Recientemente, el INDEC publicó los índices de pobreza e indigencia correspondientes al 1° semestre de este año: 52,9 % y 18,1%. Al comparar esos valores con los de un año atrás se observa que la pobreza subió de 40,1% a 52,9% aumentando un 32%, y la indigencia pasó del 9,3% al 18,1%, un 95% más. Este complejo escenario social se agrava aún más cuando vemos la situación de niños y adolescentes: la pobreza alcanza un 67,1% de los menores de 17 años y el 27,3% está en una situación de indigencia, es decir no llegan a alimentarse bien. Estos números son catastróficos para un país que -en teoría- puede alimentar a 400 millones de personas.
El presidente plantea como objetivos alcanzar el nivel de Alemania, o al menos el de Irlanda en unos 20 años. Niños que sufren carencias básicas alimenticias tienen problemas en su desarrollo tanto a nivel físico como intelectual, lo que implica grandes limitaciones en sus capacidades futuras personales y también en el desarrollo de nuestro país. Con hambre no hay desarrollo posible.
Las soluciones propuestas durante los gobiernos anteriores no resolvieron este problema, y año tras año, gestión tras gestión, la situación social empeoró. Asimismo, el ajuste del actual gobierno profundizó esa crisis social y por el momento no se avizoran políticas específicas de contención social.
En países que han pasado de la pobreza al desarrollo en las últimas décadas, como Corea del Sur o Singapur, vemos un trabajo conjunto entre estado y sector privado, con fuerte inversión tanto en el sistema educativo como en infraestructura.
¿Qué podemos hacer entonces? Por un lado, asegurar que los niños estén bien alimentados y se eduquen; esto no puede esperar 20 años, debemos priorizarlo ahora. Por otro, generar trabajo genuino que incorpore a personas que hoy están fuera del sistema laboral.
Para cumplir con lo primero, necesitamos hacer efectiva la jornada completa en la escuela primaria e incluir asistencia alimentaria dónde se requiera. Es claro que no puede implementarse en forma inmediata en todo el país, pero para frenar esta tendencia y revertirla, debemos enfrentar con premura las situaciones más críticas como las que se dan en el Gran Resistencia, Formosa, La Rioja, Concordia y Santiago del Estero, las ciudades con peores índices.
Por otra parte, identificar obra pública con corrupción es efectista, pero no deja de ser una falacia reduccionista. Como hemos mencionado otras veces, se necesita un Estado eficiente que interactúe y trabaje con el sector privado, pero también que sea brazo ejecutor de obras primordiales para el desarrollo de la nación. Las obras son fundamentales para el desarrollo y la mejor forma de llevarlas a cabo es dándole previsibilidad y asegurando el repago al sector privado (peajes en autopistas, porcentaje en el mercado energético, etc.).
Una y otra vez miramos el modelo chileno y es un buen punto de referencia, pero esto a Chile primero le implicó el desarrollo de una legislación específica, una estabilidad monetaria y jurídica y que se puedan sacar libremente divisas al exterior, sin cepos. Es decir que ese sistema por ahora no es viable en Argentina.
La obra pública es una fuente de trabajo importante ya que demanda una gran diversidad de oficios. En ese sentido, se puede desarrollar un plan piloto de infraestructura educativa para las localidades con mayor índice de pobreza, utilizando las herramientas disponibles: obra pública, iniciativas privadas y donaciones. Estas obras podrán ser edificios nuevos, ampliaciones o remodelaciones de estructuras existentes, lo cual implica la posibilidad de participación de empresas medianas y pequeñas.
Las obras deben ser definidas por el estado, construidas por empresas privadas con obligación de contratar mayoritariamente mano de obra local y pagadas por el estado en sus distintos estratos, tomando créditos internacionales o en bancos nacionales con un repago conjunto con sistemas similares a los ya usados en el pasado, por ejemplo, el 50 % a cargo del estado nacional, un 35 % a cargo de la provincia y un 15 % a cargo del municipio. A modo de incentivo, el estado nacional podrá hacer una reducción del IVA para este plan, la provincia exceptuar a la obra del impuesto a los ingresos brutos y el municipio eliminar las tasas municipales. También, y en el marco de la responsabilidad social empresaria, las empresas pueden apoyar a través de donaciones ya sea en dinero, en infraestructura, conectividad, capacitación docente o alimentos para las escuelas.
Referentes del siglo XIX como Sarmiento y Avellaneda hicieron grandes inversiones en educación fundando escuelas en todo el país, permitiendo que Argentina en pocos años se transformara en unos de los países con menos analfabetos y más ricos del mundo. Sigamos ese ejemplo, primero en estas ciudades piloto y luego cuando mejore la situación macroeconómica del país, desarrollando un plan de infraestructura educativa en toda su extensión.
La única forma de garantizar un futuro mejor a los argentinos es cortando esta inercia y frenando la pobreza y la indigencia, esta es la gran deuda de la democracia. No es un número, son millones y millones de niños que esperan de nosotros acciones concretas para mejorar su calidad de vida. Con empleo de calidad combatimos la pobreza, pero la derrotaremos definitivamente con educación.
* El autor es Diputado Nacional. Ex gobernador de Mendoza. Ex vicepresidente de la Nación.
