La ministra Mercedes Rus, defenderá el paquete de once leyes con las que el Gobierno provincial busca endurecer sanciones por alcoholemia, apuntar al mercado ilegal de bienes, allanamientos, seguridad privada, entre otros.
-La alcoholemia volvió a estar en agenda después de un hecho muy grave y hay muchos accidentes viales, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio de Seguridad en estos casos?
-Hablamos de varias líneas para el abordaje de lo que sería la siniestralidad. En esas líneas tenemos por un lado lo que hace la legislación que es sumamente importante, porque a partir de allí se determina no sólo el abordaje preventivo sino también el abordaje operativo y después la retribución al infractor. La retribución al infractor es lo que debiera funcionar, de alguna forma, como una amenaza o como un elemento disuasor de esas conductas que no queremos que se tengan en la conducción de vehículos. Hay distintos actores en lo que es el control y la prevención de la Seguridad Vial, como municipios, Gendarmería, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nosotros.
-¿Quién más debe involucrarse?
-Está la responsabilidad social en esto. Si nosotros no los involucramos, de nada sirve que yo saque una ley con la que habrá inhabilitación perpetua. Nosotros necesitamos de esa conciencia social, de esa responsabilidad ciudadana que, creo, es lo que lo que hoy está bajo la lupa. El poder constatar que la mayor parte de los accidentes de tránsito tienen que ver con conductas antirreglamentarias, nos dice un poco cómo estamos manejando, entre comillas. Viene de larga data. El año pasado participé de un simposio y allí coincidían todos, ya sea ingenieros, peritos, etcétera, que la gente cada vez maneja más violentamente y de forma más ansiosa. Es un reflejo de la de la sociedad hoy y su complejidad. Vivimos de esa forma, manejamos así.
-Con las reformas, ¿a qué se apunta?
-Nosotros vemos que la gran mayoría de la gente, se maneja más o menos bien. Y hablando de alcoholemia, más específicamente, tenemos que la mayoría de la gente está en los límites reglamentarios pero tenemos un porcentaje bajo que se va a altas alcoholemias. El 86% de los controlados da entre 0 y 0,5 gramos de alcohol en sangre. Hay un 6% que da entre 0,5 y 0,99 pero más cerca del 0,5. Y el resto te da más de 1. El problema está en ese universo, no en el resto. Ese es el diagnóstico que tenés que tener para ver qué política vas a aplicar.
Por eso decimos que hay que ir contra ese núcleo que tiene que ver con alcoholemias de más de 1. Y también con las reincidencias en la Ley de Tránsito pero porque vamos al diagnóstico que tenemos. En esto, abro paréntesis, es cuando yo digo que el debate de ir del 0,5 al 0 no tiene ningún sentido porque ahí no está el problema.
-¿Endurecerán las reiterancias?
- Nosotros advertimos a través de lo que nos comunican los jueces viales, que hay mucha reiterancia. El mismo que cometió una infracción y pagó una multa por alcohol, fue el mismo que vuelve a tener otra y así. Entonces, lo que hacemos en la ley de tránsito es especificarla y prever una reincidencia agravada para este caso.
-La Provincia contaba con menos de 30 alcoholímetros, ¿cómo se están haciendo los operativos?
-Incorporamos un artículo que lo que va a hacer es permitir que la provincia pueda calibrar los alcoholímetros con alguna institución que lo haga dentro de la provincia. El problema es que se homologan una vez por año y cada seis meses hay que calibrarlos. Si a vos la Nación te demora 4 meses en calibrarlos…Además de que sale muy caro la homologación y la calibración, unos $100.000 aproximadamente. Por eso es que queremos esta modificación, de poder hacerlo en el ámbito local y disponer más rápido.
Lo que estamos usando mucho son los alómetros, que es un buen sistema y nos los da la Agencia Nacional. Es más barata la pipeta que hay que cambiar. Al usarlos con la persona, dan verde o rojo. Si da rojo, lo aislás al conductor y le hacés el alcohotest, pero no tenés que gastar tantas pipetas. Y si te da verde, no le hacés alcohotest, y no gastás pipeta. Esto ayuda a aumentar la cantidad de controles.
-Es decir que el Ministerio puede trabajar en la prevención hasta un determinado punto…
-Por supuesto. Nosotros trabajamos la prevención con campañas, trabajamos poniendo puestos y que la policía pare y controle a la gente como lo hacen también los municipios. Después, no podemos estar en cada lugar, en cada momento. Hay una fuerte cuota de responsabilidad social. Por momento lo único forma atacar estos comportamientos en una sociedad que ya tiene una determinada cultura y determinadas formas, es a través de estas reformas.
Por supuesto que más en lo profundo hay que trabajar fuertemente con la prevención, con la educación vial en las generaciones tempranas, porque eso forma parte de los conductores que vamos a tener en un futuro. No tiene ningún sentido tener la mejor carretera si culturalmente no hay una sociedad preparada para respetar las normas. Es decir, lo básico para conducir reglamentariamente.
Hay cambios con respecto a allanamientos en situaciones complejas, como el caso Campo Pappa, ¿qué le diría a los fiscales que dicen que es burocrático?
-Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con lo que pasó entre la Corte y el Ministerio Público Fiscal con las resoluciones. Esto es para casos especiales porque si lo hacés para todo, saturás el sistema. En varios casos sucede que es más fácil explicar oralmente cómo se va a hacer el allanamiento y en dónde. Nos pasó en el Campo Pappa. Los jueces nos decían que entendieron mejor cómo era el operativo cuando llegaron al lugar del hecho.
-El año arrancó con reclamos de la familia policial y de las oficinas fiscales por mejoras salariales, ¿qué aporta el Ejecutivo para descomprimir?
-Más allá de que hay grupos reducidos y con reclamos, lo cierto es que los operativos, la contención de manifestaciones y demás, solo son posibles, no solo con una policía, digamos, que responde al gobierno y al mando. También con una policía profesional y que está cada vez más profesionalizada. Hemos tenido 1.500 ascensos y un 90% de cambios en las distritales y departamentales. Esto no podría ser así si no tuviéramos policías que se capacitan, porque para poder ascender o poder tener estos cargos, requieren no solo una serie de capacitaciones que le dan puntaje, sino también haber adquirido títulos universitarios y demás.
-También buscan atacar el mercado de bienes, autopartes y demás, ¿cómo se implementa operativamente la reforma?
-Queremos una Mendoza hostil al mercado ilegal de bienes. Lo que estamos planteando es una ley que permita controlar y fiscalizar a las personas humanas, jurídicas, que se dedican a la venta de bienes muebles usados porque hasta aquí, la ley que estaba no se aplicaba por distintas cuestiones, porque no era la adecuada, porque remitía a los municipios, etc.
Le damos facultades a la policía para que puedan controlar la aplicación de esa ley, cuyo fin es justamente colaborar con la seguridad. Nosotros entendemos que en la medida que haya mercados fortalecidos y que tengan un circuito aceitado con el delito vinculado al robo de celulares, de bicicletas o autopartes, eso fomenta robos y hurtos. Y en la medida que nosotros ponemos la lupa y podemos controlar estos mercados marginales ilegales, entendemos que el delito cambia su modalidad o merma.
-¿Hay novedades con respecto a los inhibidores en las cárceles?
-Mendoza está encaminada porque tiene ya un expediente, un convenio general firmado con INVAP en relación con los inhibidores. Además, se ha hecho un camino de ejecución. Después de que vinieron e hicieron el análisis técnico de viabilidad, respecto a dónde se podrían poner los inhibidores y demás, se abrió otra opción. En este punto es importante la ley de penitenciaria, su orden y la clasificación de internos.
Hemos tenido otras reuniones a nivel nacional con la ministra de Seguridad de la Nación y en esas reuniones hemos charlado del tema de la inhibición, pero a partir de un proyecto más integral que tiene que ver con el sistema penitenciario de todas las provincias y de la Nación que es a través del ENACOM (NdR: Ente Nacional de Comunicaciones), en conjunto con las compañías de teléfonos y que no le costaría plata a la provincia. También estamos en esas conversaciones y como Mendoza es pionera porque ya ha estado en proceso de inhibición, podría ser una de las primeras provincias en las que se aplique el sistema cuando esté. Eso también está en conversaciones. Es un programa que está siendo estudiando a nivel nacional
