En Mendoza, ha trascendido que podrían fusionarse las de Guaymallén y Maipú. También podrían perderse proyectos de innovación territorial.
Por estos días reina la incertidumbre entre los trabajadores del INTA (Instituto Argentino de Tecnología Agropecuaria), que se extiende a aquellas organizaciones productivas que trabajan en conjunto con los profesionales del organismo. En Mendoza, se habla de que podrían fusionarse las Agencias de Extensión Rural de Guaymallén y Maipú, pero ya dejaron de funcionar, el año pasado, programas como el ProHuerta.
El 14 de febrero se cumplieron los 75 días que se habían acordado para que la Dirección Nacional del INTA definiera de qué manera podía hacer más eficiente la tarea. Esto, como alternativa al planteo inicial del Gobierno nacional de despido de unos 1.500 empleados en todo el país (de un total de 6.123 agentes, de los que 5.280 pertenecen a la planta permanente y 843 no) y venta de inmuebles.
Ese tiempo fue utilizado para elaborar una propuesta de rediseño de la estructura, en conjunto entre la Dirección Nacional y los Centros Regionales (el de Mendoza y San Juan es uno). Si bien se trató de evitar el despido de 1.500 personas y una reducción del 20% del organismo, se tuvo que definir algunos ajustes.
En el caso de las Agencias de Extensión Rural, se eliminarán 41 en todo el país. En la Estación Experimental Mendoza, que tiene cinco de estas agencias, habría que quitar una y lo más probable es que se fusionen las de Guaymallén y Maipú, que se encuentran relativamente cerca.
Sin embargo, la preocupación no sólo se centra en los puestos de trabajo, sino en la pérdida de presencia en el territorio. Es que estas agencias acompañan y fortalecen a las cadenas productivas y a entidades como los clústeres o las asociaciones de sectores, en el caso de Mendoza, como la vitivinicultura, los frutos secos, la fruticultura, la ganadería y la horticultura.
En estos espacios no sólo se brindan alternativas o se comparten los resultados de las investigaciones con los productores, sino también a ciudadanos. Un ejemplo de esto se dio con la chinche del arce, que generó preocupación en la población.
El año pasado se dio de baja al programa ProHuerta, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que ejecutaba el INTA. Si bien el asesoramiento se sostiene -de hecho, en este momento están brindando una capacitación sobre huerta orgánica- ya no se entregan en forma gratuita las semillas. Esto, resaltan, tal vez no tenía un impacto económico productivo directo, pero sí cumplía una importante función social.
Lo mismo sucedió con otra pata de este programa, que era la entrega de pollitos de una raza de gallinas ponedoras que desarrolló el instituto: la Araucana INTA. Y que permitía que algunas familias produjeran sus propias hortalizas y obtuvieran huevos. Si bien se ha mantenido la base genética de estos animales, ya no hay multiplicación. Se trata, subrayaron, de algo parecido con lo que puede suceder con un cajero automático en una localidad de Lavalle, que no rentable para el banco, pero sí implica un beneficio significativo para la comunidad.
El recorte previsto también implicaría la baja de más de 75 plataformas de innovación territorial en todo el país, que suelen trabajar con pequeños productores. Una de ellas es la que se enfocó en los cultivos andinos y que avanzó en la reintroducción de la quinoa para consumo.
Por lo pronto, los empleados están aguardando una comunicación oficial sobre qué decisiones se van a tomar, ya que hasta ahora sólo se trata de trascendidos (no ha sido emitida aún una resolución), y qué impacto tendrán en la labor que hoy desarrolla este organismo.
A fines de noviembre, el Gobierno nacional anunció que iba a realizar una profunda modernización del INTA y que este proceso iba a incluir la venta de edificios y tierras subutilizadas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que “ninguna oficina estatal tiene derecho a extirparle la riqueza a los argentinos” y detalló que, con esta reforma, “se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política”.
Es que, si bien reconoció que el organismo es clave para el desarrollo del sector agropecuario, planteó que este objetivo había sido desvirtuado por la gestión anterior. Y añadió que el 90% de los US$ 250 millones que se destinan al año a financiar el organismo se usan para pagar salarios. También, que la participación privada en las investigaciones del instituto es inferior al 10% y el objetivo es llevarlo al 30% para 2027.
La dotación de personal del INTA se ha mantenido relativamente estable en los últimos 18 años, aunque hubo cambios en la modalidad de contratación. En los años 90, la planta tenía unos 5.600 agentes; cifra que cayó a unos 3.600 luego del ajuste estructural y reforma del Estado. Esto, hasta que, en 2005, en el marco del Plan Estratégico Institucional (a 10 años), comenzó a reconstruirse la institución.
A enero de 2025, la dotación es de 6.123 agentes. Pero se proyecta una reducción de 180 por jubilación, que podría ascender por renuncias o retiros voluntarios, fallecimientos y jubilaciones de mujeres entre 60 y 65 (hay 189 que podrían optar por el beneficio en 2025). Las proyecciones apuntan a que a fin de año habría 5.720 empleados y a fines de 2026, 5.560. Esto implica una reducción de 16% en dos años y una disminución del 23% con respecto a la dotación óptima (de 7.145 colaboradores, calculada en 2017 por el Ministerio de Modernización).
