Bullrich le pidió a las fuerzas de seguridad que calculen el costo de implementación del protocolo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a las fuerzas de seguridad a determinar los gastos generados por el operativo de seguridad llevado a cabo el miércoles durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera en Plaza de Mayo.

Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, estos costos deberán ser asumidos por las organizaciones sociales.

Mediante la resolución 949/2023, recién publicada en el Boletín Oficial, Bullrich ha encomendado a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal la tarea de “determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales” desplegados en el marco de la implementación del protocolo de orden público, aplicado por primera vez durante la mencionada marcha.

En una conferencia de prensa realizada ayer, Adorni adelantó que las organizaciones sociales serán responsables de cubrir los costos del operativo. “El costo del operativo fue significativo y, una vez cuantificado, se facturará a las organizaciones participantes. Estas deberán asumir el costo que todos los argentinos hemos incurrido para lograr que el país mantenga la paz y las vías de circulación estén liberadas para el tránsito pacífico de todos”, advirtió el funcionario.

La resolución, detallada hoy, establece que en la evaluación de los costos se considerarán “las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en función de la remuneración por jerarquía de cada efectivo participante, el consumo de combustible, los elementos utilizados durante los operativos y otros costos directamente relacionados con los mismos”.

En sus considerandos, la resolución recuerda que el protocolo tiene como objetivo brindar un marco de actuación a las fuerzas de seguridad federales frente a obstrucciones al tránsito, cortes de rutas y otras interferencias en vías de circulación bajo jurisdicción federal o en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El protocolo contempla la posibilidad de emprender acciones judiciales contra las organizaciones y personas individuales responsables, solicitando el reembolso de los costos incurridos en los operativos para poner fin a actividades ilegítimas.