En casi todas las encuestas de demandas ciudadanas de la provincia de Mendoza se enumera a la seguridad en primer lugar, en ocasiones a distancia de otros requerimientos también de vital importancia.
Eso es así incluso en momentos, como el actual, en que arrecian las quejas por el mal estado de las calles, las fallas del alumbrado y los semáforos apagados.
En muchos barrios de los departamentos, el miedo a los robos y los arrebatos se volvió el gran modulador de la vida vecinal y del uso del espacio público.
Los parques y las plazas se usan con reticencia o mucha precaución si no ostentan una expresa seguridad y grandes áreas del Centro están desiertas de noche porque dan miedo, y hasta la circulación por las veredas en feriados o fines de semana se hace problemática.
Pero si esto ocurre en los radios más urbanos y poblados, la situación se complica en las vastas extensiones de zonas rurales y semi rurales del territorio.
Esta realidad se dio con bastante frecuencia en la última década, pero se agravó a partir de 2012 cuando, al profundizarse los controles en los centros poblados, los delincuentes desplazaron su accionar hacia el campo, menos protegido y con facilidades para huir antes de que la policía pudiera echarles el guante.
El delito rural se mantiene en los cordones productivos, con episodios violentos que han puesto en serio riesgo a las víctimas, contándose, desafortunadamente, casos de personas muertas y heridas por los malhechores.
Los atracos y robos se han repetido en diferentes localidades y distritos, como Los Corralitos, Kilómetro 8, La Primavera, El Bermejo, Los Álamos, Rodeo del Medio; en departamentos del este provincial: San Martín, Junín y Santa Rosa; y en el sur de Luján de Cuyo, especialmente en la jurisdicción de El Carrizal.
El aumento del abigeato (robo de caballos y vacas) según oficinas fiscales ha sido leve, pero se ha incrementado la sustracción a avícolas, de maquinaria agrícola, herramientas, bombas de agua y, sobre todo, agroquímicos (fertilizantes), elementos que tienen un mercado negro en el que siempre hay quien compre.
Podemos decir que si bien la inseguridad en los ambientes rurales no está totalmente desmadrada, es muy preocupante y debe ser atendida con mucha dedicación y esfuerzo por las fuerzas policiales. Para colmo de males un porcentaje de estos delitos no integra las estadísticas, porque muchos afectados no radican el hecho en comisarías o fiscalías por diferentes motivos, que van desde el desconocimiento a cómo reaccionar, a las distancias y las tramitaciones que deben realizar o también al desánimo que provoca a veces que las investigaciones no tengan resultados positivos.
Algo se ha hecho desde el Gobierno provincial para neutralizar el delito en general, incorporando más equipamiento, especialmente móviles policiales, cámaras de vigilancia y modernos sistemas de identificación de personas, pero indudablemente en el campo hace falta más presencia de personal y destacamentos que puedan neutralizar, aunque sea en parte, el desplazamiento de las bandas rurales.
También sirve, pero no alcanza, una serie de medidas que implementó el Ministerio de Seguridad, que procuran prevenir y brindar protección a residentes en zonas agrícolas que puedan ser víctimas de ilícitos. Una de las recomendaciones es armar redes de comunicación y contacto, por ejemplo a través de WhatsApp, entre jefes policiales y vecinos, de manera que estén vinculados ante cualquier situación imprevista y de riesgo.
Entonces, en el campo, la situación de los medianos contratistas, chacareros y obreros de la tierra no es de las más halagüeñas, por lo que cualquier esfuerzo oficial para proteger esas poblaciones es un deber urgente e imperioso.
No debe permitirse que malvivientes inescrupulosos cerquen la vida de quienes trabajan en estrecha relación con la producción de alimentos para los habitantes.
