Causa Tupac: la Corte revisará la liberación de Nélida Rojas y su familia

Aceptó el recurso de queja presentado por la fiscal del caso, Gabriela Chaves.

Causa Tupac: la Corte revisará la liberación de Nélida Rojas y su familia
Causa Tupac: la Corte revisará la liberación de Nélida Rojas y su familia

La investigación en la causa Tupac volvió a moverse, y nuevamente Nélida Rojas, líder de la organización social, está en la mira de la Justicia junto a su familia, ya que la Suprema Corte de Justicia aceptó un recurso de queja y estudiará nuevamente el fallo de la Octava Cámara del Crimen, que había dejado en libertad a todos los acusados.

Fue la fiscal del caso, Gabriela Chaves, quien presentó dicho recurso al máximo tribunal de justicia, luego de apelar dicho fallo, en el cual la Octava Cámara del Crimen, integrada por los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, si bien ordenó la liberación de Rojas y su familia, no los sobreseyó.

Los jueces expresaron mediante su fallo que no había pruebas para sostener las acusaciones, sobre todo la de asociación ilícita. De esta manera, Rojas; su pareja, Ramón Martínez; sus hijos, Carla, Leonela y Ángel; y la tesorera, Fanny Villegas; quedaron fuera de la prisión preventiva que había solicitado Chaves.

No obstante, será ahora la Suprema Corte la que analizará nuevamente el fallo. Para los integrantes de la Sala II, José Valerio y Pedro Llorente (Julio Gómez estaba de licencia), el tema en cuestión es de gravedad institucional, por lo que dio lugar al recurso presentado por Chaves.

En paralelo, el Gobierno provincial decidió constituirse como querellante en la causa, en la que se investiga fraude a la administración pública en la construcción de viviendas sociales.

Esta decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diera competencia –en un en un fallo unánime- a la justicia local a comienzos de agosto. De esta manera, y entendiendo que puede haber un perjuicio del erario público mendocino, el gobernador Alfredo Cornejo dio  instrucciones a la Subsecretaría de Justicia para que la Provincia sea querellante.

“El mecanismo que investiga la fiscalía es que el Estado nacional distribuía dinero para la construcción de viviendas sociales –a organizaciones como la Tupac Amaru-, pero era la provincia la responsable de la aplicación”, detalló el Gobierno.

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