La relación de Mendoza con YPF comenzó a normalizarse luego de varios meses de tensión. El miércoles, el gobierno de Francisco Pérez llegó a un acuerdo con uno de los directores ejecutivos de la petrolera estatizada, Jesús Grande (mano derecha del CEO Miguel Galuccio), por las deudas que la empresa mantiene con la Provincia.
En base a este convenio, que Galuccio y Pérez firmarán el 8 de setiembre en Mendoza (en un acto en el que se buscará relanzar la relación), la Provincia recibirá 150 millones de pesos, una cifra que sorprende debido a que fue el propio Gobierno provincial quien en junio, cuando la tensión con YPF comenzó a escalar, el que sostuvo que la deuda ascendía a más de 300 millones de pesos.
“Es mejor tener 150 millones en la caja, teniendo en cuenta los problemas financieros que atraviesa la Provincia, que seguir peleando en la Justicia por cinco años”, confió un asesor del Gobernador.
La deuda de YPF con Mendoza se fue adquiriendo porque la compañía rechazaba los sucesivos aumentos -sancionados por la Legislatura en los últimos tres años en las respectivas Leyes Impositivas- de la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos. Esas normas dispusieron elevar dicho gravamen de 2% al 4% en 2012; al 6% en 2013 y al 5% en 2014, aunque esta última alícuota fue reducida al 3,5% a condición de que la empresa realizara mayores inversiones.
YPF se oponía a pagar estas imposiciones sancionadas por ley ya que se atenía a un pacto firmado por todas las provincias en 1993 para promover la producción y el empleo, el cual dispuso que el tope para Ingresos Brutos del 2%.
Por ello, la petrolera presentó una medida precautoria ante la Justicia mendocina, debido a que entendía que la Administración Tributaria Mendoza (ATM, ex Rentas) no tenía entidad para exigir el cobro de estos impuestos incrementados.
Pero como la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó hace dos semanas esta medida presentada por la compañía petrolera señalando que las alzas en las alícuotas de Ingresos Brutos tenían como respaldo las normas sancionadas por la Legislatura, YPF se avino a negociar con la administración de Pérez.
El número que se cerró en dicho acuerdo fue unos 150 millones de pesos, dado que el reclamo de ATM era por 135 millones, que fueron actualizados a este mes.
Sin embargo, en junio, cuando la tensión entre Pérez y Galuccio empezó a escalar tanto por el desplante de YPF a la licitación de nuevas áreas como por el borrador de la nueva ley de Hidrocarburos promovida por el CEO y la Casa Rosada, el Ejecutivo señaló que la deuda por Ingresos Brutos (la diferencia entre el 2% admitido por YPF como tope y las alícuotas fijadas por la Legislatura) ascendía a 310 millones de pesos. De ellos, 110 millones eran en concepto de capital y los otros 180 millones por multas e intereses acumulados, dejaron saber desde Hacienda.
Sin embargo -como ya se dijo- el acuerdo alcanzado con YPF es por 150 millones de pesos, no los 310 millones antes mencionados. ¿Por qué tanta diferencia? Nadie en el Gobierno provincial quiso dar detalles. Pero el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) se animó a conjeturar que Mendoza sólo le estaría cobrando a YPF el capital adeudado, no así los punitorios y los intereses.
“Hay un artículo del Código Fiscal Provincial que autoriza al Gobernador a hacer quitas y esperas, pero para ello se le exige al Ejecutivo que saque un decreto con el consentimiento previo de la Fiscalía de Estado y de Rentas”, explicó. Según el ex ministro de Hacienda radical, “esto es lo que debe haber sucedido. La Provincia necesita urgente financiamiento y le vienen bien los 150 millones de pesos”.
Los funcionarios provinciales consultados por este diario se excusaron de dar información específica sobre acuerdo cerrado recientemente con YPF para no “irritar” a la Casa Rosada (y a Galuccio) justo en el momento en que se reabrieron las negociaciones de los gobernadores petroleros y el Ejecutivo nacional por la nueva y polémica ley de Hidrocarburos.
