El Gobierno provincial inició la ronda de paritarias con los diferentes gremios representantes de los trabajadores del Estado. Si bien se trata de la primera reunión, cosechó varios rechazos a su propuesta inicial, que contempla subas no bonificables y no incluye la tan famosa "cláusula gatillo", instrumento que este año ayudó a los estatales a no perder tanto frente a la inflación.
La oferta, que fue y será la misma para todos los gremios, consiste en un 23% de aumento en cinco tramos (5% enero y 4,5% en mayo, agosto, octubre y diciembre). De hecho, se trata de la misma estrategia que ha utilizado el gobierno de Alfredo Cornejo durante su gestión, utilizar el aumento estimado en el Presupuesto nacional y provincial de la inflación. Sin embargo, los sindicatos rechazaron esta propuesta, conducida por el subsecretario de Modernización, Ulpiano Suárez, en la subsecretaría de Trabajo.
Qué dicen los gremios
El primero en dictar un "no" rotundo fue el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), gremio que nunca acordó con el gobierno del radical, enfrentados desde el 2016 por la implementación del controvertido ítem Aula, que otorga aumentos que rondan el 10% del básico a quienes no faltan más de tres veces al mes o diez al año.
Desde el Sindicato, el secretario general, Sebastián Henríquez, se mostró disconforme con esta propuesta de aumento del 23% en cinco tramos, por lo que se rechazó de plano y adelantó que "no se discutirá en las bases".
“Ni siquiera tiene la cláusula gatillo”, señaló el gremialista, desconfiando de la inflación proyectada para el año que viene, teniendo en cuenta que este año se previó una suba del 15,7% de inflación acumulada y la misma ya fue superada ampliamente.
Además, el sindicato docente pidió un mecanismo de recomposición salarial de este 2018 por el desfasaje inflacionario del 2018 entre los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) zona Cuyo y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), que "ha sido de al menos un 5%".
Recordemos que solamente el gremio Ampros se rige con los datos del organismo local, mientras que los demás eligieron el Indec, que quedó retrasado con sus mediciones.
Sin embargo, Ampros, que representa al régimen 27 (profesionales de la Salud) tampoco aceptó la propuesta del Ejecutivo, pese a que este año fue el sindicato que mejor arregló con el Gobierno. Con su aumento mensualizado con los índices de inflación, ya acumula una suba anual del 37,2%, en comparación con los demás organismos estatales, que llevan un 27,2%.
Lo mismo ocurrirá hoy con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuando se sienten a dialogar en la paritaria. Joaquín Tolosa, secretario gremial, indicó que es necesario un aumento que esté sobre la inflación. "Si no, estamos hablando de ver cómo empatar, pero no es una conquista para el trabajador", dijo.
El gremialista adelantó que la propuesta será rechazada y que, en el caso del Régimen 15 de Salud, exigirán en primer lugar un 10% de recomposición por este año y luego se sentarán a dialogar el 2019. Recordemos que este gremio no tuvo cláusula gatillo, sino un aumento del 21% y luego de un 10% más.
La estrategia del Gobierno
El Ejecutivo sospechaba que esta oferta no se aceptaría, por lo que restará conocer cuál es su "as" bajo la manga para poder destrabar las negociaciones del último año de gestión del Gobernador Cornejo y también año electoral, en el que seguramente buscarán calmar la oposición gremial.
Una de las opciones es aguardar en medio de las reuniones el aumento de salario de noviembre, que contemplará el último tramo de suba, de un 5,5%, más la cuota inflacionaria del mes, por lo que esperan que eso mejore el ánimo de las negociaciones.
Asimismo, el Gobierno cree que no puede presentar la alternativa de la cláusula gatillo, porque eso conspiraría contra sus propias predicciones y las de la gestión nacional del 23%. No obstante, sí estaría dispuesto a analizarlo y seguramente a aceptarlo si el pedido viene de los gremios.
De hecho, la cláusula gatillo fue consecuencia del bono de $ 7.000 de recomposición salarial por el desfasaje de 2017. En paritarias, los gremios pidieron que la recomposición fuera en blanco y el Ejecutivo respondió con la cláusula.
