En una provincia con 300 días de sol al año, la posibilidad de obtener energía con paneles fotovoltaicos suena como una buena idea para complementar la generación hidroeléctrica. Sin embargo, más allá del valor de estas inversiones, la principal limitante para la expansión es la falta de tendidos de alta tensión para volcar esa energía al sistema.
Mariano Guizzo, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), señaló que, cuando surge un proyecto de un parque fotovoltaico y se consigue la factibilidad para instalarlo, el obstáculo es la falta de infraestructura para transportar la energía que se genera. Esto es algo con lo que sí cuenta San Juan, ya que, de la mano de la minería, se han realizado los tendidos de líneas de alta tensión, lo que ha favorecido la expansión de parques con paneles fotovoltaicos. Se trata, indicó, de inversiones que debería realizar Nación.
En Mendoza, según datos del Ente Provincial Regulador Eléctrico hay tres parques fotovoltaicos en funcionamiento: uno de 4 hectáreas, que funciona en el Pasip (Parque de Servicios e Industria de Palmira) y tiene 4 mil paneles, con los que aporta 1,15 MW a la red mayorista; otro que funciona en Santa Rosa, de 25 hectáreas y 62.640 paneles, que genera 5 MW; y otro más en Santa Rosa, de casi 13 hectáreas y 14.784 paneles, que aporta 5 MW.
Además, hay 487 usuarios/generadores, de los que 322 son residenciales y 165 comerciales e industriales. Se trata de viviendas, empresas, comercios, bodegas, que, con paneles fotovoltaicos, generan energía para su propio consumo e inyectan a la red pública de distribución el excedente que no utilizan. La electricidad que producen, en conjunto, detallan desde el EPRE, equivale al consumo promedio de 4.590 hogares mendocinos.
En marzo de 2015, la provincia se convirtió en pionera a nivel nacional en dictar una norma que regule los aspectos técnicos, jurídicos y económicos para brindarles a los usuarios del sector eléctrico la posibilidad de que instalen fuentes de energía renovables para generar su propia energía, administrarla de acuerdo con sus necesidades de consumo e inyectar a la red pública de distribución el excedente de esa energía generada, los que les produce, por esto último, una compensación en la factura.
Infraestructura insuficiente
La Cámara Eólica Argentina elaboró un estudio sobre los “motivos urgentes para acelerar una tarea pendiente”: la ampliación del sistema de transporte. El documento enfatiza que la transición energética está dominando la agenda global y que la huella de carbono comenzará a funcionar como una barrera comercial entre países. A modo de ejemplo, mencionan que la Unión Europea aplicará penalizaciones a ciertas importaciones en este sentido.
Desde 2015, cuando se implementó en Argentina la ley 27.191, que fijó la meta de alcanzar una penetración del 20% de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica para 2025, se pasó de un 2% a un 14% en 2022 (y se proyecta un 15% en 2023). En este contexto, la generación eólica tiene una participación del 75%.
Además de disminuir el impacto en el ambiente, estos sistemas permitieron reducir el consumo de combustibles líquidos y GNL, con lo que disminuyeron las importaciones de energía y la cuenta de subsidios energéticos. El ahorro de divisas fue de US$ 4.500 millones entre 2021 y 2022 y el ahorro fiscal fue de US$ 2.000 millones en los últimos dos años.
Si bien estos resultados podrían incrementarse, desde la CEA advierten que el principal límite que enfrenta hoy un mayor despliegue de la generación renovable es la capacidad de transporte, que no es suficiente para permitir la concreción de nuevos proyectos (aunque el estudio analiza la situación de la generación eólica es igualmente aplicable a la fotovoltaica).
Indican que hay varios organismos que podrían planificar y avanzar en el desarrollo del sistema de transporte, pero “no se ha logrado articular un esquema que permita trazar metas claras de ampliación del sistema, ni mecanismos para pasar de los estudios a planes, de allí a licitaciones y a materializar los proyectos”.
Asimismo, plantean que “el rol del Estado Nacional en la definición de la estrategia, las prioridades y los mecanismos para cumplir con los objetivos trazados en la ley y los compromisos asumidos en la COP 26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) es ineludible” y que “el sector privado podría acompañar o complementar un plan de expansión del sistema de transporte orientado a la incorporación de energía renovable liderado por el Estado Nacional”.
