El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que el Gobierno debe “administrar con responsabilidad e inteligencia los saldos exportables” de trigo, de maíz y de carne. Lo dijo en un acto junto al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández, mientras anunciaba un proyecto de ley para fomentar la agroindustria.
Sus palabras causaron incertidumbre en el sector agropecuario. Un par de días antes, en una reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA), Domínguez había anunciado la flexibilización del cepo a las exportaciones de carne a China. El país asiático es nuestro principal comprador de carne vacuna. Como requiere cortes que no se consumen en el mercado interno, se autorizará un equivalente cercano al 80% de lo que se exportó el año pasado a ese destino. La postura del Gobierno nacional fue recibida como una buena noticia por los sectores implicados. Por lo tanto, que ahora el ministro anuncie un proyecto de ley que promoverá la industrialización de las materias primas para agregarles valor debía representar un estímulo positivo. Un símbolo de que el oficialismo habría decidido firmar una especie de tregua con los productores en vez de seguir haciéndolos responsables de la inflación.
Tengamos en cuenta que el desarrollo sustentable de la agroindustria es algo que se discute en el país, en un sentido moderno, al menos desde la década de 1970, sin que hasta hoy se haya encontrado la fórmula adecuada para todas las materias primas que se podrían incluir en el programa. Además, cuando se avanzó en un esquema potable para algunas en particular, pocos años más tarde el gobierno de turno decidió arbitrariamente cambiar las reglas de juego.
Sin embargo, las palabras del ministro fueron interpretadas por las entidades agropecuarias como una señal de que el Gobierno seguirá controlando las exportaciones con el argumento de que debe “cuidar la mesa de los argentinos”. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa (Carbap), por ejemplo, sostuvo que si la exportación de carne sigue estando por debajo del 25% de lo que se produce cada año, los ganaderos no tendrán ningún incentivo para invertir.
Las estadísticas, por cierto, parecen refutar los argumentos de las autoridades. Si se comparan los volúmenes faenados hasta agosto, cuando se hizo sentir el cepo, con los de 12 meses atrás, se registra una caída del 5%. Frenar la exportación no aumentó la oferta en el mercado interno, donde, además, se advierte una fuerte caída del consumo por la pérdida de poder adquisitivo salarial.
En fin, la mejor política para quien gobierna es consensuar medidas con los agentes económicos, en vez de intervenir los mercados.
