La vitivinicultura se prepara para dar la pelea en el Congreso de la Nación con el objetivo de eliminar las retenciones a las exportaciones y para aunar criterios en todo el arco legislativo, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) convocó a una reunión que se desarrollará hoy en Buenos Aires.
Al encuentro previsto para las 10.30 en el hotel Savoy, esperan la concurrencia tanto de diputados como senadores nacionales de las 18 provincias vitivinícolas, en particular de Mendoza, San Juan, Salta y La Rioja.
El objetivo es mostrar el alto impacto negativo que tendría ese 8% de derechos de exportación que pretende imponer el Gobierno Nacional sobre la actividad vitícola.
“Lo que pretendemos hacer con nuestros legisladores es involucrarlos a todos y explicarles como es y cómo funciona la industria en toda la cadena porque no todos los legisladores tienen muy claro como es, sobre todos los legisladores de las provincias vinícolas más nuevas o pequeñas en su participación en la vitivinicultura del país”, afirmó José Molina, director de Coviar y presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan.
Las gestiones en firme comenzaron el primer día hábil del año en la reunión que mantuvieron los directivos de Coviar con Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía, sin embargo, el resultado del encuentro fue claro, “es un tema donde a él (por Vilella) lo supera porque es una decisión del Ministerio de Economía para buscar el equilibrio fiscal y ahora el campo de batalla, por llamarlo de alguna manera, es el Congreso de la Nación”, comentó Sergio Villanueva, del Fondo Vitivinícola.
Entre los argumentos técnicos que les presentaran a los legisladores nacionales, está el hecho de que la cadena vitivinícola, además de contar con mano de obra intensiva, demanda una importante cantidad de insumos de los cuales la mayor parte son de origen nacional por lo cual se la puede considerar como una “actividad neta” en lo que respecta a generación de divisas.
De acuerdo a las cifras del Observatorio Vitivinícola, en 2022 el sector invirtió alrededor de 835 millones de dólares en insumos de los cuales 535 millones de dólares fueron insumos nacionales y los 300 millones restantes, productos importados.
“Queremos mostrarles que nuestra actividad es un negocio de stock, o sea que, mientras más saquemos al mercado externo, mayor sostenibilidad nos va a dar para toda la cadena y fundamentalmente para el eslabón más débil, que es el que yo me represento, la producción primaria”, agregó Molina.
Dentro del informe que preparó el Observatorio Vitivíncola para los diputados y senadores nacionales, consta que en los once meses de 2023, la caída en las exportaciones en el vino fraccionado, en volumen, fue del 24%, y en el vino a granel rondó el 36%. En el caso del jugo concentrado de uva (-51%) en relación a los mismos meses de 2022.
Si los porcentajes se trasladan a divisas, el descenso en las ventas al exterior implicó una pérdida de más de 180 millones de dólares.
“Los negocios en el vino no son como en los granos, hay que madurarlos mucho y no se hacen de un día para el otro y de por sí tienen márgenes bastante más bajos y en el vino a granel son más chicos todavía. Además, cuando se exportan en formato fraccionado, se le está poniendo un doble gravamen, porque el producto vino es un 10% o 15% de lo que se está exportando, el resto es botella, caja, corcho y todo lo demás que además ya pagaron impuestos. Las retenciones vienen a ser como Ingresos brutos, tal como está planteada”, afirmó Juan Manuel Palomo, gerente de la Cámara de Vinos a Granel.
Precisamente uno de los argumentos que esgrimen desde el sector es que la cadena vitícola en una de las que mayor presión impositiva tiene.
En el informe que llegará a manos de los legisladores, hay un estudio que realizó la UNCuyo en el que consta que para una bodega pequeña, casi el 80% del excedente de explotación (rentabilidad) se paga al Estado (nacional, provincial y municipal) en materia de impuestos, mientras que para una bodega grande ese porcentaje es del 70% aproximadamente.
En el caso de una empresa que tiene finca, ingresa a la bodega la uva propia para elaboración y termina en la etapa de fraccionamiento y venta, la estimación es que la presión impositiva es aproximadamente de 70 puntos porcentuales y un resultado después de pagar los impuestos que ronda el 3%.
“Vamos a darles a los legisladores argumento técnicos, sociales y económicos para que den la pelea” porque “los 60 millones de dólares, o menos, que puede recaudar el Estado por las retenciones, porque las exportaciones vienen caída, no le mueve pero ni remotamente la aguja” por lo que sacarlas “no tiene costo fiscal alto y por el otro lado sí tiene un perjuicio alto para una economía del oeste argentino”, además “se está incentivando la exportación de materias primas con retenciones cero mientras se castiga a la generación de valor agregado”, resumió Villanueva.
Lisandro Nieri, diputado nacional de Juntos por el Cambio, ya dio su veredicto sobre las retenciones y aseguró que “no comparto impuestos que atenten contra las exportaciones y menos sin un análisis previo donde muchos sectores podrían quedar fuera de competencia internacional, sumado al efecto de cerrar mercados internacionales en un año recesivo de mercado local”.
“Acá están en juego puestos de trabajo directos e indirectos, los dólares necesarios que estas exportaciones generan, mercados que en muchos casos cuesta mucho desarrollar y no pueden recuperarse luego con facilidad. Si se persigue un efecto recaudatorio, a efectos de cerrar el déficit fiscal, con medidas de este tipo, sin el adecuado análisis de cada uno de los sectores afectados, puede obtenerse el efecto contrario dada la contracción que implicará en las exportaciones”, agregó el legislador.
