Cambiemos no perdió ni un segundo desde el fin del año parlamentario para volver a la carga con la reforma laboral. Es el único proyecto de todo el paquete legislativo pedido por el presidente Mauricio Macri que no ha sido aprobado y quieren que esto se produzca lo más pronto posible y sin el escándalo que causó la reforma jubilatoria.
El proyecto de reforma laboral ingresó en noviembre por el Senado y fue cajoneada enseguida por el jefe de la mayoría, Miguel Pichetto, por considerar que faltaba un acompañamiento más firme del sector sindical: la conducción de la CGT dio su aval pero el moyanismo la rechaza de cuajo.
En el fondo, el rionegrino, el principal aliado parlamentario del Gobierno en el Congreso, la mandó a guardar para no abrir tantos frentes de conflicto juntos, porque sabía que la reforma jubilatoria, convertida en ley a duras penas, con un alto costo político y violencia en las calles, ya iba a causarles dolores de cabeza.
Ahora, con la espuma ya más baja y en plenas vacaciones, el Gobierno está preparando el terreno para la discusión de esta ley pendiente, y apunta directamente a los sindicalistas.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya avisó que la Casa Rosada pretende que la reforma laboral se discuta en las sesiones extraordinarias que Macri pediría abrir el 15 de febrero.
A esto se suman dos acciones gubernamentales dirigidas al sector sindical, que pasaron inadvertidas y se anticipan como herramientas de presión.
La primera de ellas es la elaboración de un decreto para obligar a los sindicalistas que presiden obras sociales a que presenten sus declaraciones juradas de bienes.
En la actualidad, las declaraciones juradas se abren únicamente ante un pedido específico de la Justicia.
La otra acción del Gobierno es la composición de una comisión que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y que es la encargada de determinar qué actividades son consideradas servicios esenciales, que deben seguir funcionando cuando hay un paro.
La "comisión de garantías" fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que deben garantizar una prestación mínima durante huelgas o medidas de fuerza: los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
De a poco
Aunque en el Gobierno pretenden que el Congreso apruebe la reforma laboral tal cual fue enviada en noviembre, tampoco descartan la idea de desdoblar la ley, con el fin de atenuar su impacto.
Los puntos que causan más reparos en el sector sindical son el concepto de irrenunciabilidad, el fondo de cese y la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones.
"Lo primero que se hará es citar en comisiones a los representantes gremiales. Es muy importante lo que ellos digan sobre la reforma laboral", dijo a Los Andes la senadora Laura Rodríguez Machado.
