Sociedad
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hace 15 horas
Un audio y un video podrían convertirse en las pruebas claves en la causa por uno de los femicidios que conmocionó a Mendoza. Norma Carleti (59) fue asesinada de 52 puñaladas el pasado 5 de marzo en su casa de Tunuyán. Por el crimen de la empresaria hay seis imputados: su esposo Leonardo Hisa, Juan Carlos Guerrero, sus tres hijos (Kevin, Alexis y Eber) y la pareja del hombre Susana Hurtado.
El audio que "sacudió" la causa fue grabado por un compañero de pabellón de Kevin. En la conversación, que dura 53 minutos, se escucha al joven relatando detalles estremecedores del homicidio. Asegura que él mató a la mujer tras una negociación entre su padre, Juan Carlos, y el esposo de la víctima, Leonardo Hisa.
En resumen, Kevin dice que su padre le pidió convencer a un amigo para que haga "el trabajo" (matar a norma) solicitado por Hisa, esto no fue posible y Kevin decidió encargarse. La recompensa ofrecida era $300 mil pesos "más lo que había en la casa, que eran unos 10 millones de pesos". Hasta llegó a justificar el inusual ensañamiento del homicidio: "la mujer re rebeló".
Pero, ¿quién grabó esta material y con qué intensiones? ¿cómo llegó a manos de la Justicia?
La existencia del audio en cuestión llegó a oídos de la Justicia la semana pasada, por esto el viernes, el fiscal de Tunuyán Adrián Frick y el de Homicidios Carlos Torres se hicieron presentes en el penal de Boulogne Sur Mer y hablaron con un detenido (supuestamente el ideólogo del audio).
En este encuentro, los fiscales le tomaron declaración testimonial al interno que grabó el audio y le secuestraron el celular que utilizó. El teléfono está bloqueado por eso se está peritando y no descartan que puedan aparecer más pruebas que las ya filtradas.
Luego de esto, el domingo al mediodía, sonó el teléfono del abogado querellante de la familia Carleti, Federico Ábalos. Era un mensaje de WhatsApp de Carlos Albornoz, un interno que fue condenado por la Justicia Federal a 10 años de prisión, lleva 5 tras las rejas.
"Hola doctor Ábalos. Soy Carlos Albornoz Bracamonte, estoy en San Felipe. Soy el chico que grabó a Kevin. Yo lo grabé porque él contaba que había matado a Norma como un chiste", dice el mensaje que dio inicio a un largo chat al que tuvo acceso Los Andes. "Hice lo que tenía que hacer para que el pueblo sepa la verdad", dice en otro mensaje.
"Lo grabé porque él contaba que había matado a Norma como un chiste".
El recluso no deja nunca bien en claro el motivo del contacto con el abogado. Aparentemente, buscaba algún tipo de beneficio por lo que él considera fue un "acto de justicia" y asesoramiento profesional para su causa personal. Desde el primer momento de la conversación, Ábalos le pregunta al condenado cómo había conseguido su número, "un colega me lo pasó", responde insistentemente.
"En los diarios se dice que yo lo grabé (a Kevin) tras amenazarlo de muerte. Pero él (Kevin) lo contó porque quiso", sentenció el interno, y agregó: "En las imágenes se ve bien claro que no está bajo amenaza".
"Yo no amenacé a Kevin".
Albornoz asegura que su vida corre peligro por esta situación y pide protección. Aunque luego se resigna y dice que "no le tiene miedo a nadie" y que "se las arreglará solo". En medio de todas estas confesiones, el querellante le deja bien en claro de que toda la charla será enviada inmediatamente a los fiscales intervinientes y que si realmente quiere colaborar que le pase el PIN de desbloqueo para acceder a las grabaciones. Material que finalmente le envía por esta vía. "Todo ya está incorporado a la causa: video, audio y las capturas de esta conversación", aseguró el abogado querellante, Víctor Ábalos.
"Mire ni yo (Dr. Federico Ábalos) ni el dr. Víctor Ábalos nunca vamos a hacer algo fuera de la ley. Todo lo que me está enviando, y siga enviando, lo estoy poniendo a disposición de los fiscales de la causa. Si está amenazado de muerte como usted dice, le aconsejo que haga la denuncia pertinente ante las autoridades penitenciarias", sentencia el letrado.
El chat, por momentos tenso ya que el preso amenaza con "cortar todo" sino le garantizan de que está hablando con el querellante, es bastante extenso. El interno intenta conseguir algún beneficio por el material, aunque asegura que lo hizo "por justiciero" y que si el audio llegó a él es "porque Dios es justo".
"Nadie me pidió que me contactara con usted. Gracias, yo quemo todo, que esto llegue hasta donde Dios quiera", finaliza el interno Albornoz.
El video
La defensa de Hisa, con dudas
"Estoy sorprendido como defensor por dos cuestiones. Escuchaba explicar al doctor Ábalos cómo llegó este video. Pero la verdad es que en el expediente no surge cómo apareció este video, ni la persona que lo hizo, ni nada de esto. Desde lo procesal deja bastante que desear la metodología utilizada, porque ha sido toda una cuestión oculta", criticó Daniel Sosa Arditi, abogado defensor de Leonardo Hisa, en comunicación con radio Mitre Mendoza.
Sobre esto, Víctor Ábalos remarcó que el material primero llegó a la Justicia y luego a ellos tras esta comunicación. "Lo único que hicimos fue remitir todas las capturas y el material que nos envió inmediatamente a los fiscales", agregó. "Todo esto ya está incorporado a la causa", concluyó.
Cambio de carátula y detenciones
Tras estos audios, el viernes pasado los fiscales Torres y Frick decidieron incluir el agravante de femicidio a los imputados y ordenar la detención del padre de los guerrero y de su pareja.
Ahora, el ex legislador Leonardo Hisa está imputado como instigador por femicidio, homicidio agravado por el vinculo y por precio o promesa de recompensa.
Mientras que los hermanos Kevin, Alexis y Eber Guerrero, acusados como coautores del crimen, serán juzgados por femicidio y homicidio agravado por precio o promesa de recompensa.
Por su parte, los dos nuevos detenidos Guerrero padre y Susana Hurtado fueron imputados como partícipe necesario primario y partícipe necesario secundario, respectivamente.
En caso de que los acusados sean encontrados culpables todos recibirían la pena de prisión perpetua, excepto Susana Hurtado quien tendría que cumplir una sentencia de 10 a 15 años, destacó el abogado querellante.
