El inicio
Desde 2013, una importante cantidad de denuncias por estafas comenzaron a acumularse en fiscalías -básicamente de Guaymallén- que hacían referencia a personas que habían venido desde distintas provincias para comprar vehículos nuevos, o casi nuevos y en muy buen estado, que se vendían en campamentos de gitanos del Gran Mendoza.
Cuando el número de las presentaciones fue lo suficientemente grande las causas se acumularon en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Santiago Garay y luego fueron a parar a la Unidad Fiscal de Guaymallén a cargo de los fiscales Gonzalo Marzal y de Tomás Guevara.
El mecanismo en apariencia era sencillo, pero a poco de escarbar salió a la luz como factible que no se estuviera ante unas simples estafas. Y abogados de los damnificados comenzaron a pedir que el expediente se caratulara como asociación ilícita y no como estafa genérica.
Mecánica
De acuerdo con lo investigado por los fiscales Marzal-Guevara a partir de pruebas que les llegaban, la mecánica del engaño se repetía siempre del mismo modo.
Se colocaban avisos en páginas web como Mercado Libre, OLX, Alamaula.com, y en diarios de todo el país. No en Mendoza.
Los clasificados ofrecían camiones, camionetas y algunos autos de alta gama a un precio levemente inferior al de mercado pero todos en excelente estado, algo que tentaba a los futuros compradores, que después de arreglar con los vendedores viajaban de distintos puntos del país para llevar adelante una transacción que casi nunca llegaba a buen puerto.
El comprador aparecía con el dinero en el campamento gitano y miraba absorto el vehículo: nuevo o casi nuevo. Las familias de los gitanos que estaban involucrados en el negocio eran siempre las mismas: los Juan y los Esteban.
Engaño tipo
En uno de los expedientes, un gitano que declara en calidad de arrepentido cuenta de qué modo se llevaba a cabo todo: "Una vez que el cliente llegaba y se acordaba el precio del camión se iba al Registro del Automotor donde, efectivamente, el vehículo estaba registrado (a nombre de una mujer de la comunidad gitana).
Luego se iba a hacer la verificación técnica, donde la misma se hacía en pocos minutos (de acuerdo con los dichos de este testigo allí se le pagaba a un verificador ya que era muy notorio que algunos vehículos iban a ser verificados tres o cuatro veces por mes).
Una vez concluidos estos dos trámites, el cliente dejaba la plata en manos de los vendedores (nunca menos de 300 mil pesos) y -la parte curiosa que se repite en todas las estafas- la víctima era invitada a comer un asado al campamento gitano.
“Lo hacían para ganar en confianza”. Mientras, el gestor o la gestora iba a hacer la transferencia para que el visitante se llevara el vehículo.
Un problema
En medio del asado, los gitanos atendían un llamado telefónico -o supuesto llamado telefónico- en el que teóricamente les decían que había surgido un problema con la transferencia: un problema con la Afip por el formulario Ceta que impedía que el vehículo pudiera ser llevado por el comprador.
La excusa era la misma: para solucionar ese 'pequeño' inconveniente impositivo había que esperar al día siguiente; pero eso nunca ocurría.
Hasta que después de casi una semana en Mendoza, los compradores volvían a sus provincias de origen con la promesa de que en los diez días hábiles todo llegaría a buen puerto.
Pagaré y penuria
Antes de regresar a sus provincias, los gitanos les daban a sus víctimas un pagaré con todas las de la ley: se firmaba ante escribano público y con los sellos correspondientes. El tema es que nunca ese pagaré era pagado.
"Igual, esa situación fue la que más los comprometió a los acusados", trae a la luz Pablo Cazabán, uno de los abogados de las víctimas.
Reiteración
Con el paso de las estafas -que se calculan en más de 200 en los últimos dos años- se formó una cofradía de engañados que con la sigla GEM (Grupo de Estafados en Mendoza), llegó a conocer cierta fama a partir de una carta publicada por el diario Los Andes dirigida al gobernador Alfredo Cornejo (ya conocido por su discurso anti-delincuente) en la que se quejaban del accionar de la Justicia en sus causas.
Querellantes
Muchas de las víctimas se constituyeron en querellantes y por la presión ejercida se detuvo a uno de los gitanos, y más tarde a otro.
Este último, por consejo de su abogado, Oscar Adarvez, hizo las veces de arrepentido y contó de qué modo estaban relacionadas las familias Juan y Esteban, con cuánto se arreglaba a los de la planta verificadora y a algunos policías de Guaymallén para que las denuncias de las víctimas no prosperaran; los gestores que trabajaban con los gitanos y otros detalles que terminan en una masiva detención por parte de los fiscales Guevara-Marzán, quienes decretaron la asociación ilícita como un delito previo a las estafas.
Imputados
Un total de 30 personas fueron imputadas por asociación ilícita, pero no por las estafas. Muchos de ellos estuvieron presos poco tiempo pero accedieron a la libertad, situación de la que todos gozan al día de hoy.
Todos fueron detenidos en julio de este año en procedimientos llevados a cabo en Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Palmira, en el que se secuestraron 11 vehículos y se detuvo a más de 25 personas. Ocho accedieron a juicios abreviados firmados por el juez de Garantías Aníbal Crivelli (el juicio abreviado es cuando los defensores pactan con el fiscal la condena).
Luego el fiscal y los defensores pidieron la misma solución para otros siete imputados, pero Crivelli se inhibió (ya había participado en el primer juicio abreviado) y pasó el caso a la jueza Alejandra Mauricio, quien siguió otro criterio y no avaló los juicios abreviados.
El fundamento de la negativa era que los sospechosos no debían ser juzgados por un solo delito (asociación ilícita) sino también por todas las causas (la larga serie de presuntas estafas).
La diferencia no era menor porque con el criterio de Mauricio, si eran encontrados culpables recibirían una pena de cárcel efectiva. En cambio, los siete gitanos que sí recibieron penas de tres años condicionales no fueron presos.
La medida de Mauricio fue apelada y una Cámara de Apelaciones decidió que lo sugerido por Mauricio no era correcto, por lo que ahora se está a la espera de que otro juez de garantías se haga cargo de decidir si esta fracción de imputados accede o no al juicio abreviado por asociación ilícita.
50 Millones de pesos
De la pesquisa, salió a la luz que los sospechosos compran los vehículos a nombre de las mujeres gitanas del campamento de manera legal.
De hecho se cree que tienen cuentas corrientes con concesionarios de Toyota en Rosario, en donde compran una -por ejemplo- Hilux 0 km, y que después de un año la entregan como parte de pago de otra nueva y financian el saldo; "pero para entonces ya vendieron la usada cinco o seis veces y nunca la entregaron", como explica un abogado de los damnificados que especula en más de 50 millones de pesos el monto de todas las estafas comprobadas (se calcula un promedio de 300 mil pesos por estafa y hay mas de 200 denunciadas).
A su vez, esos vehículos que luego eran buscados por la Policía, desaparecían. Incluso en la pesquisa se habla de más de diez lugares en el Gran Mendoza y en la Zona Este, donde esos rodados podían estar escondidos, pero que nunca fueron hallados.
Para los especialistas, esos camiones, camionetas y autos ya no están en la provincia.
Mañana llegan
Para mañana está prevista la llegada a Mendoza de integrantes de GEM (los estafados) para saber cómo siguen sus causas. Las víctimas están disconformes con lo actuado por los fiscales y han pedido una audiencia con el procurador general, Alejandro Gullé, o bien con el fiscal general adjunto, Fernando Guzzo.
Un caso en primera persona
Maximiliano Kornn (39) vino desde Tierra del Fuego en febrero de este año a comprar un camión Scania. Trajo una camioneta Cherokee y 300 mil pesos para la transacción.
"Me llamó la atención que en la planta verificadora uno de los gitanos le diera unos pesos a un viejito y la verificación se hiciera en minutos. Después un policía me dijo que esa gente conoce las estafas de los gitanos y que debería haberme advertido. Cuando ya veía que no me iban a dar el camión fui al campamento y dije que no me iba de allí sin el camión o mi dinero. Al rato se pusieron violentos y llegaron otros gitanos por lo que me fui del lugar. Hice la denuncia en la fiscalía de Guaymallén pero no secuestraron el Scania. Después pasé tres días más por la puerta del campamento y el camión que me habían vendido seguía allí, a la venta".