El ministro Sergio Massa quiere dar la señal al mercado de que bajará el déficit fiscal en 2024, e inclusive que pasará a un superávit primario de 1% del PIB, si es elegido presidente. Pero, a la vez, no quiere exhibir qué ajustará para lograr ese objetivo, de modo que recurre a proponer una disminución del gasto tributario, que no es otra cosa que eliminar exenciones impositivas o tratamientos tributarios diferenciales, que implican subir la ya muy elevada presión tributaria. Es decir, subir los impuestos, en lugar de bajar el gasto público.
Implicancias
- Eliminar la exención para inmuebles rurales en el impuesto a los Bienes Personales (0,48% del PIB): implica subir los impuestos al sector sobre el que recae la mayor presión tributaria y al que se aplican tributos extraordinarios, que raramente existen en otros lugares del mundo. En todo caso, la propuesta podría justificarse si a la par se eliminaran los Derechos de Exportación, situación en la cual la presión tributaria sobre el sector, en términos netos, bajaría en forma importante.
- Exención del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial (0,16% PIB): sería una medida progresiva, pero ha sido considerado anticonstitucional en el pasado y por ese motivo se acordó levantar la exención para los ingresantes al Poder Judicial desde el año 2017.
- Alícuotas reducidas del IVA (0,62% del PIB): beneficia a la construcción de viviendas; la comercialización de carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la medicina prepaga y sus prestadores; la venta de productos de panadería y las obras de arte. En algunos casos, llevar la alícuota al 21% sería regresivo (alimentos) o impopular, como en el caso de salud y educación.
- Promoción económica de Tierra del Fuego (0,33% del PIB): es razonable a largo plazo, pero potenciando otras herramientas para el desarrollo económico de la isla (turismo, pesca, energía, etc.).
