Con el fondo iluminado por el enorme cartel que recuerda a Eva Perón en el ministerio de Obras Públicas, cientos de carpas se asentaron en la avenida emblemática del país para disputarle al Gobierno nacional la paritaria de los planes sociales.
La presión aplicada a punta de piquete en la 9 de Julio se replicó en los principales centros urbanos del país. Los políticos que desde la crisis de 2001 se dedicaron al gerenciamiento de la pobreza son los que engrosaron a mayor velocidad su padrón. Lo hicieron pesar para obtener un financiamiento estatal cada vez más generoso. Su cálculo político fue infalible: a mayor pobreza, mayor poder.
Con el fondo del acampe piquetero a sus espaldas, los principales referentes de la CGT se reunieron con el Presidente para plantearle los objetivos de sus paritarias. La inflación sin freno está agitando las bases. La caída imprevista de Antonio Caló, destronado entre los metalúrgicos, puso en alerta a los gremialistas proclives a colaborar con el Gobierno. Tanto como la deserción de Pablo Moyano, que faltó para reunirse con Máximo Kirchner. Aquellos que antes ofrecían espaldas sindicales para Alberto Fernández, hoy apuran una recomposición salarial para evitar desbordes en sus comisiones internas.
Con el fondo de la presión sindical, los empresarios que se acercaron a dialogar con Fernández tampoco ocultan sus urgencias. Roberto Urquía, de buen vínculo histórico con el Presidente y poco afecto a las altisonancias públicas, reclamó que el Gobierno sea más previsible. “Nunca se sabe de qué lado viene el misil. No se puede estar utilizando gran parte del tiempo de la actividad empresarial para ver de qué lado viene el misil”, explicó el exsenador cordobés.
Urquía desgranó además una diferenciación entre los empresarios. Dijo que no siempre el apuntado para tributar en la emergencia debe ser el campo. Hay otros sectores “históricamente intocables”. “Los que a veces te hacen faltar el gasoil y otros que exploran a cielo abierto y reciben dólares libres del exterior”. Traducción: petroleros y mineros. No sólo en la CGT asoman las fisuras. También los empresarios temen entrar en paritarias sin techo y de vigencia precaria. Mientras faltan insumos por la escasez de reservas y energía por el racionamiento derivado menos de la guerra que de la imprevisión.
Con el fondo de la presión piquetera y del fracaso del consenso que dirigía en las sombras Gustavo Béliz (y terminó en un pronunciamiento entre autoritario y plañidero contra las quejas en redes sociales y otros terribles males del mundo), los gobernadores fueron convocados para hacer número en la demanda que Alberto Fernández está a punto de perder en la Corte Suprema de Justicia. Por haber favorecido a la Provincia de Buenos Aires con un manotazo a los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires.
Los gobernadores firmaron el pedido de la Casa Rosada. Temen que, ante un fallo desfavorable, el mismo Alberto Fernández les haga pagar la fiesta para evitarse otra pelea con Cristina Kirchner. Cuyo territorio administra (entre desconfianzas, cómo no) Axel Kicillof. En cada uno de sus distritos, los gobernadores buscan la forma de desdoblar las elecciones para despegarlas del caos nacional. Para llegar a ese destino, miden con precaución sus recursos. El acuerdo con el FMI les garantizó la licuación de gastos con inflación. Pero una disminución de las transferencias a las provincias alteraría ese equilibrio precario.
El auténtico telón de fondo es el país como un conflicto a cielo abierto, por la acefalía en el Frente de Todos. El kirchnerismo muestra claros síntomas de agotamiento. Cristina Kirchner empeñó su liderazgo en una movida de daño interno. Su imagen positiva sólo sobrevive en una minoría. Fuera de esa ciudadela intensa no despega del fracaso de aquello que inventó: Alberto Fernández.
Como pocas veces, el peronismo carece de figuras de relieve para proponer en la próxima elección. Sergio Massa aspira a ser elegido. La aceleración de la crisis sólo le promete por ahora el destino de Ítalo Luder, muleta parlamentaria de Isabel Perón y candidato que propuso el peronismo unido luego del derrumbe de la última dictadura. Hace cuarenta años, tras el desastre de la guerra en Malvinas. La cúpula de la coalición gobernante no parece encontrar puntos en común. Ni siquiera la memoria de aquel desquicio bélico al que condujo la dictadura provocó la unidad espontánea del actual Presidente y su vice.
La celeridad de la crisis también apura a la oposición. Horacio Rodríguez Larreta tomó la palabra en Mendoza. “El próximo presidente será del PRO”, dijo. En la principal oposición, esa afirmación tiene el peso de lo real constatable: los dirigentes mejor posicionados son los de su partido. Contra ese muro inevitable chocan los disparos de salva de Gerardo Morales.
El presidente de la UCR hace del ataque a sus aliados su principal argumento. El tiempo también lo apura. Si quiere deshacer lo que el radicalismo decidió en la convención de Gualeguaychú en 2015 -y restaurar el proyecto que entonces tenía para aliarse a Sergio Massa- deberá correr contrarreloj. Conseguir la ruptura de Juntos por el Cambio en el segundo semestre de este año.
