“No se puede luchar contra el delito con gente que no tiene apego al orden, la disciplina y la ley”. La definición de un alto funcionario provincial explica la ofensiva oficial para “cortar” con los negociados policiales. También incluye una estimación de cuántos pueden ser los investigados: entre 4 y 5 por ciento de la tropa está sospechada.
A esos casos apunta la "limpieza" que quiere hacer el Gobierno, que ya generó una reacción interna con "vendettas" y amenazas contra la cúpula de la fuerza, además de una resistencia de parte del PJ.
La cuenta puede asustar: hoy son 9.500 los policías activos y el mencionado porcentaje de sospechados puede implicar unos 400 efectivos. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la macrista María Eugenia Vidal ya separó de la mítica Bonaerense a 1.600.
Por ahora, los que están en la mira son los oficiales superiores y el objetivo es que los castigos a los jefes encaminen a los de rango inferior.
De hecho, hay cinco comisarios generales, el máximo rango policial, investigados, pasados a pasiva (cobran la mitad del sueldo) y denunciados en la Justicia.
Esto parece ser toda una novedad: en la Inspección General de Seguridad (IGS), creada con la reforma policial de fines de 1998, no hay registros de que alguna vez se haya sumariado a un comisario general.
El rol de la IGS es clave en este “plan de depuración”: en los primeros cinco meses de este año, casi duplicó los sumarios iniciados. Pasó de 84 a 151 y las causas son múltiples.
La principal razón es lo que podría encuadrarse como insubordinación (25), luego aparece el robo o hurto del arma (16), amenazas (16) y violencia intrafamiliar (12).
Este ránking poco ha variado respecto del año pasado y muestra cómo muchas veces los policías traspasan la línea del delito: entre los sumariados hay algunos por hurto, falsificación de documentos, tenencia de arma ilegal, lesiones y demás.
En el Ministerio de Seguridad no quieren hablar de una purga porque consideran que este tipo de medidas son “voluntaristas, caprichosas e imperativas” y no dan lugar a la defensa de los sospechados. “Acá se ha dado plena garantía de defensa porque esto legitima una posible sanción posterior”, argumentaron.
Caja negra
La razón de la separación temporal de cuatro comisarios generales (incluido un primo del gobernador Cornejo), un comisario inspector, dos subcomisarios y un oficial es el cobro en negro de servicios extraordinarios.
La investigación concluirá el mes próximo y entonces se sabrá si son repuestos en sus cargos o directamente expulsados.
La sospecha es que los apuntados, y probablemente otros oficiales superiores que ya están en la mira de la IGS, transformaron una “caja” formal de la Policía (que factura unos 30 millones de pesos al mes) en una “caja negra” propia que recaudaba 10 millones de pesos al mes.
¿Cómo lo hicieron? En algunos casos, cuando una empresa y hasta un organismo contrató custodia policial, en vez de depositar el pago en la cuenta del Ministerio de Seguridad le dio el dinero o un cheque en mano al jefe policial con el que acordó el servicio de custodia.
La situación se torna más grave porque esos trabajos extra los policías los cumplían durante su guardia, es decir cuando debían estar patrullando las calles y persiguiendo delincuentes, y no fuera de su horario de trabajo, que es lo que impone el sistema.
Esto permitía que el efectivo que cumplía la consigna no tuviera que trabajar más horas para sumar ingresos, aunque en vez de quedarse con el 90% como en los servicios “en blanco” (el otro 10% va al Estado), recibía en el mejor de los casos el 50% y el resto se lo dejaban sus jefes.
Entre los contratantes de los comisarios investigados aparecen organismos del Estado, como el IPV, la Anses y el Pami.
Hoy, un auxiliar con dos meses de antigüedad en la fuerza puede cobrar 35 mil pesos mensuales, de los cuales la mitad es por servicios extraordinarios. Obviamente, ninguno quiere perderse esa “extra”.
Rumores
Un oficial con tres décadas en la fuerza y que sigue recorriendo a diario las calles contó a Los Andes que el negociado de los servicios extraordinarios era vox populi entre los uniformados durante el último gobierno peronista.
En Seguridad dicen que se encontraron con el tema una vez que hicieron pie en la gestión y en la IGS hablan de febrero como el momento en que empezaron a investigar.
Las denuncias llegaron de la misma tropa, pero muchos fueron delatados de antemano por el crecimiento patrimonial que tuvieron en los últimos años.
Un peronista que participó de la conducción de Seguridad en los gobiernos de Jaque y Pérez se mostró escéptico sobre la denuncia: “Nadie puede llevarse a la casa 10 millones. No pueden ser truchos los servicios extraordinarios”.
Además, cuestionó el anuncio: “Fue demasiado grandilocuente. El desafío es probar lo que dijeron. Además, la IGS debe mantener su independencia del ministerio”.
El presidente de la Bicameral de Seguridad, Mario Díaz (FpV), dijo en aquel momento que le parecía “una maniobra política”, asociando a los comisarios investigados con el peronismo, que tuvo como últimos ministros a Carlos Aranda y Leonardo Comperatore, ambos del equipo liderado por el ex vicegobernador Carlos Ciurca.
Un actual jefe policial consultado fue concreto: “Esto no se pudo hacer sin el consentimiento de la anterior conducción política”. Y habló de una caja paralela que fue fomentada por el aumento de la inseguridad, describiendo una particular relación causa-efecto: cuanta más inseguridad, más podían ganar algunos policías.
Nuevo equipamiento
En el Gobierno insisten en que la depuración policial es imprescindible para luchar contra el delito, pero dicen que mientras llevan adelante las investigaciones hacia adentro ya se notan los resultados hacia afuera de sus planes. Sin mostrar los números aún, aseguran que han bajado los números de homicidios y robos agravados, así como las muertes en accidentes de tránsito.
Para esta semana se ha organizado un mega acto para mostrar los nuevos recursos de la fuerza. Allí estarán los 450 efectivos que se incorporarán, además de los Chevrolet Corsa, chalecos antibalas y uniformes que se han comprado para los policías, además de equipamiento tecnológico, todo después de la declaración de emergencia en seguridad.
En la mira
Comisarios generales Gustavo Garis, Edgardo Mestre, Víctor Loyola y Humberto Neila (el primo de Cornejo) por los "servicios extraordinarios" en negro.
El quinto es Darío Irrutia, que habría allanado el camino para contratar a un ingeniero con título falso.
También, por los casos de servicios extraordinarios, se apunta el comisario inspector Rómulo Gabriel Díaz Vargas, los subcomisarios José Antonio Salinas Mercado y Roberto Carlos Villarroel Perea y el oficial ayudante Emanuel David Fernández Garófoli.
