Que a pesar de su evidente responsabilidad en el violento asalto al Capitolio perpetrado por turbas multitudinarias el 6 de enero del 2021, Donald Trump haya podido regresar a la presidencia, permite a Jair Bolsonaro mantener las esperanzas. El intento de golpe contra el Poder Legislativo en Estados Unidos causó varias muertes y dejó una mancha imborrable en la historia norteamericana. Si algo confirmó definitivamente que Trump estuvo detrás de aquella trágica asonada golpista es el indulto que concedió, ni bien volvió a aposentarse en el despacho Oval, al millar y medio de trumpistas violentos que perpetraron aquel delito.
Que Trump haya podido regresar a la presidencia es inaudito y a Bolsonaro no debiera ilusionarlo mucho, porque su caso es diferente. Aunque resultara evidente, no hubo pruebas sobre la participación directa de Trump en la planificación y ejecución del asalto al Capitolio. Tampoco hay pruebas, más allá de los gritos de algunos fanáticos de encontrar al vicepresidente Mike Pence para asesinarlo, de que existiera un plan que incluyera ese magnicidio.
En cambio, sobre el asalto de las turbas el 8 de enero del 2023 en Brasilia está el testimonio como arrepentido de un colaborador personal del entonces presidente, a lo que se suman los testimonios de los altos mandos militares revelando haber recibido el plan golpista y haber sido invitados a participar. Esas pruebas confirman también que ese plan incluía tres magnicidios.
La conspiración golpista tramaba envenenar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alkmin y al entonces presidente del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
No hubiese sido el primer ni segundo magnicidio cometido por la extrema derecha de Brasil. Los ex presidentes Juscelino Kubitschek y Joao Goulart fueron asesinados en 1976 por la dictadura militar brasileña, encabezada en aquel momento por el general Ernesto Geisel.
En ambos casos el régimen impidió autopsias. Pero en el caso de Goulart, muerto en Argentina, a pesar de que una autopsia realizada casi cuatro décadas más tarde, durante el gobierno de Dilma Rousseff, no encontró vestigios de veneno, no se descartó envenenamiento y la teoría del asesinato con sustancias letales se mantuvo en pie. De hecho, en Argentina Goulart ya había sufrido un atentado contra su vida ejecutado por la Triple A.
Si se hubiera concretado el plan golpista y magnicida por el que será juzgado Jair Bolsonaro, tanto Lula como Alkmin y De Moraes habrían muerto envenenados. Por cierto, el ex presidente dice que es una cacería de brujas y que no existen pruebas en su contra. Sin embargo, el Supremo Tribunal, utilizando la confesión en carácter de arrepentido que hizo un estrecho ex colaborador del líder ultraderechista, y también las afirmaciones de varios altos mandos militares que recibieron el plan golpista, decidió realizar el juicio.
A pesar de la contundencia de las pruebas, el líder derechista apuesta a que su situación se revierta y acabe siendo políticamente favorable para regresar a la presidencia, como ocurrió con las denuncias contra Trump por el asalto al Capitolio.
Junto a sus ministros de Justicia, de Defensa y de Casa Civil, Bolsonaro está acusado de intento de Golpe de Estado, destrucción de patrimonio público y plan para asesinar al entonces presidente, el vicepresidente y el titular del Poder Judicial.
De ese modo, Brasil tendrá el mayor de los juicios por delitos políticos desde la recuperación de la democracia. El impeachmeant que destituyó a Fernando Alfonso Collor de Mello por los delitos de corrupción denunciados por el propio hermano del ex presidente, igual que el juicio que en el 2005 llevó a la cárcel al poderoso jefe de la Casa Civil del primer gobierno del PT, José Dirceu, por el escándalo de corrupción bautizado “Mensalao”, fueron delitos menos graves que los que habría cometido Bolsonaro.
También el impeachment que sacó del poder a Dilma Rousseff en el 2016 por haber maquillado el déficit para ganar la reelección, no se puede equiparar a este caso. Los delitos denunciados contra Jair Bolsonaro son incluso inmensamente más graves que los investigados, con pruebas escasas y endebles, en el proceso conocido como “Lava Jato”, por el cual el juez Sergio Moro encarceló a Lula en el 2018, siendo luego desestimados por la máxima instancia de la justicia.
Los ojos de la región convergerán en el histórico proceso judicial que podría desembocar en una condena cercana al medio siglo a un ex presidente, además de tener un fuerte impacto, de consecuencias impredecibles, en el escenario político.
* El autor es politólogo y periodista.
