No fue de la noche a la mañana….. fueron más de 10 años de reclamos de diversas organizaciones sociales, de asociaciones de medios y de trabajadores de prensa, más una diversidad de proyectos de ley presentados por diferentes sectores políticos, más un cambio de paradigma en la Gestión Pública, más la necesidad de fortalecer las instituciones de nuestra democracia representativa, más nuestra Constitución Nacional, más diversos Tratados Internacionales, más un montón de horas de debate tanto en el Congreso como en las afueras del mismo, más la jurisprudencia en la materia, más…más….más; los que permitieron que en el año 2016 en Argentina se sancionase la Ley Nacional 27.275 a través de la cual se comenzó a regular el Acceso a la Información Pública.
El ejercicio de este Derecho, dota a la ciudadanía de herramientas e insumos para ejercer el necesario control sobre los actos de gobierno y participar activamente -y en igualdad de condiciones- de los procesos de toma de decisiones, proteger el ejercicio de otros derechos y prevenir abusos de parte del Estado, como la corrupción y el autoritarismo. De este modo, el acceso a la información pública redunda en la consolidación del sistema democrático.
Sin embargo, a pesar de estas cualidades positivas y ampliamente reconocidas que tiene el Acceso a la Información Pública -aún siendo conscientes de que hay muchas cosas a mejorar para garantizar el efectivo cumplimiento de este Derecho para toda la ciudadanía- y de la imperiosa necesidad que existe en nuestro país de dotar de credibilidad y confianza a las instituciones y a los representantes, el pasado 30 de agosto, de la noche a la mañana, Argentina dio un gran paso atrás en esta materia.
A través del Decreto 780/24 el Poder Ejecutivo Nacional cambió el alcance del concepto de Información Pública, sumó excepciones a las ya contempladas en la ley dejando un amplio margen de discrecionalidad a los funcionarios, sumó nuevos requisitos para la realización de solicitudes de información pública por parte de la ciudadanía e incorporó la figura de “Abuso del Derecho”, lo cuál habilita a los jueces a imponer indemnizaciones a quiénes se considere que hacen un ejercicio abusivo de este Derecho, dejando de esta manera sobrevolar la idea de control y castigo respecto a quiénes “molesten” con sus solicitudes.
Las modificaciones realizadas por este Decreto tienen un amplio alcance, excediendo lo que hace a una reglamentación y afectando directamente el espíritu de la Ley 27.275 motivo por el cuál, en caso que el Gobierno Nacional no dé marcha atrás rápidamente, seguramente lloverán amparos y se judicializará la situación. Hasta el momento la Corte Suprema de Justicia siempre ha fallado a favor del Derecho de Acceso a la Información Pública y creo, y espero, que así lo siga haciendo… un capítulo aparte, pero que podría incidir en el desenlace de este hecho, es conocer y reflexionar respecto a la mirada que tienen sobre este tema los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar este órgano (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla).
El Decreto publicado ha despertado rechazos desde casi todo el arco político y Fundación Nuestra Mendoza, junto a más de 60 organizaciones de todo el país se pronunciaron a través de un comunicado titulado “Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública” y en el mismo solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto la normativa y que se garantice el pleno acceso a la información pública.
A mi entender, y sobre lo que creo que existe un consenso generalizado, una mejor democracia no puede permitirse una regresión en los Derechos conquistados, es fundamental un gobierno transparente, con ciudadanos informados y con canales de diálogo y trabajo permanente que favorezcan un avance constante y equitativo en todos sus Derechos.
* El autor es sociólogo y Director de Fundación Nuestra Mendoza.
