El Gobierno anunció bono de $ 70.000 para jubilados en junio y se acentúa la licuación de los haberes

El Gobierno nacional anunció que los jubilados y pensionados recibirán por cuarto mes consecutivo un bono de $ 70.000, que al no haber sido ajustado durante ese período perdió un tercio de su poder adquisitivo.

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De esta forma, el haber mínimo en junio pasará a ser de $ 277.000. A este valor se llega de la siguiente manera: en mayo la mínima quedó en $ 190.141 a la que se le debe sumar el aumento por Indice de Precios al Consumidor (IPC) de abril que fue de 8,8%. De esta manera pasa a ser de $ 207.000 que sumados a los $ 70.000 del bono se conforman los $ 277.000.

Un tratamiento similar tendrá la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que llegaría a $ 235.000. Diferente es el caso del haber máximo de junio estará en torno a $ 1.390.000, por la suba de 8,8% por inflación.

Cabe recordar que quienes tienen un haber entre $ 207.000 y $ 277.000 sólo cobran la diferencia hasta llegar a este último valor. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión gubernamental este viernes durante su habitual conferencia de prensa.

“Nunca más pierdan contra el nivel inflacionario y su poder adquisitivo no se verá resentido”, señaló curiosamente Adorni sin contemplar que el bono nunca fue actualizado.

La continuidad de este plus es un reconocimiento tácito de lo insuficientes que son las prestaciones mínimas y al no actualizarlas se profundiza la licuación del gasto del Estado en jubilaciones y pensiones.

En enero y febrero este bono fue de $ 55.000 y aumentó a $ 70.000 en marzo, para mantenerse por los próximos cuatro períodos cediendo contra la inflación de 11% ese mes, de 8,8% en abril y de un eventual 5% en mayo, más lo que se sume en junio.

En consecuencia el plus perdió un tercio de su poder de compra contra la suba de precios.

El presidente Javier Milei y su equipo económico, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacan el superávit fiscal obtenido en el primer cuatrimestre del año que es del orden de 0,2% del PBI. En su componente, este resultado es producto de una baja de un 30% en el gasto total en jubilaciones y pensiones.

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Pero esta política en materia previsional del Gobierno nacional se encuentra jaqueada por un par de iniciativas que corren en el Parlamento y buscan un cambio en la actualización de los haberes jubilatorios.

Tras varias semanas de debate en comisiones diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y Hacemos Coalición Federal (HCF) pidieron una sesión especial en el recinto para el 4 de junio para tratar los dictámenes firmados y que en todos los casos incurren en un aumento de gasto. La sesión aún no fue convocada por el presidente de la Cámara, Martín Menem.

El dictamen de mayoría con 33 firmas es impulsado por Unión por la Patria, mientras que la UCR, CC y HCF suscribieron uno por la minoría con 19 firmas. El dictamen de La Libertad Avanza –que mantiene las condiciones actuales- obtuvo 12 firmas, mientras que la propuesta del PRO reunió ocho voluntades. El escenario se completa con una iniciativa de la izquierda con dos firmas.

Los dictámenes mayoritarios aceptan que la actualización sea por IPC y se sume un aumento adicional según la variación salarial (RIPTE). Unión por la Patria pretende que sea en marzo y septiembre, mientras que los bloques que acompañan quieren sólo en marzo. A su vez, los principales dictámenes piden una recomposición adicional de 8,1% para alcanzar la inflación de enero de 20,6% en lugar del 12,5% que otorgó el Gobierno nacional.

Asimismo, se establece que el haber mínimo nunca puede quedar debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide la línea de pobreza para un adulto y actualmente tiene un valor de $ 268.012.

Un punto de desencuentro que puede trabar un acuerdo es el pago de sentencias pendientes. Diputados cordobeses pretenden usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para este fin y regularizar los giros a las cajas previsionales de las provincias, intenciones que encontraron resistencia.

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En caso que haya consenso, Diputados podría darle media sanción a esta nueva ley y asestarle un duro golpe político y económico al gobierno.

Económico por el incremento del gasto que deberá afrontar y político por perder una votación en la que levanta la mano juntos peronistas/kirchneristas, la UCR, la CCR y Hacemos Coalición Federal.