Es llamativo como un gobierno que admite que se vio obligado a aplicar una sensible devaluación, de la que responsabilizó al Fondo Monetario Internacional, sale a los pocos días a poner en práctica medidas de dudosa eficiencia en un contexto cada vez más comprometido, entre otras razones, por el desmedido nivel de gastos del Estado.
Los jubilados, tanto los que perciben el haber mínimo como los de haberes superiores, están desbordados mensualmente por la trepada inflacionaria. Los ajustes automáticos trimestrales no llegan a compensar el desfasaje.
Es correcto que se haya priorizado en este caso al mayoritario grupo de los que perciben la llamada jubilación mínima, pero los restantes dos millones quedan expuestos ante la inflación y deberán absorber la diferencia sólo con sus ingresos.
En lo que compete al empresariado, los sectores de la pequeña y media empresa rechazaron mayoritariamente la medida por la forma inconsulta en que fueron colocados ante una obligación que no pueden afrontar en su mayoría.
Además, los expone a un compromiso que se interpone con otro tipo de negociaciones vigentes entre sus empresas y los trabajadores.
Y en lo estrictamente político llamó la atención la dispar reacción de gobernadores e intendentes, especialmente los identificados con el espacio gobernante a nivel nacional. Como que esta vez se hubieran rebelado contra sus jefes nacionales.
Un buen número de provincias y municipios anticipó que no aplicará el pago del llamado bono especial por no disponer de los recursos para ello o por exceder los aspectos presupuestarios previstos para el año en curso.
Más de un funcionario, en todo caso, puede haber quedado esperando el llamado desde la Nación con algún anuncio de ayuda para hacer frente al correspondiente pago.
Una suerte de nuevo “plan platita” para el que escasean los fondos como consecuencia de la turbulencia en la que se halla inmersa la economía.
Son 14 las provincias que no pagarán en esta instancia, en la mayoría de los casos por considerar que la denominada suma fija dispuesta por el ministro y candidato presidencial forma parte de las negociaciones paritarias en sus respectivos distritos.
Postura muy incómoda para el gobierno nacional en momentos cruciales, ya que debe encarar las elecciones generales en medio de la peor tempestad económica y social de su floja gestión.
El último informe del Fondo Monetario Internacional, tras aprobar el desembolso de 7.500 millones de dólares, resultó lapidario y no puede ser mirado con enojo: la Argentina no cumplió con los objetivos prometidos de acumulación de reservas, todo lo contrario, al igual que en lo referido a la reducción del déficit fiscal.
Esos recursos sí le sirven al Gobierno para “salvaguardar la estabilidad y afianzar la sostenibilidad a mediano plazo”, según lo que sostuvo el organismo internacional de crédito.
Pese a ello, la conducción económica, a cargo del candidato presidencial oficialista, volvió a ensayar medias asistencialistas llamadas a neutralizar los efectos de los desaciertos de su propia gestión.
