Las puertitas del Sr. Béliz

Estamos en manos de un gobierno que considera a los medios un factor que interfiere en su poder, por lo que sostiene que la libertad de prensa debe tener límites y estar bajo la tutela del Estado.

Gustavo Béliz (Télam).
Gustavo Béliz (Télam).

La obsesión no es nueva. A esta altura puede decirse que alcanza rasgos patológicos. “¿Ya te compraste el casco?”, la pregunta la lanzó un veterano periodista cuando entrábamos al auditorio Adolfo Calle a escuchar una propuesta de entidades ciudadanas que propiciaban un proyecto de ley de acceso a la información pública. Pero él se refería a otra cosa.

El colega, ya fallecido, hablaba del inminente proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el gobierno de Cristina Kirchner impulsó en 2009 pero que, casi un año antes, ya presagiaba una guerra santa contra los “medios hegemónicos”.

El texto, más allá de los fines de “multiplicar voces” y reemplazar una ley de la última dictadura, escondía un abierto conflicto con uno de los grupos de medios más importantes del país y, por extensión, con los medios de prensa independientes.

Hubo que ponerse el casco. La batalla se libró en los escritorios de la Justicia, en el relato político y con la chequera oficial. Desde allí se financió a infinidad de medios afines y se castigó e intentó asfixiar a los críticos.

La Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, a cargo del filósofo kirchnerista Ricardo Forster, fue la idea parida unos años después (2014) para sacralizar un relato político, cultural e ideológico del país o, en sus palabras, “generar un debate democrático, federal y plural sobre las tradiciones políticas y culturales de la Argentina y América Latina que trabajan por la emancipación social”.

La gestión de Mauricio Macri cambió las coordenadas de la aplicación de la ley de Medios y desactivó la polémica secretaría de Foster. Pero el retorno K al poder trajo novedades en la materia.

En medio de la pandemia de coronavirus, se conoció el proyecto del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, conocido popularmente como Nodio. ¿La misión? Detectar, verificar, identificar y desarticular las estrategias argumentativas de noticias maliciosas e identificar sus operaciones de difusión. El organismo quedaría a cargo de la defensora del público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin.

La idea que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, anunció esta semana como “Redes sociales para el bien común”, entonces, parece una vuelta de tuerca sobre este último plan que, hasta ahora, no había sido puesto en marcha. Ahora, la excusa es combatir los discursos de odio y el bullying que, según el diagnóstico oficial, “intoxican el espíritu de nuestra democracia” con, por ejemplo, noticias falsas (fake news).

Para sostenerlo se ponen bajo el paraguas del Pacto por la Información y la Democracia que suscribió nuestro país, a partir del cual Francia y Alemania aprobaron leyes que regulan los discursos de odio y la desinformación. Hay que decir que estas normativas provocaron fuertes críticas al interior de estos países y que la justicia francesa la declaró parcialmente inconstitucional.

La propuesta aviva la tensión entre la regulación y la libertad de expresión, sobre todo porque está en manos de un gobierno que considera a los medios un factor que interfiere en su poder por lo que sostiene que la libertad de prensa debe tener límites y estar bajo la tutela del Estado.

Más alla de la lógica tensión entre gobiernos y medios, esta compulsión por controlar emisiones y emisores es rastreable desde el primer peronismo y, en distintos modos y grados, estuvo en cada una de las dictaduras militares que jaquearon la democracia durante buena parte del siglo pasado en nuestro país.

La discusión es mundial y radica en cuánto poder alcanzan los gobiernos para influir en que se eliminen contenidos o se excluyan de la conversación pública determinados pensamientos.

Las dicotomías han gobernado el mundo. La caída del muro de Berlín zanjó la discusión entre capitalismo y socialismo, aunque algunos aún prefieran no entenderlo. El nuevo par de opuestos sería democracia o autocracia. Hay quienes sostienen que la forma de diferenciar una democracia de un régimen autoritario es el grado de libertad de expresión que existe en una sociedad.

Habrá que estar atentos.

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