La empresa YPF le pagó al Estado mendocino una multa de algo más de $ 52 millones de pesos por errores durante los dos últimos años en la declaración del volumen de crudo extraído en una de las áreas concesionadas en Malargüe. Esa diferencia derivó en una mala liquidación de regalías a la Provincia.
La información a la que accedió Los Andes fue ratificada desde el Gobierno, que además confirmó que no se trata del único caso y que existen en la actualidad una serie de otros reclamos similares que el Estado provincial tiene iniciados a empresas explotadoras de hidrocarburos.
“El problema acá es que durante años hubo una absoluta desidia del gobierno provincial al realizar las fiscalizaciones en las perforaciones petroleras concesionadas y así las empresas han tenido la oportunidad de presentar las declaraciones juradas de su producción y eventualmente el pago de regalías, sin el control necesario por parte del Estado”, explicó una fuente de Casa de Gobierno.
Parte de las irregularidades detectadas tendría su génesis durante el gobierno de Celso Jaque (2007-2011), cuando se prorrogaron las concesiones de las áreas petrolíferas y entre las exigencias a las empresas beneficiadas estuvo la de instalar y calibrar determinados equipos que evalúan y miden la calidad del hidrocarburo obtenido.
El problema que detectó la actual gestión del Ministerio de Hacienda es que durante los gobiernos anteriores, la Provincia rara vez inspeccionó la calibración final de esos equipos de lectura: "Durante años la fiscalización de los pozos por parte del Estado fue inexistente y desde las oficinas de Regalías, de ATM o de la Dirección de Hidrocarburos prácticamente no se revisó ni se auditó la calibración de esos equipos", explicó una fuente.
En junio de 2018, y luego de advertidas diversas irregularidades, la Dirección General de Regalías inició un proceso de fiscalización sobre el medidor de condensados que produce la planta del yacimiento petrolero El Portón, a unos 230 kilómetros de la ciudad de Malargüe y en el límite con Neuquén.
A través del Departamento de Explotación de la Dirección de Regalías se detectaron inconsistencias entre los grados API (medida de densidad que determina cuán pesado o liviano es el petróleo) declarados por la empresa sobre la calidad de gasolina y petróleo obtenidos y los fiscalizados por los inspectores estatales.
El área de El Portón corresponde a una zona limítrofe con Neuquén y lo que en principio llamó la atención del Gobierno fue que el hidrocarburo obtenido en la provincia vecina mostraba una calidad superior a la declarada por YPF en Mendoza: "Resultaba extraño que el mismo recurso tuviese calidades distintas según la provincia donde se medía".
Hubo notificaciones a YPF para que ajustase las diferencias detectadas, pero la empresa las rechazó argumentando razones técnicas y legales. Sin embargo, el planteo fue finalmente negado desde la Dirección de Regalías.
Finalmente, YPF acordó rectificar las declaraciones juradas presentadas a partir de junio de 2016, lo que dio lugar al ingreso a la Provincia de 52.842.000 pesos en concepto de capital e intereses por regalías mal liquidadas.
El Gobierno ha tomado lo ocurrido en El Portón como un caso testigo ya que existen otras intimaciones que el Estado provincial lleva adelante por inconsistencias detectadas en otros pozos, aunque hasta el momento solo en El Portón se logró conciliar e YPF aceptó pagar la diferencia.
Los Andes consultó a la petrolera sobre esta situación, pero no hubo respuesta.
Con $ 50 millones se construye una escuela como la Pasteur en Malargüe o se amplía un hospital como el Perrupato en San Martín; cuánto recurso para obras dejó de recaudar la Provincia en los últimos años por la falta de controles a la extracción de petróleo es una pregunta para la que el Gobierno no tiene una respuesta clara.
"Hay situaciones similares a la de El Portón en estudio porque la realidad es que la fiscalización de los pozos durante las gestiones anteriores fue inexistente", subrayaron en el Gobierno, que sospecha que al menos parte del problema pudo haberse originado ya en la época de Jaque.
De todos modos, es un escenario a esta altura indemostrable, ya que por un lado existen leyes que fijan prescripciones por el paso del tiempo pero además tampoco hay registro de fiscalización de los gobiernos anteriores y mucho menos trámites para interrumpir las prescripciones. Lo que sí está claro para el Gobierno es que durante mucho tiempo los controles del Estado a muchos de los pozos petroleros fueron prácticamente nulos, situación que perjudicó las arcas de la Provincia.
Inspecciones mensuales a las áreas en concesión
El Gobierno sostiene que una vez que ordenó las cuentas heredadas de la Administración anterior pudo detectar la falta de controles a las perforaciones de petróleo.
Hoy esas auditorias se hacen mensualmente. "La desidia de los gobiernos anteriores no tiene explicación porque las inspecciones se podrían haber realizado en cualquier momento, ya que no hace falta inversiones ni recursos millonarios, solo la inspección al pozo y a los medidores", explicó una fuente de Gobierno.
En todos los casos, las empresas petrolíferas hacen una declaración jurada de lo que extraen y a través de una fórmula se establece la regalía que se le deposita al Gobierno. Sobre esa actividad es la que se hace necesario el control del Estado para verificar los datos declarados.
Aunque no en lo inmediato, la idea de la Provincia para un futuro es que este tipo de auditoría pueda realizarse de forma satelital y no a través de las declaraciones juradas de las empresas.
