Dos proyectos contra la libertad de prensa, en La Rioja y en Salta, preocupan a la Sociedad Interamericana de Prensa

En un comunicado, Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó su preocupación por el avance de dos iniciativas legislativas en las provincias de La Rioja y Salta. “Lamento que en un país (Argentina) con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos”.

Como era de esperarse, la noticia trascendió al país, que más allá de viralizarse llegó a oídos de especialistas y autoridades en el tema, como en el caso de Michael Greenspon. De manera local, la asociación de propietarios, editores y directores de diarios de América entiende que las propuestas en cuestión -motorizadas por los gobiernos regionales- buscan someter a un férreo control a los medios de comunicación.

Todo comenzó al conocerse que en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela impulsa una reforma constitucional que apunta a limitar los mandatos de los jueces, pero también se propone limitar la libertad de prensa. La intención la dejó en claro el propio mandatario provincial en la apertura de las sesiones de la Convención Constituyente, cuando se refirió al papel que los medios de comunicación tienen para la sociedad, pero al mismo tiempo insistió en discutir sobre “la libertad de expresión y la gobernanza”.

En una presentación que dio que hablar, Quintela pidió a los medios de comunicación que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública, en la promoción del diálogo y el debate constructivo”, como así también de “las graves consecuencias que tiene transmitir mensajes sesgados, mal intencionados e injuriantes, que siembran en la sociedad zozobra, odios y noticias falsas”.

Aun así, en otro tramo del discurso que dio en un Paseo Cultural Castro Barros repleto de convencionales, el gobernador provincial aclaró: “Lejos, muy lejos, estamos de querer censurar, pero hay que tener en claro que siempre en cualquier circunstancia hay que defender el respeto y la verdad, y en ese sentido creemos oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza, entendiendo a ésta como el grado en que se hacen realidad los derechos humanos”.

Y agregó: “Estamos convencidos de que la gobernanza y los derechos humanos se refuerzan mutuamente”. La explicación no fue suficiente para disipar la preocupación que genera la iniciativa, ya que el propio Quintela ya había afirmado con anterioridad que consideraba necesario crear “una red” de medios de comunicación en el interior, con canales de televisión propios, con el objetivo de diferenciarlos de los medios de alcance nacional, incluso mencionando la posibilidad de “bloquearlos” a estos últimos.

Por otra parte, en la provincia de Salta logró media sanción en Diputados un proyecto conocido como Ley “Bozal” o “Mordaza”, que estipula sanciones con arresto de hasta 25 días “al que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”. Lo que sugiere o propicia esta medida es prácticamente un blindaje a los funcionarios públicos.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, señaló que en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa. “Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios”.

Además, el también director periodístico de La Voz del Interior sumó: “Es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información”. A su vez, tanto el titular de la SIP, Greenspon, como Jornet indicaron que, para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional.

Esto implica abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales. Ambos recordaron también que la Sociedad Interamericana de Prensa “rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas”.

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