El acuerdo, cuyo texto completo aún no se conoce, para explorar y explotar el yacimiento de Vaca Muerta parece tener un alcance limitado ya que inicialmente trata de un área pequeña de 20 km2, sobre un total de 30.000, en la cual se extendería dicho yacimiento.
No obstante, varios aspectos hay en ese cambio de criterio aplicado por el gobierno, que se pueden resumir en la pretensión –quizás nada más que pretensión– de hacer casi lo contrario de lo que se ha venido haciendo, especialmente desde la expropiación (aún sin pago) de YPF a Repsol.
La catástrofe energética causada por el gobierno nacional nos llevó de exportadores netos a importadores por mil millones de dólares mensuales, con un déficit que alcanza a la mitad de esa cifra. Es la desesperación por la carencia de inversión privada y por la imposibilidad de conseguir capitales en el exterior por parte de YPF, lo que impulsó este acuerdo, que según algunos se parece más a un “contrato de adhesión” a las condiciones exigidas por la petrolera extranjera.
En el caso del petróleo los números asombran. En un trabajo realizado por Idesa referido a la inversión y producción de petróleo desde 1950 hasta ahora, se sostiene que entre 1958 (firma de los contratos en el gobierno de Arturo Frondizi) y 1972 se produjo la primera gran ola inversora en el sector.
Ello permitió pasar de una producción de 5 millones de m3 a 25 millones, logrando el autoabastecimiento. Luego hubo dos décadas de estancamiento hasta que entre 1991 y 1998 se dio la segunda gran ola inversora, aumentando la producción de 29 a 49 millones de m3. En 1999 se inicia un proceso de involución que lleva a que este año la producción caiga a 33 millones de m3. Dice el informe: “El resultado es que se consumió toda la capacidad de producción desarrollada en la segunda ola inversora, que se produjo en la década de los ’90”.
La vuelta en el aire en materia ideológica se centra en tres medidas. La primera, en mayo del año pasado, fue la expropiación del 51% de las acciones de YPF, hasta entonces en manos de Repsol, dentro de un proceso controvertido cuya resolución final está pendiente.
La principal razón invocada fue la acusación de no haber invertido, olvidando que era el propio gobierno el que obligaba a la empresa a distribuir dividendos en exceso, para que los capitalistas amigos que Néstor Kirchner incorporó a la empresa pagaran la argentinización de una parte de YPF. Desde 2003, una maraña de irracionales regulaciones de todo el sector energético fueron la causa de la caída de la inversión.
La segunda medida ocurrió pocas semanas después de la estatización con la sanción del Decreto 1.277/12, que organizaba una planificación ultra-centralizada del sector energético, dirigida por la nueva joven estrella teórica del gobierno, Axel Kicillof. Los resultados de este manejo están a la vista.
El tercer acto o medida del proceso se produjo horas antes del anuncio del acuerdo YPF-Chevron, con la sanción del Decreto 929/13, estableciendo los beneficios que se le negaron a Repsol y se le niegan a las otras empresas instaladas. Un decreto que no sólo es un “traje a medida” de la empresa extranjera, sino que limita aún más las facultades de la provincias, ya que prácticamente las obliga a extender el plazo de la concesiones llevándolo hasta 35 años.
Un ex secretario de Energía, Emilio Apud, considera que el negocio que persigue Chevron con el compromiso de una inversión insignificante es conseguir concesiones de áreas por 35 años en un yacimiento considerado muy valioso.
Para finalizar, un tema que no se puede marginar son las objeciones de diversas instituciones a las técnicas de extracción de petróleo y gas no convencional, por los riesgos ambientales que podrían acarrear. Riesgos que potencian los antecedentes de la empresa ahora asociada con YPF.
