La Municipalidad de Luján de Cuyo, flamante propietaria del predio y del edificio donde funcionaba el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo –y donde se investiga la presunta comisión de abusos sexuales contra los ex estudiantes– no podrá realizar "modificaciones sustanciales" en el lugar; al menos no sin antes comunicárselo al Ministerio Público Fiscal. Así lo dispuso el fiscal Gustavo Stroppiana, considerando que dichas acciones "pueden llegar a afectar el curso de la investigación".
Si bien la disposición se encontraba vigente desde fines de febrero –cuando finalizó la intervención judicial y el fiscal devolvió el edificio a la Asociación Obra San José (ex dueños) con esta apreciación–, a pedido de la querella Stroppiana reiteró este pedido, ahora con el agregado de tener que notificar a la comuna lujanina.
Fundamentos
De acuerdo al escrito actual presentado por el abogado Oscar Barrera, la reiteración del pedido, que se presentó inicialmente en febrero, se hace “fundado en la complejidad de la causa, la existencia de víctimas que aún no habían (ni lo han hecho hasta la actualidad) denunciado los abusos sexuales padecidos, y la posibilidad de realización de un futuro juicio oral”.
De hecho, la querella toma como referencia una nota de Los Andes que compara cómo estaba el Próvolo en mayo de este año y cómo se lo vio el miércoles último, cuando el intendente de Luján, Omar De Marchi lo reabrió y lo mostró a los medios.
“Se han publicado imágenes que dan cuenta de cambios en el edificio y el predio en el que se emplaza. Ante ello, solicitamos arbitre las medidas pertinentes a los efectos de constatar el estado del inmueble, ordenando una inspección ocular, con allanamiento en caso de ser necesario, a los efectos de constatar si se ha realizado alguna modificación violatoria de las condiciones de entrega”, destaca.
En tanto, desde la Municipalidad lujanina indicaron que hasta el momento no recibieron ninguna notificación al respecto.
Decomiso del inmueble
Sergio Salinas, otro de los abogados querellantes, también presentó en las últimas horas dos pedidos.
El primero de ellos, en sintonía con Barrera, es el de “no innovar” en el bien en cuestión, lo que también impedirá que la comuna realice obras en el lugar.
El segundo de ellos, en tanto, tiene que ver con el decomiso del inmueble (similar al que ya había realizado en octubre del año pasado). El pedido fue dirigido tanto a Stroppiana como a la jueza de Garantías, Alejandra Alonso.
“Llama la atención que se haya concretado esta compra, más teniendo en cuenta que el Estado compra un bien cuyo devenir natural es el decomiso para que quede en el mismo Estado, además de para el resarcimiento de las víctimas”, sintetizó Salinas.
Fecha del juicio
El martes 25 de setiembre, a las 9.35, tendrá lugar una audiencia clave de cara a definir la fecha del juicio por los casos de abusos sexuales denunciados en el Próvolo.
Ese día se celebrará la audiencia preliminar en el Tribunal Penal Colegiado 2, y será en este contexto cuando se definirá finalmente la fecha de inicio del proceso de la causa (por ahora sólo se ha hecho la elevación de la primera de las dos).
Las pericias suman nuevos hechos de abusos
Ayer culminaron las pericias psiquiátricas ordenadas por la Justicia a raíz del pedido de la defensa de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, dos de las imputadas por abuso sexual y por encubrimiento en el instituto religioso.
Los chicos, que ya habían relatado haber sufrido algún tipo de abuso o ataque mientras estudiaban y dormían en el Próvolo, ampliaron sus declaraciones en cámara Gesell; esta vez ante los intérpretes de confianza, los peritos oficiales y especialistas aportados por la defensa de los acusados y por la querella.
De estas declaraciones surgieron tres episodios que no habían sido denunciados oportunamente. Se trata de dos que involucran al cura Horacio Corbacho y uno que tiene como protagonista a Kosaka. Sumando los anteriores más los de estos días, se llega casi 60 episodios.
Además, de las recientes declaraciones de los chicos surgieron detalles que podrían llevar a que el mayor de los curas detenidos -el italiano Nicola Corradi- sea imputado además por omisión. El anciano sacerdote ya está acusado como autor de algunos abusos que están en el expediente, pero se lo imputaría además por unas 50 omisiones.
Corradi y Corbacho integran la primera de las tres causas del caso Próvolo -junto a los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez- y es la única con pedido de elevación a juicio.
