Una nueva disposición del Gobierno nacional para intentar contener la salida de divisas ha puesto en estado de alarma al sector del comercio internacional. Los servicios de flete deberán contar con una autorización aprobada por parte de la Secretaría de Comercio, para recién poder acceder a las divisas y esto, con una demora de 90 días. El plazo, temen desde las compañías, implicará una paralización del transporte marítimo y el consiguiente aumento de los costos. Prevén que miles de contenedores se queden en los puertos argentinos sin poder llegar a destino.
A fines de abril, una comunicación del Banco Central estableció que los fletes de importaciones y exportaciones se pueden pagar, pero con una demora de tres meses. Además, el importador debe solicitar el permiso Sirase (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior) por el transporte.
Esta autorización, señalaron desde empresas locales, puede demorar hasta 60 días. Y, sobre todo, puede no tener un resultado positivo. En el caso de que sí sea aprobada, comienzan a correr los 90 días que el Banco Central tiene establecidos para liberar las divisas necesarias para pagar a las navieras en dólares.
Este lapso no se corresponde con el tiempo que demoran los viajes marítimos, lo que puede generar que comiencen a acumularse contenedores en los puertos -ese almacenamiento tiene un costo muy alto, para favorecer la rotación- y que no haya disponibles estas estructuras para la exportación; tal como sucedió durante la pandemia. Cabe recordar que Mendoza exporta anualmente productos con valor agregado por unos 1.600 millones de dólares y que durante la pandemia, la falta de contenedores afectó seriamente a los exportadores.
El miércoles pasado, desde la Asociación Argentina de Agentes de Carga (AAACI) enviaron una carta al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el director general de Aduanas, Guillermo Michel, para explicar el perjuicio que implica para las empresas del sector esta medida y solicitar una revisión del mecanismo.
“Además de prácticamente trabar las tareas del agente de carga, produce demoras y costos adicionales como almacenaje y traslado, al no tener certeza de las fechas de salida. Esto trae aparejado el retraso de los ingresos de divisas, tan necesarias para el país, y ponen en riesgo los más de 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera nuestro rubro”, plantean.
Asimismo, señalan que se producirá una “interrupción de la fluidez en la cadena logística, que afectaría al normal abastecimiento en algunas ocasiones” y suman que las exportaciones se verán trabadas en los casos en que “el exportador argentino debe hacerse cargo de los gastos hasta llegar su mercadería al comprador en destino; corriendo en este caso el riesgo de no concretar la venta”.
Graciela Rovera, presidenta de la comisión de Comercio Exterior de la Federación Económica de Mendoza (FEM), señaló que este nuevo mecanismo se ha aplicado en forma muy reciente, porque lo que habrá que esperar unos días para evaluar qué impacto tiene y si se empiezan a emitir autorizaciones (Sirase).
De todos modos, señaló que no cree que las navieras estén dispuestas a esperar 90 días para recibir el pago, lo que comenzará a frenar los ingresos y, con ello, la disponibilidad de contenedores. De ahí que, si no se produce una modificación, se volvería a la situación que se produjo durante la pandemia, cuando no se conseguían estas estructuras para exportar.
La empresaria de comercio exterior indicó que, desde julio de 2022, se vienen intensificando las medidas vinculadas a las importaciones, pero que, en más de una ocasión, hubo que aplicar luego excepciones a la normativa general, para, por ejemplo, permitir el ingreso de cacao, café, palta y banana, que no se producen en el país.
En un sentido similar, estimó que, cuando resulte evidente que se dificulta la salida de exportaciones, y con eso el ingreso de divisas, se revisará la normativa (e hizo énfasis en lo potencial). De todos modos, comentó que la situación es desgastante, porque periódicamente se producen modificaciones y no pueden responder a ningún cliente de modo automático, sino que deben consultar y analizar los mecanismos.
Por otro lado, Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, expresó su preocupación al respecto, argumentando que estas medidas son contraproducentes para el país. Para el ejecutivo es fundamental fomentar el comercio exterior y las exportaciones en lugar de imponer obstáculos. “Son medidas contraproducentes, que castigan al exportador. Hay que facilitar el comercio exterior, no ponerle trabas”.
Para Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), el panorama para el sector exportador es “complicadísimo”. Explicó que la disponibilidad de contenedores es uno de los aspectos críticos, ya que Argentina está importando muy poco, lo que impide que lleguen suficientes contenedores al país para la exportación. A esto se suma que los contenedores pueden estar hasta un 40% más caros que en el resto del mundo y que no se consiguen dólares para pagarlos. Por lo que esta situación tenderá a agravar el escenario actual.
Un empresario del sector del comercio internacional indicó que se ha vuelto muy difícil que autoricen las SIRA y que tienen alguna posibilidad los pedidos de importar bienes de capital, mientras los de consumo están muy complicados y los de insumos salen algunas veces, pero con demoras, y otras no. Asimismo, la empresa debe pasar un primer filtro de capacidad económica financiera y no haber presentado una medida cautelar en la Justicia (lo que varias empresas han hecho para poder traer elementos del exterior).
En cuanto a la traba más reciente, indicó que el objetivo principal es cuidar las reservas, pero resaltó que es a este tipo de cambio, ya que, de estar más alto, se restringirían muchas de las importaciones por precio. Sumó que la medida va a causar un aumento en el costo de los fletes, porque se debe considerar el pago a plazo, y que incluso puede haber cancelaciones de viajes cuando las empresas de transporte evalúen que no les conviene financiar, “porque también leen los diarios y, con reservas negativas, se pueden preguntar si en 90 días habrá dólares”.
Desde otra empresa de comercio exterior detallaron que esta imposibilidad de pagar los servicios de flete localmente -a menos que se obtenga la autorización y se esperen después 90 días- resulta problemática, porque demanda que los clientes tengan una cuenta afuera para poder realizar el pago; algo que difícilmente se dé en el caso de las pymes.
“Es un caos, porque hay mucha carga en el agua. Y, si no se revierte, va a generar un colapso, porque los contenedores se van a quedar en el puerto”, indicaron. Y añadieron que las compañías del sector están intentando solucionar el problema porque la medida fue “intempestiva” y no hubo posibilidad de prepararse para las nuevas reglas de juego.
