La “cuestión” del Consejo de la Magistratura logró encaminarse de forma racional por carriles institucionales. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben cumplirse más allá de las críticas que puedan realizarse, especialmente en lo atinente al exiguo plazo que le concedió al Congreso para que pudiese sancionar una nueva ley.
Recordemos que en causas como la reparación ambiental del Riachuelo (caso “Mendoza”), la situación de las cárceles en la Provincia de Buenos Aires (“Verbitsky”), la fórmula de reajuste de los jubilados (“Badaro”) o la garantía del derecho al aborto no punible (“FAL”), la Corte Suprema de Justicia no estableció ningún plazo determinado para el cumplimiento de la sentencia.
Con la designación de los Consejeros y Consejeras por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para llegar a completar la integración de 20 miembros, el fallo se acató.
La jugada política de Cristina Fernández de Kirchner no es novedosa, Juntos por el Cambio hizo lo mismo en 2015 para habilitar la designación de Pablo Tonelli, y en dicha ocasión, cuando el Frente para la Victoria lo impugnó, la justicia consideró que era una cuestión propia del Congreso y que una vez que juraban los Consejeros la discusión se terminaba (causa “Alonso, María Luz c/ Estado Nacional s/ amparo”, 23 de octubre de 2017).
También en 2018 el Frente para la Victoria y el Frente Renovador se unieron para designar a Wado de Pedro y a Graciela Caamaño y Juntos por el Cambio no acudió a la justicia.
La ley restablecida por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que había sido derogada en 2006, es tan solo un régimen transitorio hasta que el Congreso sancione una nueva ley.
En la actualidad, solo resta el debate en Diputados de un proyecto sancionado por el Senado que cumple con los estándares establecidos por la Corte.
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Horacio Rosatti tendrá por delante un enorme desafío: conseguir quórum, aprobar las ternas de los concursos de los tribunales de Comodoro Py, sancionar efectivamente a los jueces y juezas que lo merezcan, administrar eficazmente para conseguir una justicia más efectiva y moderna, mejorar la escuela judicial, incorporar tecnología de forma urgente.
Concentrar mucho poder implica asumir una gran responsabilidad. Este es el escenario para el presidente de la Corte Suprema y a la vez presidente del Consejo de la Magistratura hasta tanto el Congreso sancione una nueva ley.
*El autor es abogado constitucionalista
