Suárez obligado a no fallar, el “riesgo Gabrielli” y el miedo a Anabel

Si los dólares de Portezuelo se destinan a un plan B, el Gobernador deberá decidir qué se hará para torcer el destino de Mendoza. A él difícilmente le toque inaugurar alguna obra, pero el dinero puede alcanzar para su sucesor e incluso para quien asuma en 2027. El recuerdo de lo ocurrído hace tres décadas es el mal ejemplo que se debe evitar.

Ilustración: Gabriel Fernández
Ilustración: Gabriel Fernández

¿Cuántas veces una provincia tiene la posibilidad de torcer su destino? Mendoza está a las puertas de su segunda oportunidad en 30 años, si como se cree el Presidente no atiende el planteo para avanzar con la construcción de la represa Portezuelo del Viento.

Los 1.023 millones de dólares que se terminarán de cobrar en 2024 y que iban financiar esa megaobra deben encontrar un nuevo destino y ese será el mayor desafío de la gestión de Rodolfo Suárez: decidir qué se hace con ese dinero para mejorar el sistema hídrico, el servicio de agua potable y la producción.

Si acierta, ese será su legado. Si se equivoca, las obras que haga quedarán como testimonio de su error. El estadio Arena Aconcagua, ideado por Francisco Pérez y devenido en vacunatorio, a falta de otra utilidad, es un ejemplo de lo que no debería ocurrir.

A estas alturas, nadie en el oficialismo apuesta por hacer el dique malargüino. Hay informes técnicos que lo desaconsejan porque llenarlo llevaría varios años y por lo tanto también demoraría su aporte energético. El río cambió, desde el estudio que se hizo hace dos décadas, por la larga sequía que atraviesa Mendoza.

Encarar su construcción hoy sería destinar a un “elefante blanco” la compensación por la promoción industrial que benefició a las provincias vecinas y perjudicó a Mendoza durante tres décadas.

Ese dinero que la Nación paga en cuotas trimestrales se acumula en un fideicomiso que evita fines nada trascendentes, como los gastos corrientes.

Con los algo más de 50 millones de dólares que se depositarán el próximo 28, sumarán 422 millones los ya pagados por la Nación. Un monto que excede largamente lo que podrá invertir la actual gestión.

Una estimación que hacen en el propio Gobierno ubica en la mitad de ese dinero lo que efectivamente podrá usarse antes de que Suárez termine su mandato. En el mundo de las constructoras, los cálculos son menos optimistas, teniendo en cuenta el actual ritmo de ejecución.

El Gobernador sabe que difícilmente inaugure alguna de las obras si finalmente se pone en marcha el plan B de Portezuelo. Su aporte será definir cuáles se harán, licitar algunas y empezar unas pocas.

El monto de las cuotas trimestrales que paga la Nación, para cancelar la letra o bono que el gobierno de Mauricio Macri entregó como garantía, se incrementará de ahora en más hasta llegar a unos 100 millones de dólares. Por lo que, al irse, Suárez habrá cobrado casi la totalidad de lo acordado.

Esos dólares en mano tienen una ventaja: la Provincia puede venderlos en el mercado financiero, donde cada uno cotiza ahora a 190 pesos. Bastante más que los 111 pesos del valor oficial.

Los casi 195 mil millones que obtendría hoy representan la mitad del presupuesto provincial para 2022. Y el plan de obras estratégicas que debería financiar podría extenderse incluso más allá de 2027, o sea que lo ejecutarían tres gobernadores.

Contra los que creen que el plan B es apenas una sumatoria de ideas sin sustento técnico aún, en el Ministerio de Infraestructura aseguran haber trabajado los dos últimos años en la recuperación y actualización de viejos proyectos, que estarán listos para licitar cuando haya una definición.

La primera vez

Aunque asombran, los dólares de Portezuelo están lejos de la “primera gran oportunidad” que tuvo la Provincia desde el retorno de la democracia. En 1993, el entonces gobernador justicialista Rodolfo Gabrielli recibió 980 millones de dólares de la Nación.

Dos tercios eran por las regalías petroleras mal liquidadas durante años, un reclamo iniciado previamente a Gabrielli. El resto era la “coparticipación” por la privatización de empresas nacionales que hizo Carlos Menem en su primer mandato.

Esos dólares no sólo se cobraron todos juntos en un año, sino que además su impacto era mayor: equivalían a casi un presupuesto provincial, que entonces rondaba 1.100 millones.

Los aportes extraordinarios continuaron en 1994, cuando llegaron otros 360 millones de pesos/dólares por privatizaciones y compensación de deudas entre Nación y Provincia. Así consta en un informe de 1997 del Consejo Empresario Mendocino.

Ese dinero se usó en parte para constituir el Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Una idea del Gobierno que buscaba suplir la escasez de financiamiento productivo. Pero el impacto estuvo muy lejos del prometido y buena parte se diluyó.

Un protagonista de aquellos años recuerda hoy: “Entonces no hubo mucho debate sobre qué hacer. La prioridad era la asistencia financiera porque los bancos se estaban cayendo”.

José Octavio Bordón, antecesor de Gabrielli, lo dejó expuesto en una entrevista publicada por este diario el 16 de enero último: “Yo no me gasté las regalías, pese a que había bancos que ofrecían comprarlas. Yo decía ‘no, esto queda para un fondo’. Después, qué se hizo bien o mal es otra cosa. Yo dejé un presupuesto entero para tener un fondo de reconversión, no para el gasto público”.

El sucesor del “Rolo”, Arturo Lafalla, marcó el camino de lo que debía hacerse. Cuando privatizó EMSE y Obras Sanitarias, bloqueó el dinero obtenido por la venta en un fideicomiso que tenía un único objetivo: financiar la construcción del dique Potrerillos, la última megaobra que se hizo.

La era del deshielo

El viaje del Gobernador a Buenos Aires, la semana que pasó, fue el más provechoso en mucho tiempo. Además de presentar la documentación para el laudo de Portezuelo, anticipó el planteo para que, en caso de ser negativo, Alberto Fernández lo autorice a ampliar los destinos del dinero.

También tuvo su ansiado encuentro con el presidente chileno, Gabriel Boric, y fue confirmado en la comitiva que irá con el ministro del Interior, Wado de Pedro, a Israel para ver de cerca la tecnificación del riego en ese país. Como cuatro ojos ven más que dos, lo acompañará el “reelecto” superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.

Pero, además, hubo otra reunión, no difundida, que confirma un descongelamiento en la relación con el Gobierno nacional: Suárez fue a YPF para entrevistarse con su presidente, Pablo González. Una manera de aflojar la tensión sin abandonar el reclamo por el precio del crudo.

En ese cara a cara, anunció el nombre de quien será, desde mayo, el representante de Mendoza en el directorio de la petrolera. Tal como se anticipó en esta columna hace dos semanas, el elegido es Emilio Guiñazú, ex subsecretario de Energía ahora al frente de Potasio Río Colorado.

En el Gobierno, la sensación que prevalece es que el Presidente se inclinará por pedir que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental. Esto es lo mismo que oponerse a la obra.

Un estudio de toda la cuenca de los ríos Grande y Colorado es de por sí lento. Pero, además, hay una disputa con La Pampa sobre cómo aprobarlo. Esto obligaría a otro laudo, y así vamos sumando tiempo y depreciación de los dólares. De ganar la posición pampeana, definirán los gobernadores y la votación debe ser unánime. Una condición incumplible.

La intervención presidencial sólo dará a Suárez certidumbre para poder avanzar en el plan B, que hace tiempo ha devenido en plan A.

El peronismo, que prometió interceder para que Fernández reciba al Gobernador y nada ha hecho aún, salió a objetar el documento que mañana aprobará el Consejo Económico, Ambiental y Social. No son más que líneas de acción a tener en cuenta, pero no un programa de obras.

Esa postura del PJ fue cuestionada no sólo por el oficialismo, sino también por el peronista grupo Olascoaga, que tiene como guía a Lafalla, el primero que se animó a poner en duda la conveniencia de Portezuelo.

Desde el entorno del ex gobernador aseguran que el PJ mendocino “lo único que hace es buscar argumentos para oponerse”, pero también marcan la cancha al Gobierno: “El plan que se decida debe tener un consenso amplio que vaya más allá de la mayoría parlamentaria del oficialismo”.

Dentro y fuera del Gobierno desconfían de lo que pueda llegar a hacer la senadora Anabel Fernández Sagasti. “Puede operar para que Fernández se oponga al plan B. El PJ teme que si se hacen todas esas obras no pueda volver a ganar”, coinciden.

Pero en el entorno de Suárez descreen que eso ocurra. No porque de pronto hayan acercado posiciones, sino porque asumen que la virulenta interna en el Frente de Todos ha alejado a la mendocina del círculo de influencia presidencial. El tiempo dirá.

La importancia de la decisión y la gravedad del presente, está claro, no dan lugar para pequeñas ambiciones electoralistas. De ninguno de los dos bandos.

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