Es evidente que el deterioro económico actual juega cada vez más en contra de las expectativas electorales del oficialismo. Esto posiblemente explique por qué sus referentes, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, han decidido como nunca embestir contra la oposición y otros poderes de la república.
En sus expresiones públicas recientes, en redes sociales y en una entrevista televisiva, la Vicepresidenta insistió con el argumento de que su eventual candidatura está “prohibida por el Partido Judicial”, como denomina a jueces y fiscales a los que considera instruidos por la oposición política para obrar en su contra. Incluye a la Corte Suprema, obviamente.
Sin embargo, Cristina de Kirchner no está proscripta, como suele señalar. Se encuentra condenada por hechos de corrupción y pesa sobre ella una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, pero nada le impide presentarse a elecciones, si así lo quisiera, ya que aquella sentencia no se encuentra firme.
También reiteró la titular del Senado descalificadores conceptos sobre la labor de la Justicia. “El Partido Judicial funciona como una ‘task force’ (grupo de trabajo) de Juntos por el Cambio”. Insiste con el concepto de que la Corte y jueces de instancias inferiores se encuentran al servicio de la política, en este caso de la oposición como meros ejecutores de órdenes partidarias. “Es un dispositivo de persecución”, dijo.
Además, aquella definición es muy fácil de emparentar con los tristemente recordados “grupos de tareas” cívico-militares que actuaron durante la última dictadura argentina para la tortura y secuestro de personas. Es aquí donde sale a flote claramente la intención kirchnerista de comparar a los integrantes de la oposición con el accionar de un gobierno de facto. ¿Busca deliberadamente generar el error conceptual de la ciudadanía?
Precisamente, el voto permite la elección democrática del estilo de política que la mayor parte de la sociedad busca. Y si esa propuesta no es llevada a la práctica conforme las expectativas generadas, es nuevamente a través del voto que se logra la alternancia democrática necesaria en dichos casos. Y aun si un gobierno no logra sostenerse, como ocurrió a principios de este siglo, la Constitución prevé los mecanismos para que la democracia siga funcionando, tal como lo fue entre diciembre de 2001 y mayo de 2003 (renuncia del presidente De la Rúa y asunción del presidente Kirchner, respectivamente).
Además, la vicepresidenta de la Nación, en una de sus tantas apreciaciones de tono irónico, dijo encontrarse ya no sólo proscripta sino con “libertad condicional” a raíz de su situación judicial. Una burla a la normativa vigente. El Código Penal explica claramente qué es la libertad condicional. Es la posibilidad que tiene una persona condenada de terminar de cumplir su pena de prisión fuera de la cárcel, con algunas limitaciones. Ya se ha explicado que no es esa su situación actual. Menos aún se puede tolerar la insistencia con otro concepto tal vez más peligroso: proscripción.
Esta inapropiada forma de proceder pareciera querer dejar de lado el debate que realmente deberían dar las fuerzas políticas de cara a las elecciones, que pasa por el deterioro de la condición social de una gran parte de la población.
El discurso reiterado que alude a inexistentes proscripciones puede generar un escenario tenso y trasladable al próximo periodo constitucional si el actual oficialismo es depositado por el voto popular en el rol de oposición.
