Los efectos de la crisis económica y social en Mendoza a raíz de la pandemia Covid-19 son devastadores. Organismos oficiales, consultoras y entidades sectoriales, centros de investigación y universidades han producido nueva evidencia empírica- aunque parcial y con distinto nivel de rigurosidad- sobre la cual vale la pena detenerse. Un dato inquietante fue el publicado recientemente por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia: la caída del 7,0% en el Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2020. ¿Cómo interpretar la información estadística? ¿Cuáles son las características del derrumbe económico? ¿La crisis constituye una oportunidad para debatir el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible de la provincia?
La destrucción de riqueza en la economía provincial solo es comparable con la de 2001-2002 porque las registradas en 1975 y 1980-1981 fueron mayores y estuvieron asociados a crisis institucionales más profundas y complejas. Dos derivaciones de la actual, la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la pobreza y la indigencia -que han sido periódicamente informadas por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial y el INDEC- dan cuenta del empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Esta información ilustra una situación grave porque, al igual que ocurrió en el resto del país, la recesión había comenzado antes. De hecho, el PBG cayó en 2018 y 2019 por causas relativas a desequilibrios macroeconómicos, aunque la economía había tenido dificultades para retomar un sendero de crecimiento desde la superación de la crisis financiera internacional de 2008-2009.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué el desplome del PBG de Mendoza fue casi 2 puntos porcentuales menor al del PBI nacional, sobre todo si la economía provincial entre 2004 y 2017 tuvo, en general, un desempeño peor al del promedio nacional. Aquí conviene notar que en dicho período el comercio remplazó a la industria como principal actividad económica pero que en 2020 fueron los sectores financieros e industriales -y especialmente la industria vitivinícola- los que evitaron una caída mayor de la producción y el empleo contribuyendo a los ingresos públicos provinciales. En efecto, durante la pandemia del Covid-19, la industria manufacturera aumentó su participación en el PBG, esto es, pasó de representar el 14,3% en 2019 al 15,4% en 2020. Sus principales rubros, “Elaboración de bebidas” -que correspondió en su mayor parte a la actividad vitivinícola- y “Refinación de petróleo” también aumentaron, del 5,4% al 5,9% en el primer caso (venía en ascenso desde 2017) y del 6,0% al 6,3% en el segundo. Esta circunstancia permitió que no se perdieran puestos de trabajo en forma significativa, a pesar de la fuerte reducción de asalariados registrados en la industria de alimentos. ¿Por qué, en la era de la economía del conocimiento los sectores económicos tradicionales, siguen dinamizando la maquinaria económica y articulando el tejido productivo y social en casi todo el territorio provincial?
Entre fines del siglo XIX y principios de la década de 1970 la vitivinicultura y el petróleo ocuparon un lugar central en la política económica de Mendoza, cuando la agroindustria a pesar de sus crisis de sobreproducción de vinos de baja calidad enológica mantenía el liderazgo en el país y la actividad petrolera estaba a la cabeza de la producción nacional. Pero las crisis político/institucionales y el giro de la política económica hacia la reducción del tamaño del Estado, que privilegiaron la expansión del sector servicios en detrimento del industrial, sumergieron a la vitivinicultura en una crisis terminal y redujeron la importancia relativa del sector petrolero. A su vez, la reactivación de los dos problemas más graves y recurrentes de la historia económica argentina -inflación alta y persistente y elevada deuda externa- dificultaron por décadas las discusiones sobre desarrollo.
El proceso de transformación y modernización productiva, comercial e institucional que encaró la agroindustria vitivinícola a partir de la década de 1990 le otorgó un nuevo protagonismo. El aumento de la competitividad global en la cadena de valor permitió controlar los históricos desequilibrios internos entre oferta y demanda de vino, fortalecer mecanismos de integración vertical de pequeños viñateros y bodegueros -aunque muchos problemas vinculados al reparto inequitativo de beneficios han persistido- y lograr estrechas articulaciones con el sector turístico. Los avances agronómicos y enológicos, y sobre todo en logística, finanzas, distribución y comercialización posibilitaron, por fin, la inserción vino argentino en el mercado internacional desde 2003, y generaron en el mercado interno una competencia global. Tal es así que, durante la pandemia, la elaboración de vinos y el consumo interno y externo aumentaron, lo cual permitió incrementar el volumen de ventas -aunque no los valores- y mantener los puestos de trabajo. En estos resultados influyeron de manera decisiva tantos factores económicos, como sociales e institucionales, y en particular el aumento del consumo per cápita de vino y la declaración de la actividad como esencial por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Según investigaciones recientes, las estrategias empresariales consistieron en reducir los costos fijos, desarrollar canales de comercialización más flexibles (como el e-commerce y redes sociales) y cumplir con los compromisos financieros asumidos. Si bien la participación del sector en el PBG no es la que tuvo décadas atrás, el papel de la vitivinicultura ha resultado crucial en la dinámica económica, en tanto aportó a los ingresos públicos, sostuvo el empleo urbano y rural y desplegó capacidades de innovación y adaptación relevantes. Esta experiencia ofrece solo un ejemplo sobre cómo esta crisis puede constituir un momento oportuno para debatir sobre las claves del desarrollo sostenible.
*La autora es investigadora del INCIHUSA-CONICET, Prof. FCE-UNCuyo.
