Nadie sabe cuándo arrancará la campaña en Mendoza Mendoza, en este atípico año electoral. Pero algunos cruces fuertes indican que la inseguridad podría ser uno de los tópicos para el debate de los futuros candidatos.
La inseguridad ha enfrentado al Gobierno con el intendente de San Rafael. El riesgo de romper puentes en la provincia que inventó un falso "mapa del delito".
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al presidente del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez, y el director de la Policía, Marcelo Calipo.
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Ramiro Gómez / Los Andes Nadie sabe cuándo arrancará la campaña en Mendoza Mendoza, en este atípico año electoral. Pero algunos cruces fuertes indican que la inseguridad podría ser uno de los tópicos para el debate de los futuros candidatos.
Siempre se merece un lugar en la discusión política este padecimiento. La inseguridad es la preocupación mayor de los argentinos, según las encuestas más serias. En Mendoza preocupa a cerca del 45% de la población, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ese porcentaje trepa mucho más alto: 75%. Hoy por hoy, volviendo a Mendoza, desvela más el delito que los problemas económicos, como la pérdida del poder adquisitivo y la inflación.
Frente a esta realidad complicada, los principales dirigentes están actuando a la defensiva. Algunos buscan evitar que los emboquen por no solucionar el problema y otros pretenden que las responsabilidades sean del conjunto de la clase política, no de uno solo . Estas posturas marcan la batalla discursiva que enfrenta al intendente de San Rafael, Omar Félix, con el Gobierno provincial.
El intendente justicialista reaccionó contra Alfredo Cornejo luego de percibir que el gobernador pretendía cargarle parte de la mochila de la inseguridad. Y tiró patadas voladoras: aseguró que en su departamento abunda el narcotráfico, dijo cómo operan las bandas y sostuvo que algunos grupos provienen del área metropolitana.
Los dichos de Félix, elegidos para exponer que la política de seguridad del Gobierno no está funcionando, provocó una embestida homogénea del radicalismo sanrafaelino, que pateó la pelota a la tribuna de la Justicia Federal. Este choque tuvo los condimentos de una campaña electoral, tanto por las rimbombantes expresiones de unos y otros, como por la sensación de que todo va a quedar en la nada.
La realidad es que el peronista sureño decidió escrachar al Gobierno porque hace rato está incómodo con su estrategia frente a la inseguridad, que consiste en pedir que los intendentes, no sólo el Gobierno, se hagan responsables de ella. La primera declaración de la ministra del área, Mercedes Rus, cuando arrancó la gestión, fue precisamente que los intendentes se tenían que comprometer con la seguridad, más allá de que esa tarea no formara parte de sus funciones específicas. Casi un año y medio después, Rus ha logrado firmar convenios de colaboración con la mayoría de ellos. El sanrafaelino es excepción, por supuesto.
Entre los intendentes radicales que sí "colaboran", invirtiendo plata municipal, hay modelos y matices, por cierto. Por ejemplo, para el de Godoy Cruz, Diego Costarelli, hay que apoyar la tarea policial, no asumirla como propia. Por eso compró diez móviles para que los policías puedan patrullar más. En cambio, el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, es más ambicioso: quiere que sus preventores municipales se profesionalicen y tengan pistolas Taser para encargarse por sí mismos de la delincuencia.
En el medio, el Gobierno mandó un proyecto a la Legislatura para que los intendentes se involucren en la seguridad y completen las acciones de un plan provincial que considera adecuado y efectivo, al menos para el combate de los delitos más graves. La norma, militada más que nadie por el intendente capitalino, propone regular el trabajo de los "cuerpos municipales de seguridad ciudadana". Pero el justicialismo se resiste a votarla. Se dice que algunos intendentes radicales también, por lo cual el proyecto sigue estancado en comisiones.
Este conflicto por la seguridad ha abierto, por añadidura, una herida inesperada entre el Gobierno y el sector del PJ mendocino con el que hasta ahora mantenía algún tipo de relación, ya que La Cámpora, en cambio, es oposición pura y dura. Ese peronismo dialoguista tiene entre sus líderes, precisamente, a los hermanos Félix de San Rafael.
O sea que, por la inseguridad, se acaba de romper uno de los pocos puentes de la política mendocina. Si las tensiones continúan, podría haber una escalada discursiva respecto del impacto del delito cuando los candidatos empiecen a buscar el voto ¿Eso es bueno? Los antecedentes sugieren que no: hasta un mapa del delito apócrifo germinó alguna vez en Mendoza debido al apetito proselitista.
* El autor es periodista. [email protected]