El caso de un juez que podría cobrar una suma millonaria de una ART por accidentarse en su brazo ha tenido en las últimas horas varias consecuencias, luego de la aparición del caso en los medios de comunicación, que generó que tanto el Gobierno provincial como la Suprema Corte de Justicia, pusieran su atención en posibles irregularidades.
El apuntado es el juez de la Quinta Cámara Laboral, Antonio Sánchez Rey, quien acordó con Provincia ART una suma de 4,5 millones de pesos, luego de tener un accidente en su brazo cuando intentó cerrar el portón de la playa de estacionamiento, en mayo de 2017.
Como el caso cayó en la misma cámara donde Sánchez Rey es juez, si bien él se excusó, no lo hicieron sus dos compañeros, los camaristas Viviana Gil y Jorge Rolando Consolini, quienes debían homologar este acuerdo millonario, lo que despertó la sospecha del Ejecutivo.
Sin embargo, la Fiscalía de Cámara corrió traslado y dictaminó el lunes que no será la Quinta Cámara la que tendrá que homologar o no la causa, sino la Cámara Laboral subsiguiente, que es la Sexta, conformada por los magistrados Diego Cisilotto, Eliana Lis Esteban y César Rumbo Peregrina.
De esta manera, la Fiscalía entiende que efectivamente podría incurrirse en una causal de sospecha, marcada en el artículo 14 inciso II del Código Procesal Civil, cuando "el juez (…) sea acreedor, deudor, amigo íntimo o tenga frecuencia en el trato o tener enemistad manifiesta, o sea beneficiado o benefactor de cualquiera de las partes", en este caso, el trato cotidiano entre Sánchez Rey y sus compañeros de cámara.
La Corte entra al juego
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia, a través de su presidente, Jorge Nanclares, tomó cartas en el asunto este mismo lunes e inició un expediente con los tres camaristas de la Quinta Cámara Laboral.
Fue luego de las notas que aparecieron en los medios de comunicación las que motivaron que el juez de la Corte interviniera. En concreto, dio un plazo de tres días hábiles a los camaristas para que formulen su descargo, así como también solicitó un informe al secretario de la Mecla, Pedro Asencio.
Mientras tanto, como ya anticipó Los Andes, el Gobierno Provincial envió a su vez diversos documentos a la Suprema Corte para que investigara este tema, y también solicitó información a la presidenta de Provincia ART, Myriam Clerici, para que otorgue información sobre la actuación que tuvo el organismo, tanto con los pasos que realizó como de los documentos relacionados con el diagnóstico médico que presentó, además del porcentaje de incapacidad que se le otorgó a Sánchez Rey.
No obstante, también pidió que en tanto no se hayan brindado las explicaciones ofrecidas, "suspenda el pago del siniestro", en caso que pueda ser homologado el acuerdo por la Cámara Laboral correspondiente.
Para el Gobierno, además de investigar si es legal este acuerdo millonario, tanto como el proceso que se lleva a cabo en la Justicia, es importante porque, según lo que tenga que abonar la ART anualmente por accidentes de trabajo, luego esto incide en el porcentaje de la prima que el Estado debe pagar al año siguiente, en este caso 2019.
Es por esto que también se estudia desde el Gobierno pedir un jury de enjuiciamiento a Sánchez Rey, Viviana Gil y Jorge Consolini, si considera que los magistrados incurrieron en irregularidades respecto a cómo se llevó adelante este proceso.
