Entre el día a día de la pandemia y las presiones políticas

El clima político local volvió a tensarse en la semana que finaliza al retomar los principales legisladores del PJ sus planteos sobre el manejo de los números de la pandemia que hace el Gobierno.

Luego de aquella cordial reunión con la titular del PJ local, Rodolfo Suárez terminó convenciéndose de que la iniciativa que le llevó la joven senadora nacional, para fijar por ley eventuales restricciones en el marco de la pandemia en base a la utilización de “parámetros científicos”, no tenía muchas posibilidades de implementación más que nada por el rigor de la inmediatez en la toma de decisiones que imponen los contagios.

Como señalábamos, al reiterar sus sospechas por el manejo de las estadísticas que genera el virus en el día a día, desde los bloques legislativos del peronismo volvieron a embestir contra la ministra de Salud, Ana María Nadal, argumentando importantes diferencias en la cantidad de fallecidos entre los datos que carga la Provincia y los que maneja la Nación. De éstos se valió para su estrategia la oposición local.

Finalmente, la ministra Nadal visitará la Legislatura el jueves respondiendo al insistente llamado del justicialismo, que adujo que los colaboradores de Suárez rara vez aparecen por la Casa de las Leyes para responder las consultas opositoras. En Salud, en cambio, aseguran que desde esa área han mandado por escrito todos los pedidos de informe que por la pandemia y otros asuntos se reclamaron desde las bancas.

El oficialismo terminó accediendo a que Nadal enfrente personalmente las inquietudes de los legisladores, de modo de descomprimir tanta tensión acumulada por los encontrados puntos de vista con respecto a ocupación hospitalaria, pacientes recuperados y fallecidos, presencialidad o no en las aulas por razones sanitarias y otros argumentos para sostener la discusión política viva. Fue una sugerencia originada en el despacho del Vicegobernador, con el respaldo de otros representantes del oficialismo, que terminó siendo aceptada en Casa de Gobierno. “Sabemos que Ana estará en buenas manos”, auguraron allegados del Ejecutivo haciendo referencia a la experiencia de varias espadas legislativas del oficialismo que tendrán como misión excluyente resguardar la performance de la ministra.

De todos modos, hay una coincidencia entre oficialistas y peronistas: si la interpelación no se hubiese diferido para el jueves el clima habría estado muy tenso. El nuevo plazo permite calmar los ánimos y buscar un sendero de entendimiento en base a las estadísticas que manejen las partes. “Que nadie se imagine un escándalo. Por otra parte, de nuestro lado nunca se trató mal a un ministro en la Legislatura”, salieron a aclarar prontamente desde los bloques del PJ. Es que horas antes, los dos líderes parlamentarios del peronismo, el senador Ilardo y el diputado Gómez, manifestaban públicamente estar poco menos que en pie de guerra con el Ministerio de Salud. Pero bajaron decibeles.

Mientras tanto, una nueva toma de decisiones ante el muy preocupante nivel de contagios llegó de parte de Suárez. El Gobernador trabaja con los números sobre su escritorio y en base a los datos que le llegan suele tomar las medidas que decreta. El amesetamiento en unos mil casos diarios no es para sonreír. El sistema de salud sigue al límite.

Ahora no hubo medidas extremas, pero sí ajustes pertinentes para evitar que las aglomeraciones y desbordes ganaran las calles y todo se pudiese convertir en cuestión de días en una crisis de proporciones. Por lo tanto, se dispuso la extensión a todos los días de la semana del requisito de la terminación del DNI para las compras en lugares habitualmente muy concurridos y para las reservas en bares y restaurantes. Además, se aplicó la suspensión de las reuniones familiares y sociales en espacios públicos.

El resto de las actividades sigue dentro de la mayor normalidad posible y siempre en base al respeto de los protocolos oportunamente establecidos. En ese aspecto Suárez y su equipo continúan apostando a la responsabilidad de la gente, y de empleadores, para no tener que llegar al extremo de la aplicación de limitaciones en las actividades y así agravar la ya delicada situación social, además de potenciar sin necesidad el instalado malhumor de muchos.

Y nuevamente desde el sector privado salieron a pedirle al gobierno local que evite los cierres que produjo la eterna cuarentena del año pasado, sin dejar de reconocer que Mendoza tuvo una paulatina apertura mucho antes de que las decisiones del Ejecutivo nacional fuesen en ese sentido. Esta vez se expresó la nueva Mesa de la Producción y el Empleo, una suerte de mesa de enlace que nuclea a la mayoría de las cámaras empresariales de la provincia.

Tras expresar apoyo a las decisiones gubernamentales que buscan hacer compatible la actividad privada con las medidas sanitarias obligadas por la pandemia, resaltan los empresarios la “extrema gravedad de la situación económica por la que atraviesan miles de empresas que todavía no se reponen de las políticas de cierre o cuarentenas que se tomaron el año anterior”, según el comunicado que dieron a conocer en la semana.

Lo que trascendió, más allá del contenido del documento emitido por los privados, es la enorme preocupación existente sobre lo que deparará el llamado residual de la pandemia. Hacen alusión los empresarios a que el actual nivel de pobreza del país, y de la provincia, puede demandar, en condiciones económicamente favorables, aproximadamente una década para que se pueda hablar de una recuperación sostenible, palpable.

Las tarifas “electorales”

Otro debate político que se instala en Mendoza es el de las tarifas de gas más bajas en las llamadas zonas frías del país. En nuestra provincia desde hace varios años algunos sectores de la producción y dirigentes políticos aportaron planteos para que rigieran dichos beneficios, por lo menos, en algunas zonas. Es el caso del diputado Jorge Difonso, que desde sus tiempos de intendente de San Carlos (tres mandatos seguidos a partir de 2007) promovió con abundantes argumentos y documentación la reducción tarifaria de gas en nuestro medio. Hasta se nutrió en aquel momento de información climatológica aportada por un conocido meteorólogo. No tuvo éxito.

Pero ahora apareció un proyecto de ley del jefe de los diputados nacionales del oficialismo, Máximo Kirchner, que tendría el suficiente respaldo de votos en el Congreso para avanzar y que suma al Conurbano bonaerense a las regiones de bajas temperaturas comprobadas en una buena parte de la Argentina. Es decir, otra apuesta al mayor reducto que le asegura al kirchnerismo un caudal respetable de votos. El Gran Buenos Aires, seguramente, quedará otra vez inserto en el festival de los subsidios que tanto rédito en votos siempre le dejó al kirchnerismo.

Y en este escenario de las ventajas tarifarias aparece otra vez en escena el diputado mendocino José Luis Ramón, que como líder de un interbloque que ha venido siendo muy funcional al oficialismo, apoya en todo sentido esto que ahora aparece como propuesta de Máximo Kirchner. No podía faltar Ramón en este tema; la defensa de usuarios y consumidores de servicios públicos fue su plataforma de lanzamiento político desde la ONG Protectora.

Su asesoramiento lo lleva a plantear la necesidad de creación, a nivel nacional, de organismos específicos para el abordaje de dicha temática tarifaria, como también alguna innovación, en el marco de la reforma judicial que ahora busca apurar el oficialismo en Diputados, que tenga que ver con la defensoría de los usuarios de servicios públicos.

Está claro, por otra parte, que Ramón, que transita el tramo final de su mandato como diputado nacional, si prosperan las ideas que aporta hace méritos para que algún cargo público lo mantenga en adelante en la escena política.