En poco tiempo más vencerá el plazo para que los municipios mendocinos pongan en marcha o al menos tengan aprobados los Juzgados Administrativos de Tránsito y Cuerpos Municipales de Tránsito, tal como lo estipula la nueva ley de Seguridad Vial (9.024). La fecha límite impuesta por la norma es el 1 de enero de 2019.
Para no incumplir con los tiempos estipulados, General Alvear aprobó el jueves la ordenanza que da vida a la policía y juez municipal, algo que nunca existió en el territorio sureño, y se sumó al tándem de departamentos que la han implementado tiempo atrás como Capital, Godoy Cruz o Luján, entre otros. San Rafael y Lavalle recurrieron ante la Justicia para frenar la aplicación de la norma.
Sin embargo todavía hay jurisdicciones en el Valle de Uco, el Este y también en el Sur, que están en proceso de adecuación o como el caso de Junín en que no hay nada a la vista todavía.
Desde la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial consideran que solo es una cuestión de tiempos legislativos y presupuestarios de cada comuna.
"Estamos capacitando a personal en toda la provincia pero hay departamentos que todavía no han tratado en sus Concejos Deliberantes la creación de la policía de tránsito o algunos ya la tienen pero no así los juzgados viales. Es una cuestión de tiempos legislativos solamente", remarcó Hugo Fiorens, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.
La nueva Ley de Seguridad Vial transfiere a las comunas la responsabilidad del control del tránsito, el cobro de multas, la retención vehicular en los casos que corresponda y también delega la intervención en los accidentes siempre y cuando no haya víctimas fatales.
El problema netamente administrativo radica que la norma fue aprobada el 28 de noviembre de 2017 pero recién en marzo de este año se publicó el decreto reglamentario.
"Eso hizo que los departamentos ya tengan aprobados sus presupuestos y como en varios hay que iniciar de cero, lo que implica crear los cargos de los policías y los jueces viales, hay que esperar que se trate en los Concejos Deliberantes la creación de los organismos además de los presupuestos para 2019 con la afectación de los recursos si tienen que nombrar personal", sintetizó Fiorens.
Con excepción de San Rafael y Lavalle que recurrieron a la justicia para frenar la aplicación de la ley 9.024 en lo que respecta a la delegación de la seguridad vial en los municipios (particularmente la creación de las policías viales), en el resto de las comunas "estamos avanzando sin problemas capacitando al personal en particular con el apoyo de Policía Científica por el tema de los accidentes, ya que son los policías municipales los que van a intervenir", remarcó el funcionario.
Alvear lo aprobó
El Concejo Deliberante alvearense aprobó la creación de la policía y juzgado vial municipal.
La ordenanza cosechó la adhesión de los ediles de la UCR y el PRO pero no contó con la venia del PJ. La discusión se dio en torno a los fondos para el funcionamiento del nuevo organismo rector del tránsito.
La intención original es que se autofinancie con el cobro de las multas y a modo de ayuda la ley vial previó el destino de un 25% de lo recaudado por el Ministerio de Seguridad en concepto de multas por infracciones de tránsito (una vez deducidos los gastos y costos operativos de la cartera), sin embargo la afectación es solo por un plazo de 12 meses.
En el caso de Alvear habrá 37 personas entre agentes de tránsito e integrantes del juzgado vial. "Toda la gente que se fue jubilando en estos tres años y que no hemos repuesto esos cargos, los hemos readecuado para que ingresen las personas que ocuparán los cargos en la policía de tránsito y en el juzgado", explicó el intendente Walther Marcolini.
La previsión presupuestaria es de 24 millones de pesos anuales, 19 millones destinados a sueldos y el resto para equipamientos, infraestructura y gastos operativos.
Para apoyar el inicio del cuerpo de tránsito municipal, de provincia llegarían alrededor de 2 millones de pesos.
"La ordenanza salió con un consenso mayoritario y la implementación es gradual. Vendrá una remesa de casi dos millones de pesos de la provincia y se va a autofinanciar con las multas", comentó el edil del PRO Sebastián Martínez Barón. El edil agregó que "acá viene la dicotomía porque los vecinos tenemos que lograr que no nos hagan multas" entonces "se tendrá que financiar con alguna partida", concluyó.
"Va a ser todo un desafío y muy importante pero acá lo que se debe analizar no es el financiamiento sino el hecho de contribuir para bajar la siniestralidad, ese es el foco y lo que todos queremos", afirmó el concejal radical Pablo Longo.
El edil opositor Javier García sostuvo que "la provincia no deriva los fondos necesarios para aplicar la ordenanza y el municipio no tiene los recursos suficientes". Además consideró que "no es lo mismo financiarlo con el cobro de multas en Capital o Godoy Cruz teniendo en cuenta el parque automotor que tienen en comparación a la cantidad de vehículos que hay en Alvear. Cuantas multas se van a tener que hacer por día y sobre todo cobrarlas, para que haya fondos suficientes", cuestionó el justicialista.
En zonas rurales sigue la Policía
La policía municipal tendrá potestad para actuar dentro de de un rango de 25 kilómetros a la redonda en la ciudad cabecera. En el caso de los distritos que se encuentren a una distancia mayor y la comuna esté imposibilitada estructuralmente de ejercer la función jurisdiccional vial, se hará cargo la Policía de Mendoza.
"Se va a trabajar en conjunto y se van a delimitar las zonas de influencia de cada uno, donde no llegue el municipio actuará la Policía Vial de Mendoza", dijo Hugo Fiorens, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.
Por región geográfica
Gran Mendoza
Godoy Cruz, Ciudad, Maipú y Luján ya cuentan con su cuerpo de policial vial y Juzgados de Tránsito. Las Heras y Guaymallén tienen la policía pero no así los juzgados.
El Este
Lavalle recurrió a la justicia y planteó la inconstitucionalidad de la ley 9.024 en lo que respecta a la delegación de la seguridad vial en el municipio.
San Martín ya lo tenía implementado, Santa Rosa lo aprobó, Rivadavia y La Paz están con el tratamiento de la ordenanza. En Junín deben arrancar de cero y por el momento, solo están estudiando el tema.
Valle de Uco
Los tres departamentos están en consonancia con la legislación provincial. Tunuyán ya había lanzado su propia policía municipal mientras que San Carlos y Tupungato ya cuentan con personal capacitado.
En el Sur
Alvear aprobó la creación del cuerpo de agentes de tránsito y el juzgado en tanto en Malargüe están capacitando al personal pero no está sancionada la ordenanza. San Rafael recurrió a la justicia para frenar la aplicación de la ley Vial en este punto específico.
