Finalmente, contradiciendo sin rubor los discursos altisonantes pronunciados cuando se apropió por la fuerza de YPF, oficinas e instalaciones, esos mismos funcionarios acordaron con Repsol el pago por 51% de las acciones.
El acuerdo es tan oscuro como fue el procedimiento de expropiación, sancionado por ley (con el voto de buena parte de la oposición) después del despojo de facto.
El acuerdo firmado, que requiere la aprobación por parte del Congreso en nuestro país y por la Asamblea de Accionistas de Repsol, establece un pago de U$S 5.000 millones. No se conoce, al menos no se ha hecho público, de qué manera se ha determinado esta cifra ni que haya intervenido el Tribunal Nacional de Tasación, tal como lo establece la ley.
Veamos la forma de pago que tiene varias aristas importantes. El pago referido se hará con la entrega de ese valor nominal en bonos públicos emitidos en dólares; como muy posiblemente esos bonos en el mercado van a tener una tasa de descuento, se entregarán otros U$S 1.000 millones de similares características en garantía. En términos más entendibles, la Argentina pagará más de los U$S 5.000 millones acordados.
Dada la baja calificación de nuestro país en el mercado internacional (de hecho aún no hemos salido del default) se deberá pagar tasas de interés cercanas al 9% anual en dólares. Como los plazos de emisión llegan hasta los 20 años, los especialistas estiman que se terminará pagando algo más de U$S 10.000 millones.
Los españoles de Repsol ya han anunciado que venderán los bonos lo más pronto que puedan porque necesitan efectivo. Los acreedores finales serán, como siempre, bancos, fondos de inversión.
Además del desendeudamiento, el Gobierno pagará el capricho de la expropiación emitiendo deuda, es decir tendrán que hacerse cargo los próximos gobiernos; en realidad pagarán, como siempre, los contribuyentes.
A decir verdad, hace ya varios meses que hemos comenzado a pagar con el constante incremento del precio de los combustibles que, como ha reconocido un director de YPF, seguirán aumentando porque la empresa necesita fondos para funcionar. El precio de los surtidores no está en la lista de “precios cuidados”; la realidad es que cuando cargamos combustibles simplemente estamos aportando impuestos que son alrededor de 60% del precio.
La historia del asunto Repsol-YPF no es más que un aspecto de la política energética del populismo kirchnerista, devenida en una verdadera catástrofe nacional. En la “década ganada” se pasó de un amplio superávit en el balance del comercio exterior de energía, a una importación de 12.400 millones de dólares y un déficit de más de la mitad de esa cifra.
La política energética ha sido manejada desde que asumió Néstor Kirchner por su hombre de confianza, Julio de Vido y su equipo. En cualquier país en serio un fracaso de ese tipo hubiera provocado hace rato la renuncia de los responsables.
Por el contrario no sólo siguen en sus cargos sino que son ellos los que, en forma directa y bastante “opaca”, efectúan las compras de gas. Por cierto, tampoco nadie pide explicaciones al ministro de Economía que impulsó la confiscación de YPF y trató de tarados a quienes creyeran que les iban a pagar a los españoles lo que ellos pidieran. Parece que al final eso es lo que ocurrirá.
YPF ha sido, desde su creación y hasta el inicio de los ’90, un verdadero símbolo de la ineficiencia e incapacidad del Estado empresario para alcanzar el autoabastecimiento petrolero. Éste sólo se alcanzó durante el gobierno de Arturo Frondizi, con la firma de los contratos con empresas extranjeras.
YPF estatal fue siempre el botín político de los gobiernos de turno, acumulando una burocracia extraordinariamente bien pagada y llena de privilegios. Como en la mayoría de las empresas estatales los “verdaderos dueños” fueron los sindicatos y los proveedores, la “patria contratista”, donde el olor a corrupción se percibía de lejos.
Esta situación muy posiblemente ya se está reeditando desde hace tiempo con la adjudicación de áreas petroleras a empresarios amigos, para luego revenderlas con buenas ganancias sin invertir un peso o ahora asociándose a YPF, como es el caso un conocido ex ministro comprovinciano. La vuelta al pasado es una realidad.
