Política Domingo, 7 de octubre de 2018 | Edición impresa

El Gobierno va contra un juez que cobrará por lastimarse $ 4,5 millones

Son los magistrados de la Quinta Cámara Laboral. Uno de ellos acordó que lo indemnicen con $ 4,5 millones por un accidente que tuvo.

Por Juan Manuel Torrez - jtorrez@losandes.com.ar

El caso de un juez que se accidentó y podría cobrar más de 4 millones de pesos tras un acuerdo con la ART Provincia ha despertado polémica en los diferentes poderes del Estado, sobre todo en el Ejecutivo, que tomó cartas en el asunto, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que investigue el tema y analiza incluso pedir un Jury a los tres camaristas involucrados.

El principal apuntado por el Gobierno es el juez de la Quinta Cámara Laboral Antonio Sánchez Rey, quien tuvo un accidente en el estacionamiento de Tribunales (en calle 9 de Julio), al quedar su brazo apretado con el portón de la playa durante varios minutos cuando se disponía a cerrarlo. 

A partir de ese hecho, el magistrado realizó una denuncia en la ART y, según informaron desde el Poder Judicial, la inspección dio que tuvo una incapacidad en su mano de alrededor del 20 por ciento, por lo que reclamó una indemnización, que podría llegar a los 4,5 millones de pesos según establece el acuerdo al que llegó con la propia ART.

 

El punto clave es que el caso recayó en la misma cámara laboral que integra el propio involucrado, y si bien lógicamente él se excusó, no lo hicieron sus pares, lo que despertó la sospecha del Gobierno. Inclusive podría haber consecuencias con los integrantes de la Cámara, si es que se comprueba que actuaron de manera indebida. 

El accidente ocurrió el 2 de mayo del año pasado y, a diferencia de las miles de causas laborales que hay en proceso en la provincia, ésta ha tenido una rapidez notable para su conciliación, que se realizó en menos de 20 días. 

Según informaron desde el Poder Judicial, la causa de Sánchez Rey -uno de los jueces que más cobra en la provincia (cerca de 260.000 pesos mensuales)-, cayó por sorteo en la misma Cámara que él integra junto a Viviana Gil y el conjuez Jorge Rolando Consolini, los otros dos magistrados que están en la mira del Ejecutivo.

 

Hay que destacar que aún el convenio entre el demandante y la ART debe pasar por la Fiscalía de Cámara y luego ser finalmente homologado por la Cámara.

Curiosidades

El Ejecutivo envió el viernes una carta al presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, en la cual pide que investigue el tema, y también detalla las “inconsistencias” que terminaron llamando la atención a raíz de todo el proceso judicial que se llevó a cabo. 

En primer lugar, se expresa que no deja de ser curioso que la causa haya sido sorteada y recaído justamente en la Cámara Laboral que integra el magistrado actor. 

No obstante, destaca que si bien el juez involucrado se excusó -en setiembre- de fallar en su propia causa, no lo hicieron ni Gil ni Consolini, que “conviven, deliberan y fallan todos los días”. 

Aquí es importante lo que establece el artículo 14 del Código Procesal Civil (causas de excusación y recusación), el cual en su inciso II marca que es razón de sospecha cuando haya “interés directo o indirecto en el pleito, antes o después de iniciado el proceso, o sociedad o comunidad con algunas de las partes, procuradores o abogados”; cuando el juez, familiares o a quien haya sido designado tutor “sea acreedor, deudor, amigo íntimo o tenga frecuencia en el trato o tener enemistad manifiesta, o sea beneficiado o benefactor de cualquiera de las partes”; o “cuando medie cualquier otra circunstancia que permita dudar fundadamente de la idoneidad subjetiva del juez o funcionario recusable”.

 

Además, desde el Gobierno ponen su atención en el hecho de que la Cámara haya decidido “inicialar” la carátula de la causa (firmar el documento solo con las iniciales de los involucrados), lo que sospecha se hizo “a fines de que no se pueda leer el nombre completo de las partes en el juicio”. 

Otro de los puntos que despiertan suspicacias es la celeridad con la que se arribó a una conciliación en la causa, que fue iniciada el 11 de setiembre último y se envió el 1 de octubre a la Fiscalía de Cámara. 

Desde el Ejecutivo también se muestran impactados por el monto que podría cobrar de indemnización Sánchez Rey y lo comparan con un maestro que, por problemas en sus cuerdas vocales, no puede dar clases. “Si bien depende de la edad, sueldo y antigüedad, a lo sumo podrían recibir entre 300.000 a 600.000 pesos”, acotaron.

En detalle

¿Cuándo deberían excusarse los jueces en una causa? (Artículo 14 del Código Procesal Civil)  

1- Tener interés directo o indirecto en el pleito, ser representante de alguno de los litigantes, tener sociedad o comunidad con algunas de las partes, procuradores o abogados.
 

2- Ser cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado o pariente por afinidad hasta el segundo, de cualquiera de las partes, mandatarios o patrocinantes. 
 

3- Dictar la resolución apelada o haber anticipado opinión sobre el litigio. 
 

4- Intervenir en el caso como abogado patrocinante, defensor o mandatario de algunas de las partes. 
 

5- Promover acción contra algunas de las partes o sus abogados. 

 

La ART también está en la mira

Más allá del documento que envió a la Corte, el Gobierno hizo lo mismo con Provincia ART, a la que advirtió sobre las inconsistencias de la causa.

Sin embargo, también pidieron información sobre la actuación que tuvo el organismo, tanto con los pasos que realizó como de los documentos relacionados con el diagnóstico médico que presentó, además del porcentaje de incapacidad que se le otorgó al juez Sánchez Rey. 

El problema es que, a raíz del millonario monto, posiblemente las alícuotas que tendrá que pagar el Estado el año que viene a la ART sean sensiblemente mayores.

 

De esta manera, el Ejecutivo solicitó que “suspenda el pago del siniestro hasta tanto se hayan brindado las explicaciones requeridas”. 

Nueva delegada en el Consejo de Magistratura

Los abogados del interior del país eligieron a Marina Sánchez Herrero como su nueva representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano de 13 miembros encargado de seleccionar a los jueces y promover su destitución en casos de mal desempeño.

La lista Nº 5 “Abogados por una Justicia independiente”, encabezada por Sánchez Herrero y secundada por Carlos Matterson, obtuvo casi 8.000 votos. En Mendoza se llevó el 50% de los votos emitidos. Letrados afines al frente Cambiemos avalaban esta fórmula.

En segundo lugar (5.000 votos) quedó la lista Nº 3 “Compromiso con la Constitución”, liderada por Bienvenido Rodríguez Basalo, con vínculos con La Cámpora y el kirchnerismo.