A mediados del año 2000 desaparecieron José Zambrano y Pablo Rodríguez. Zambrano, un joven con algunos antecedentes menores, era "informante" de la Policía (Rodríguez era amigo de él pero no se dedicaba a delatar). El día que se esfumaron iban a reunirse, justamente, con efectivos a los que Zambrano les iba a entregar un dato.
Las desapariciones provocaron un escándalo institucional en el gobierno de Roberto Iglesias, a punto tal que el ministro de Seguridad de la época, Leopoldo Orquín, ofreció una recompensa de 40 mil pesos para quien aportara datos de los dos desaparecidos. A los pocos días, un puestero llamado José Luis Robertson dijo saber dónde estaban los cuerpos, y efectivamente estaban allí, en un descampado del pedemonte de Godoy Cruz. Robertson cobró el dinero pero después salió a la luz que algo tenía que ver con las muertes.
El caso llegó a juicio oral en 2003 con un ex policía, Felipe Gil, y un pequeño ladrón, Mario Díaz, en calidad de acusados: ambos resultaron absueltos del doble homicidio. Durante el debate se pidió una compulsa contra el juez que instruyó el caso, Rafael Escot, algo que finalmente no prosperó.
¿Cómo terminó todo? Los dos crímenes sin resolver, los dos acusados absueltos, el dinero de la recompensa perdido en un túnel oscuro e infinito y el juez acusado ascendido más tarde a camarista.
