar.
El problema mayor es el de los relatores de la Corte, que son quienes asumen en concreto la tarea de redactar las sentencias, señalan también los ministros más críticos.
Se trata de más de 20 funcionarios judiciales que hoy están organizados bajo el esquema viejo: por salas.
“La gran discusión es cómo armamos los equipos y si cada ministro va a tener su equipo de relatores”, advierte el ministro Mario Adaro, quien indicó en la antesala de la última discusión del año que un desorden en este tema puede hacer que la Corte incurra en “incoherencias jurisdiccionales” a la hora de redactar las sentencias.
Luna de miel
La Corte provincial vive una etapa asimilable a una “luna de miel” entre sus integrantes después de los fuertes conflictos del año pasado y tras la renovación de autoridades de fines de noviembre.
Esta elección dispuso la continuidad de Dalmiro Garay como presidente, pero con una novedad: se eligieron también dos vicepresidentes del sector filo peronista, Adaro y Palermo. El “triunvirato” gobernará por dos años la Sala Administrativa, tal como disponía también la ley 9423. Esta sala maneja el funcionamiento de la Corte y es la única que se mantiene luego de la reforma del año pasado.
Es evidente que el acuerdo político interno para elegir las autoridades de la Sala Administrativa distendió las relaciones. Ahora, en lugar de críticas, se escuchan elogios respecto de la oralidad y la colegiación de jueces, tópicos de las reformas judiciales de los últimos tiempos.
La realización de plenarios semanales, no periódicos, los cuales están bajo la coordinación del ministro Valerio, recoge también elogios, incluso de la “oposición”.
Aunque está del lado que más empuja las reformas, Valerio ha advertido que el problema para la eliminación definitiva de las salas es que la Legislatura no ha aprobado otra ley que necesitaría para atender adecuadamente las apelaciones: la norma de “doble conforme” para las condenas en causas penales.
Hasta el reelecto presidente de la Corte Garay, que es afín al oficialismo provincial, pidió a comienzos de este mes que la Legislatura avance en esta cuestión. El “doble conforme” tiene consenso pleno del alto tribunal, pero permanece estancado en la Legislatura desde 2019.
Con la grieta aliviada, los ministros de la Corte se encaminan a la discusión final de la reforma, para la cual tienen al menos un elemento técnico a favor: un sistema para los sorteos de los jueces que es “de última generación”, según resalta Adaro.
Las causas hasta ahora se sortean por medio de un antiguo “bolillero virtual”, pero Adaro dice que a partir de febrero se va a poner en práctica un sistema “transparente, auditable y aleatorio, que contempla hasta la carga de trabajo de los jueces y que todos tengan la misma cantidad de causas”.
