Nuestras páginas vienen registrando, desde hace varios meses, la notable caída del precio internacional del petróleo que, de estar cerca o encima de U$S 100 el barril, se ubica ahora por debajo de U$S 70. Las consecuencias para los países productores e importadores, y para nosotros, han sido analizadas en nuestras páginas. Conviene pues, desde esta columna, poner el acento en algunas de esas consecuencias, entre ellas las que se ha hecho desde YPF de que los combustibles derivados del petróleo no van a bajar de precios en el país.
La política petrolera y energética del largo período kirchnerista, siempre bajo el control del ministro Julio de Vido, es considerada desde hace tiempo como un modelo de disparate, de irracionalidad e irresponsabilidad, cuyos efectos recaen sobre el bolsillo de todos los habitantes. En algún momento hemos calificado las consecuencias de esas políticas como “energicidio”.
La síntesis es dramáticamente sencilla. Los Kirchner recibieron un país con autoabastecimiento energético, exportador de petróleo y gas, con un balance de comercio exterior en estos rubros ampliamente favorable. Con el propósito de favorecer el consumo interno, de igual modo que lo ocurrido con el trigo y la carne, se mantuvieron los precios tanto a los productores como a los consumidores prácticamente congelados, totalmente desvinculados de la realidad en el mercado internacional. Unos datos son suficientes: cuando el crudo rondaba U$S 80 el barril, aquí se pagaba a las empresas U$S 42; sobre ese precio se liquidaban las regalías a las provincias. Con el gas, un fenómeno similar. Las consecuencias no tardaron en llegar. Se redujo la exploración, las reservas disminuyeron, lo mismo que con la producción de gas y petróleo. Fin del autoabastecimiento e inicio creciente de la importación, sobre todo de gas. Como dijo un especialista: “La sociedad no percibía el vaciamiento geológico que ocurría bajo tierra”.
Luego, el Gobierno nacional, siempre mediante enredadas regulaciones, fue aumentando el precio del petróleo hasta ubicarlo en torno de U$S 82, y con el gas natural, algo parecido. El daño ya estaba hecho. En estos rubros las consecuencias de los errores y aciertos se miden en lustros o décadas. Las medidas de ajuste de precios se adoptaron a partir de la aparición del “becerro de oro” de Vaca Muerta y la estatización de YPF, empresa que de a ratos dicen que es privada, pero hoy en día es la que determina la política hidrocarburífera. A los efectos de estimular las inversiones en la exploración y explotación de gas y petróleo no convencionales YPF firmó un convenio con la empresa Chevron, con cláusulas secretas aún no conocidas y se aprobó las reforma de la ley de hidrocarburos.
Con YPF reestatizada comienza un acelerado proceso de aumento de precios internos de los combustibles. Entre mayo de 2012 y diciembre de 2014 promedian 120%. Estos aumentos, según el Gobierno, fueron para alinear los precios locales con los internacionales, lo contrario de lo dicho en años anteriores. En realidad los aumentos están dirigidos a oxigenar las finanzas de la empresa estatal que, aumentando los precios, muestra los buenos resultados de la gestión del “mago” Galluccio. Pero hete aquí que la violenta baja del precio internacional del crudo viene a trastrocar planes y políticas con efectos varios bastante extraños. Uno es que, obviamente, las empresas productoras, con la estatizada a la cabeza, se niegan a que reduzca el precio de U$S 82, hoy muy por encima del internacional. La misma postura han adoptado los gobiernos de las provincias productoras, siempre hambrientas de recursos fiscales. Quieren que el precio se mantenga para la liquidación de las regalías. Para satisfacer esas demandas hay que mantener altos precios de los combustibles en el mercado interno, hoy entre los más altos del mundo. Siempre es posible armar una explicación conspirativa sobre el petróleo, pero parece que lo que ocurre es resultado de una confabulación de ineficiencia de marca mayor.
