Política
De cara al 2025, Milei habló de Seguridad y confirmó “que seguirá a full con la motosierra”
hace 2 horas
El Gobierno no descarta mandar un proyecto de ley de extinción de dominio que reemplace al DNU presidencial: la oposición quiere rechazarlo por considerar que Mauricio Macri se extralimitó en sus funciones al legislar por decreto en materia penal, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.
El artículo 99 de la carta magna dice que el Presidente podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos".
La oposición, por tanto, sostiene que el DNU de Macri carece de validez porque establece un mecanismo de extinción de dominio que, aunque es una acción civil, afecta al proceso penal. En el Gobierno, en cambio, dicen que en el texto no hay ninguna modificación de carácter penal y que, por lo tanto, el decreto es válido.
Los DNU son analizados por la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que en febrero dictaminó por mayoría el rechazo a este DNU de Macri y a otros dos más: el que transforma la secretaría de Deportes en agencia y el que reasigna al sector privado frecuencias de Arsat.
La oposición ya le avisó al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que en la próxima sesión, prevista para el miércoles 27, pedirán una moción de preferencia con el fin de rechazar tres DNU presidenciales en la sesión siguiente, del 24 de abril.
Los tres están en plena vigencia y solamente la pierden cuando son rechazados por ambas cámaras del Congreso, en respectivas sesiones.
Hasta el momento, no hay ningún antecedente de un decreto presidencial que haya perdido vigencia por haber sido rechazado por ambas cámaras.
En Diputados, el Frente para la Victoria, el PJ y el massismo se unirán para voltearlo. En Cambiemos descuentan que los tres bloques tendrán el número para rechazarlo.
Pero como rechazar un instrumento destinado a combatir la corrupción es a los ojos de la opinión pública un paso en falso, y máximo en un año electoral, los opositores podrían también pedir una moción de preferencia para que en el recinto de la Cámara Baja se discuta el proyecto de extinción de dominio que tuvo media sanción en 2016 y que en 2018 el Senado devolvió con un texto completamente diferente.
La media sanción de Diputados es similar al DNU de Macri mientras que el texto del Senado establece un trámite más largo para consumar la acción civil de extinción de dominio, por lo cual es rechazado por Cambiemos y también por el Frente Renovador: el propio Sergio Massa es autor de la iniciativa aprobada en Diputados hace tres años.
El Gobierno igualmente toma nota de que en Diputados el peronismo (con probable apoyo del kirchnerismo) puede conseguir el número para convalidar el texto del Senado, y por eso no descartan un escenario de veto presidencial que, como todo veto, le causaría un costo político a Macri, justo en un año electoral.
Por eso, en el Gobierno entienden que una salida de este eventual atolladero sería mandar un proyecto de ley nuevo, que reemplace al DNU y que obligue al Congreso a rediscutir la iniciativa. Al fin y al cabo, razonan, el DNU sigue vigente, pese a que la oposición buscará rechazarlo.
“Vamos a tener que tomar una decisión política en estas semanas”, admitió un importante diputado oficialista en diálogo con periodistas acreditados del Congreso.
Proyecto encaminado
A diferencia del berenjenal de extinción de dominio, el proyecto de ley que permite que las empresas privadas puedan financiar la campaña electoral avanza a paso firme en ambas cámaras del Congreso.
El Senado lo tratará en sesión el miércoles próximo y Diputados ya fijó fecha para revisarlo en el recinto: el 24 de abril.
La iniciativa es pretendida por la Casa Rosada y también por el peronismo para ahuyentar los fantasmas de una campaña sin aportes por el caso de los cuadernos de las coimas, como consecuencia del cual varios empresarios desfilaron durante el año pasado por los tribunales.
En otras palabras, si no hay una ley que permita aportes privados para las elecciones, ningún empresario querrá poner un peso. Están asustados, dicen en los pasillos del Palacio del Congreso.
La propuesta habilita los aportes de personas físicas y jurídicas con un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña; obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, y reduce a la mitad el tiempo de programación de televisión y radio destinado obligatoriamente a spots y mensajes proselitistas (antes era el 10 por ciento y ahora, del 5 por ciento).
