Un total de 90 cóndores fueron encontrados muertos en menos de dos años en Argentina debido a la ingesta de tóxicos ilegales, algo que no solo pone en riesgo a esta especie sino a "todas las formas de vida", dijo el titular de la Fundación Bioandina, Luis Jacome.
De ellos, 34 fueron hallados a principios de 2018 en Malargüe. Estas aves, que en la provincia son monumento natural provincial, fallecieron por una práctica peligrosa entre los ganaderos andinos, quienes buscan alejar a los depredadores (como perros, zorros y pumas) utilizando venenos ilegales.
Al verter estos tóxicos se está poniendo en peligro "la salud del equilibrio ambiental, no solo del cóndor, sino de todas las formas de vida -que entran en contacto con el veneno-, al agua, a la tierra y a los humanos", afirmó Jacome, tras recordar que las aves carroñeras como el cóndor andino son las "encargadas de mantener la limpieza del ambiente".
Vale recordar que en octubre pasado el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la elaboración, la importación, el fraccionamiento, la comercialización y el uso de las sustancias activas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol y sus productos formulados. Estos fueron identificados como los venenos habituales relacionados con la muerte de cóndores.
Al respecto, Adrián Gorrindo, jefe de fauna de la secretaría de Ambiente de Mendoza explicó que la medida le cierra las puertas a las posibilidades que tienen los puesteros de acceder al carbofurán, que es el veneno más utilizado.
Agregó además que se sigue trabajando en la ley de trazabilidad de agrotóxicos (presentada por Federico Zamarbide en el congreso), que permitirá saber la procedencia de estos en caso de algún incidente.
Jennifer Ibarra, titular de fundación Cullunche dijo que de todas formas es una reglamentación todavía laxa. "Recién se aplicará dentro de un año y no prohíbe el granulado, que es lo que más se utiliza para los cultivos de papa y ajo. Es un comienzo, pero falta que se trate la trazabilidad y la prescripción", explicó Ibarra.
En detalle
De los 6.700 ejemplares existentes de la especie, "90 víctimas representan el 1,4 % de la población, que en términos humanos equivaldría a 105 millones de personas. Es como si de golpe, en pocos meses, desapareciera toda la gente de Argentina, Bolivia, Chile y Perú", explicó conmovido Jacome, tras calcular que se tardaría 150 años en reparar este daño ambiental.
Según explicó Ibarra, el cóndor vive en toda la región andina, desde Ecuador hasta el sur, incluso en Tierra del Fuego. "Pueden encontrarse en Córdoba también, en la sierra del condorito".
Para el caso de Mendoza, sucedido a principios de año en Malargüe, donde se encontraron 34 cóndores muertos, el porcentaje representa 0.5% del total. Esto, comparado con la población mundial representa aproximadamente 37,5 millones de personas, es decir, la mayor parte de los habitantes de Argentina.
Gorrindo aseguró que es difícil censar a esta especie, sobre todo porque su hábitat se encuentra en sitios inaccesibles. "No es imposible, pero requiere muchos recursos. De todas maneras no está en peligro de desaparecer, aunque sí está en una situación vulnerable", confirmó.
Los "masivos" incidentes comenzaron a principios de 2017 cuando aparecieron 19 ejemplares muertos por envenenamiento en Jujuy. Le siguieron 34 sucesos a principios de 2018 en Mendoza y, por último, 23 fueron encontrados en la Patagonia. Estas víctimas, junto a otras muertes dispersas registradas en el país, alcanzan la cifra de 90.
Una buena
Según indicó Gorrindo, los dos ejemplares hembra encontrados en Lavalle a principios de octubre se recuperan favorablemente y la intención de la secretaría es que sean liberados antes de fin de año. Se trata de un ejemplar juvenil y uno adulto que fueron encontradas en una finca de Jocolí.
"Quedaron bajo atención primaria. Ahí se les detectó presencia de plomo en sangre. Esto puede haber sido porque consumieron algún animal que había sido baleado. De todas formas, no se detectó plomo en las radiografías. Para este trabajo fue muy importante el trabajo en equipo con la fundación Cullunche y la Bioandina", dijo el jefe de Fauna provincial.
Por otra parte, agregó que los animales están en tratamiento en el centro de rescate de la fundación Cullunche ubicado en San Carlos. "En un mes y medio estaríamos devolviéndolas a su entorno natural", aseguró el funcionario.
El titular de Bioandina indicó además que más allá de este caso en particular, en Mendoza se están tomando medidas concretas desde hace un tiempo para la preservación del cóndor. "Es una de las provincias pioneras en esto. De hecho, por el caso de Malargüe metió presas a dos personas. Además tiene santuarios, capacita guardaparques y educa sobre la vida de este animal. En Mendoza se está luchando", terminó.
Cada vez menos
Naturalistas como Charles Darwin y Francisco Pascasio Moreno -popularmente conocido como 'Perito Moreno'- dataron en sus cuadernos que esta especie, una de las más grandes del mundo -ronda los tres metros de longitud con las alas extendidas-, era vista con facilidad sobrevolar la costa atlántica.
Pero tal concurrencia de aves no ha vuelto a ser así hace 100 años, explica Jacome, ya que la población disminuyó con la llegada del hombre blanco, quien organizaba "matanzas sistemáticas" a esta y otras especies.
Es por eso que en 1991 se puso en marcha el Programa de Conservación del Cóndor Andino, que trabaja en la recuperación de los vuelos de esta ave tan apreciada para el ecosistema de Latinoamérica y para los pueblos originarios, quienes siempre han honrado la presencia de esta especie y la consideran un nexo entre Dios y los hombres.
El programa ha conseguido rescatar 311 aves y ha liberado un total de 176 individuos en la región latinoamericana desde 2003. De estas, 149 liberaciones se produjeron en territorio argentino. Para que cambie el destino del cóndor andino, especie en peligro de extinción y Monumento Natural en diversas provincias argentinas y Chile, la labor del estado es "fundamental".
La organización está a la espera de que se apruebe la Ley de Trazabilidad de los Agrotóxicos, para que se controle la producción y la distribución de estos compuestos, así como una modificación al código penal para que estas intervenciones en la naturaleza se contemplen como un delito ambiental.
Además de este marco legal, la organización reclama la fiscalización de las sanciones que se establecen y educación en las aulas. "Es un delito ambiental gravísimo del que necesitamos tomar conciencia", advirtió Jacome.
