Por Fernando Iglesias - Periodista. Especial para Los Andes
Me llegó la boleta de la electricidad. Ochenta metros cuadrados. Dos personas. Fueron $ 621,08 por 19kVAr consumidos en 43 días. Lo de 19kVAr no lo entiendo bien porque dejé la carrera de ingeniería en 1978, pero sí recuerdo cómo se divide, y la cuenta me da $ 14,44 diarios por el consumo total de energía, ya que mi casa no tiene red de gas. Es la mitad de lo que pago un café chico en cualquier bar de la Ciudad de Buenos Aires. Digo yo: ¿cuánto quieren pagar?
Sintiéndome un marciano, comencé a googlear desesperadamente y así encontré el informe del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERS) de la Universidad de Belgrano. Lo firman los licenciados Alejandro Einstoss Tinto y Alejandro Sicra, y aquí va lo esencial: “Al comparar las nuevas tarifas locales con las verificadas en la región, vemos que la Argentina y Venezuela aún mantienen las tarifas más bajas para el servicio de gas natural por red. De hecho, un usuario residencial en la CABA abona, en promedio, una tarifa 3,5 veces menor que en Chile, 5,5 veces menor que en Uruguay y cerca de 6 veces menor que en Brasil. Para usuarios comerciales, la tarifa promedio regional es cerca de 2,5 veces mayor a la que se verifica en la Argentina. Asimismo, una industria argentina paga una tarifa 20 veces menor que una industria radicada en Brasil (San Pablo), nuestro principal socio comercial. Se observa que, en el nivel medio de consumo anual analizado, un usuario de gas licuado de petróleo (garrafa) abona (respectivamente, si recibe o no subsidio) entre un 60% y un 114% más que un usuario de gas natural que paga la tarifa normal”. Subrayo: “nuevas tarifas”; es decir: después del tarifazo del gobierno de los CEOs, mortal y antipopular.
Después abrí los diarios y leí esto: “La Política de Subsidios de Néstor y Cristina Kirchner se destinó a los cuarenta millones de argentinos”. No era una declaración de La Cámpora. Es el increíble título del texto firmado por el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, ingeniero Julio De Vido. Se trata del ministro que organizó el default energético basado en tarifas ridículas y el mismo -¡vaya casualidad!- que organizó la importación de combustibles para compensarla, principalmente desde la Venezuela bolivariana. Con tanta mala suerte que se le perdió un barco.
Pobre De Vido... ¿Quién va a cuidar a sus canarios cuando pague lo que debe? Las razones de tamaño despropósito lo exceden, pero son útiles para comprender los efectos económicos secundarios de la corrupción. Quiero decir que la corrupción mata no sólo por su efecto primario: lo que se llevan falta en el material rodante del Ferrocarril Sarmiento, y en rutas y hospitales. La corrupción mata también por su efecto secundario: genera pésimas políticas públicas, que producen una distribución del ingreso regresiva y nos dejaron sin inversiones ni energía porque fueron decididas en función del impacto electoral del gas y la electricidad regalados y de la posibilidad de obtener retornos elevados haciendo negocios con Chávez y Maduro.
¿Que los subsidios generan igualdad? Entre 2005 y 2015, los fondos asignados a subsidiar el consumo de energía eléctrica en la Argentina se multiplicaron por 118. De los $ 1.185 millones de 2005 llegaron a casi $ 140.000 millones en 2015. Y del total acumulado de U$S 130.500 millones en subsidios con fines económicos durante el período 2005/15 de la Década Ganada, el Estado destinó al sector energético U$S 85.000 millones. Estamos hablando de la mitad del déficit fiscal de 2015 y de tres pesos por cada peso gastado en asistencia social (Asignación Universal por Hijo, etc.), que el Estado nac&pop destinaba, principalmente, a financiar indistintamente el consumo energético de la Capital y el Gran Buenos Aires, distritos en los que habitan los ricos más ricos del país.
Acaso por eso, entre 2003 y 2015 se consumieron U$S 75.400 millones en subsidios energéticos pero sólo el 5% de los dedicados a abaratar el gas y el 8% en la electricidad fueron a parar al decil de población más pobre. Varias veces más, el 20% y el 12%, respectivamente, fueron al decil más rico, para calefaccionar e iluminar casas lujosas, y quinchos y natatorios, en nombre de la revolución social.
Cuando se analizan las transferencias que generaba el sistema tarifario nacional y popular quedan claras las prioridades del kirchnerismo: lo que no se pagaba de tarifas lo ponía el Estado, que emitía pesos para pagar subsidios; y la cuenta la pagábamos todos, con inflación.
Por este método, los desocupados, los pobres y los usuarios de garrafa de todo el país subsidiaban a los consumidores de más alto poder adquisitivo. La diferencia de tarifas garantizaba, además, que los del Interior subsidiaran a la Capital y Gran Buenos Aires por vía tarifaria directa. Otra hazaña de la redistribución de la riqueza se cumplía cada vez que se interrumpía la producción industrial y los trabajadores eran suspendidos y enviados a sus casas para no perjudicar el consumo domiciliario de aparatos de aire acondicionado split. También caían las reservas de petróleo y gas; lo que implica que los hijos subsidiaban a los padres, quienes se comían el capital energético de las futuras generaciones. ¡Un festival de la solidaridad!
Resumiendo, durante la Década SaKeada los pobres subsidiaron a los ricos, los usuarios de garrafa a los de red, el Interior a la Capital, los sectores productivos al consumo domiciliario y los hijos a los padres. Cuesta creer que alguien intente hacer pasar como transferencia de recursos a favor de los ricos un intento de modificación de semejante calamidad. Sobre todo porque se trata de aumentos tarifarios según los cuales el Estado debe seguir sosteniendo entre 1/3 y 2/3 del costo total de la tarifa, que además ha sido moderada para quienes ganan menos de $ 12.000 por la tarifa social.
Indiferente a los hechos, la existencia de un tarifazo salvaje se ha transformado en opinión dominante para buena parte de la población argentina. A nadie le parece raro que el ministro responsable del área energética deba dar explicaciones en una comisión presidida por el responsable del desmadre, el compañero Julio De Vido; o que los muchachos del equipo que en 2002 hizo el ajuste más feroz de la historia nacional (Pignanelli, Lavagna, De Mendiguren, etc.), quienes conservan el récord histórico de pobreza y desocupación de 2002, pidan ahora “gradualismo” y derramen sensibilidad social ante cuanta cámara tienen a mano. El republicanismo colaborativo les duró hasta que el Gobierno tropezó con su primera piedra. Entonces salieron corriendo a hablar de “kichnerismo de chetos” (Massa) y de “cacerías judiciales contra Cristina” (Solá). Habría sido mejor que le pidieran a Cristina que subiese gradualmente las tarifas cuando no se había llegado tan lejos en la crisis y ellos eran jefes de Gabinete y ministros de Economía de su graciosa majestad.
Toda la polémica sobre el tema tarifario está viciada, además, por el hecho de que se analiza la cuestión desde el punto de vista tarifario, y nada más. Como si mantener las tarifas en sus niveles actuales o aumentarlas más gradualmente no tuviera otros costos. Y los tiene, desde luego; aunque los argentinos vivimos acostumbrados a esa variante del pensamiento mágico según el cual existen almuerzos gratis.
No los hay. La anulación, postergación o gradualización de los aumentos tarifarios debe pagarse con recursos provenientes de otra parte.
Básicamente, con emisión, con endeudamiento o con reducción de otros gastos; como la obra pública o el gasto social. Quienes exhibiendo la sensibilidad de la que carecieron cuando eran gobierno proponen hoy anular, reducir o gradualizar el aumento tarifario tienen que decidir si lo financian con inflación, toma de deuda y/o reducción de la obra pública o el gasto social. ¿Están seguros de que el país sería socialmente más justo si se aplicaran estas recetas, o sólo están apostando a su porvenir electoral?
Finalmente, resulta enojoso que vengan a dar consejos sobre cómo solucionar la crisis los que la causaron por desidia, ignorancia, interés personal o complicidad. Me refiero al kirchnerismo, por supuesto, que ha dejado la economía argentina reducida a una frazada corta de los dos lados en la que es imposible tapar al menos uno de los dos extremos.
Si se mantienen las tarifas como estaban el resultado es socialmente regresivo y vamos directo a un país sin energía ni crecimiento ni trabajo. Si se las aumenta, se corre el riesgo de incrementar el costo social. Si no se baja la emisión, sigue la inflación; pero si se disminuye la emisión, hay riesgo de prolongar la recesión. Si no se bajan las retenciones, el campo sigue parado; si se las baja, se trata de una malvada transferencia a los sectores del privilegio. Si se subsidia el precio del petróleo es por los turbios acuerdos de Aranguren con las petroleras; si no se lo subsidia y el sindicato de petroleros le prende fuego a la Patagonia, es porque no saben gobernar. Kicillof lo hizo. Cristina lo hizo. Y en ajedrez lo denominan zugzwang.
