Nicolás Bazán y Renzo González se sometieron a un juicio abreviado y se declararon culpable de vender divisas extranjeras de forma ilegal y de pagar coimas. Lo mismo hizo su padre de Bazán, Ernesto . Otros 7 integrantes de la banda también fueron condenados en la misma modalidad. Sólo falta definir la situación del ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, el ex comisario Dino Rossignoli, de una contadora y de Ezequiel Fernández.
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Con la condena de la mayoría de los acusados, llegó a su etapa definitoria la causa conocida como “coimas en la Policía Federal”, una investigación judicial que hizo foco sobre una presunta organización conformada por ex policías y liderada por dos “emprendedores” que se hicieron millonarios durante la pandemia de Covid-19, vendiendo dólares, utilizando como pantalla joyerías ubicadas en el microcentro que recibieron “protección” policial a cambio de dinero.
Esta mañana el tribunal el Tribunal Oral federal Nº 1, conformado por los jueces Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña, y María Paula Marisi, condenó a los líderes de la banda: Nicolás Bazán a 6 años de prisión y una multa superior a los $100 millones; la misma pena y la misma multa recayó sobre Renzo Fabio González Alarcón; en tanto que el padre de Bazán -Ernesto- recibió una pena de 3 años de cárcel en suspenso. Nicolás y González seguirán cumpliendo la pena en sus respectivas casas, hasta que la condena quede firme, ya que previamente se les había dictado prisión domiciliaria.
Los tres llegaron a un acuerdo con Federico Baquioni, el Fiscal suborgante del Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza y se sometieron a un juicio abreviado en el que se declararon culpables. La misma modalidad fue elegida por otros imputados y recibieron penas más bajas.
En cambio, el ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, el ex comisario Dino Rossignoli, la contadora María José Degregorio y Ezequiel Fernández no adhirieron a los juicios exprés y enfrentan desde hoy juicios orales y públicos en los que se decidirá su suerte.
Por otra parte el abogado Cristian Marcos Puga, logró que a Jonathan Fernández se aplicara el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba.
El tribunal confirmó la siguientes penas: Nicolás Bazán y Renzo González, 6 años de cárcel y una multa de $106.930.900; Ernesto Bazán, 3 años en suspenso y una multa de $ 5.000.000.
En tanto que, para Félix Masera, Andrés Bauco, Juan Manuel Moral y Alejandro Moral, la pena fue de 3 años de cárcel en suspenso y multa de $5.000.000.
Para Marcelo Salcedo, Roberto Bustos Herrera y Ángel Fava, la pena fue de 3 años en suspenso.
Además, se estableció la cancelación de la personería jurídica de las sociedades por acciones simplificadas Vía Roma, Golden Coffee y Stefano Canella; y el decomiso de dinero secuestrado y de los automóviles de la familia Bazán (un BMW 3281, un Mercedes Benz A 250, un BMW 3401, un BMW 330 y una camioneta Mitsubishi L 200).
Según el fallo, los condenados vendían divisas de forma ilegal, exportó e importó dólares y oro a Chile de forma ilegal, y lavo activos a través de la compra de muebles, autos de alta gama, dos lotes, Además explotó comercialmente los bares La Rosa y Praga, produjo 15 eventos musicales, constituyó cuatro sociedades anónimas. Toda esta actividad se llevó a cabo pagando coimas.
Inicialmente la banda fue imputada por los delitos de asociación ilícita, coimas y lavado de activos, según la investigación que se conoció en abril de 2023, cuando el fiscal Federal Fernando Alcaraz y juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, ordenaron el allanamiento de unas 20 “cuevas” y la detención los acusados.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, “entre 2020 y 2022, habría funcionado una asociación ilícita integrada por Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán, Dino Rossignoli, Andrés Bauco, Félix Masera, Juan Manuel Moral, Alejandro Agustín Moral, María José Degregorio (contadora), Marcelo Salcedo (ex policía), Ángel Fava (ex policía) y Roberto Bustos (ex militar), que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina”.
La venta ilegal de dólares se habría realizado en locales donde supuestamente funcionaban joyerías a modo de pantalla para ocultar el ilícito. Cuatro joyerías llevaban el nombre de “Stefano Canella”, y estaban ubicadas en San Martín 1173 (interior de la Galería Tonsa), Catamarca 49, Las Heras 260 y Rivadavia 98; dos de nombre “Vía Roma”, estaban ubicadas en Espejo 95 y 9 de julio 1215; y “La Casa del Tesoro”, funcionaba calle San Juan 1163.
En relación a los delitos de cohechos activo y pasivo, los investigadores habría determinado que “entre 2021 y 2022, Dino Enzo Rossignoli, en su calidad de Comisario Jefe de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal Argentina, habría recibido el pago de sobornos por parte de Nicolás Bazán, Ernesto Bazán, Andrés Bauco y Eduardo Ezequiel Fernández, en este último caso, por orden de Nicolás Bazán, “para dejar de hacer “algo” relativo a sus funciones: no actuar ante la comisión de un delito del que tenía conocimiento, con el objeto de brindar cobertura y protección a la asociación ilícita de la que formaría parte, permitiendo que esta llevara a cabo la actividad de cambio de ilegal de divisas, advirtiéndoles sobre la realización de allanamientos, inspecciones municipales u otro tipo de procedimientos a realizarse en la zona por la fuerza policial a su cargo".
Por otra parte, relacionado a las supuestas maniobras de lavado de activos, la imputación sostiene que Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán , Andrés Bauco, Félix Masera, María José Degregorio, Juan Manuel Moral y Alejandro Agustín Moral, habrían puesto en circulación en el mercado económico formal bienes provenientes de un ilícito penal, con la finalidad de darles a estos, una falsa apariencia de origen lícito, superando ampliamente estos actos, en su conjunto, la suma de $300.000 prevista por el art. 303 del Código Penal.
Durante la pandemia de Covid 19, los dos jefes habrían incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.
Uno de estos comercios es un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en calle Godoy Cruz 318 de Ciudad.