El rebrote de acciones violentas por parte de grupos que reivindican derechos mapuches en el sur argentino generó en la semana tensión entre la Nación y las provincias afectadas por esos hechos.
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, criticó públicamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de que éste emitiera un comunicado señalando que “no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región”.
Con esa expresión, el titular del Ejecutivo Nacional lo que hizo fue responderle a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que había exigido la participación de tropas federales para aplacar la acción vandálica y amenazante de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
El punto culminante fue el ataque incendiario a un tradicional club de El Bolsón, donde los belicosos también dejaron leyendas con amenazas.
El mencionado funcionario chubutense también criticó públicamente la presencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en una audiencia judicial para considerar pedidos de libertad condicional para el líder mapuche Jones Huala, preso y condenado por ataques graves en zonas del sur chileno que también reclamadas por la organización que lidera.
La actitud del diplomático generó sorpresa y malestar en el gobierno trasandino y serias críticas de la oposición en nuestro país.
Surge un interrogante: ¿es la de Rafael Bielsa la postura del gobierno argentino sobre la violencia mapuche en el Sur?
Tanto el Presidente como su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, accedieron, finalmente, al envío de efectivos federales a Río Negro, pero efectuando una interpretación de los alcances de la ley de Seguridad Interior para la remisión de fuerzas a las provincias.
Debe destacarse que la mencionada norma avala el empleo de los “elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación” a fin de alcanzar los objetivos de “resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
Por otra parte, la legislación determina que forman parte del sistema de seguridad interior el Presidente de la Nación, los gobernadores de las provincias, el Congreso Nacional, los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia y las policías Federal y de provincias, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
Los gobiernos provinciales, según la apreciación del ministro Aníbal Fernández, tienen la responsabilidad de las medidas de seguridad en su jurisdicción.
La postura es razonable, pero no impide que, en virtud de la gravedad de los hechos, se requiera el aporte de fuerzas dependientes de la Nación.
Además, la justicia federal solicitó medidas para investigar la existencia de una organización destinada a imponer sus ideas por la fuerza, según la explicación de la fiscal actuante a partir de la denuncia por “terrorismo” efectuada por la gobernadora de Río Negro.
Queda la sensación de que un grave problema que técnicamente puede resolverse con la simple aplicación de una ley queda atrapado por diferencias políticas que se superponen a la letra de la legislación vigente.
La sensatez indica que debe actuarse con firmeza para neutralizar a una organización violenta que no reconoce pertenencia a la Argentina.
